2014-07-24 | 09:45:07

En Veracruz pareciera aún nos encontramos
distantes del nuevo sistema
de justicia penal -donde los derechos
humanos son protegidos en demasía-
pero aquí se siguen cometiendo
los mismos actos de ilegalidad que se
contraponen con la reforma a la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos y para ejemplo podemos
citar los principios y derechos del nuevo
procedimiento como son el juicio
previo, debido proceso y presunción
de inocencia.
A lo anterior, le sumamos la falta
de capacitación en el ámbito de procuración
de justicia y seguridad pública
y es que muy a pesar de que el Código
Nacional de Procedimientos Penales
aún no entra en vigor, existe una reforma
a la constitución federal – vigente
y aplicable- que insiste en la obligatoriedad
de las autoridades para hacer
prevalecer los derechos humanos de
las víctimas, ofendidos e imputados.
Pero aquí en la entidad hay severas
fallas aún, vemos pues que los probables
responsables son tratados como
delincuentes, exhibidos y boletinados,
causándoles así un daño moral, que
en ningún momento le es reparado
-en caso de que obtengan la libertad,
tras no lograr comprobarse su responsabilidad
en el hecho imputado- y
ejemplos hay muchos, el más reciente,
el de la periodista Marijose Gamboa a
quien lejos de aplicar la ley sin distingo
alguno como se ha reiterado, se le ha
tratado de manera indignante, como
el presentarla esposada a declarar, escoltada
por policías y uno se pregunta
¿y aquí, dónde queda el respeto a los
derechos humanos y el principio de
presunción de inocencia?
Del brazo la tomaba una policía, a
pesar de las esposas en las muñecas y
en las imágenes difundidas en medios
de comunicación se puede mostrar
la fuerza con la que se le apretaba el
brazo; un operativo digno de cualquier
detención o presentación de un líder
de la delincuencia organizada.
Así podríamos citar un sinnúmero
de hechos que en el día a día ocurren
en Veracruz y que resulta lamentable
cuando escuchamos discursos de un
estado de leyes y respetuoso de lo establecido
en las normas. Si la justicia
fuera igual para todos, habría más
delincuentes en las cárceles y menos
inocentes fuera de las prisiones.
El debido proceso y la presunción
de inocencia, sustentados hoy en día
en los derechos humanos, son garantes
constitucionales que pareciera que las
autoridades siguen pasando por alto;
seguimos observando que los detenidos
son tratados como culpables,
siendo exhibidos y vulnerados y es
que la ley es clara en señalar que nadie
puede ser tratado como culpable hasta
que no exista la sentencia de un juez,
luego entonces Veracruz sigue siendo
opuesto a este nuevo modelo de hacer
justicia, que en año y medio se quiera
o no aceptar deberá estar operando
en todos y cada uno de los distritos
judiciales del estado, y por supuesto,
en todo el país.
Y así la implementación del nuevo
sistema de Justicia Penal, pareciera
tratarse de una carrera contra el tiempo;
fue el 18 de junio de 2008 cuando
se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la reforma a la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos que sienta las bases para el
establecimiento de un nuevo Sistema
Penal Acusatorio y Oral.
Con la promulgación de la reforma,
se estableció un plazo de ocho
años para que, el Congreso aprobara
leyes secundarias a nivel federal y así
mismo, las 32 entidades ajustaran
sus legislaciones, para implementar
esta nueva manera de hacer justicia,
teniendo como fecha límite 2016.
México tiene tan solo año y medio
para lograr que la reforma de justicia
funcione en todo el país, lo que obliga
a gobiernos, congresos y tribunales a
apresurar el paso; a casi cinco años de
su publicación en la gaceta oficial, el
nuevo sistema de justicia penal opera
en menos de la mistad del país.
En marzo de este año fue promulgado
el Código Nacional de Procedimientos
Penales. Dicho Código entrará en
vigor a nivel federal gradualmente en
los términos previstos en la Declaratoria
que al efecto emita el Congreso
de la Unión previa solicitud conjunta
del Poder Judicial de la Federación,
la Secretaría de Gobernación y de la
Procuraduría General de la República,
sin que pueda exceder del 18 de junio
de 2016 y como es de imaginarse, en la
mayoría de los estados se estima que
entre en vigor hasta el 2016.
Con ello se genera uno de los
cambios jurídicos más relevantes en
las últimas décadas, iniciando así
una nueva etapa en la vida jurídica
del país, pero lo cierto es que México
aún no está preparado para ello y a
pesar de los beneficios que este nuevo
sistema podrá traer en la manera de
hacer justicia, hemos reiterado que la
falta de capacitación podría generar
impunidad.
En Veracruz, el nuevo sistema de
justicia penal ha sido implementado
en apenas cuatro distritos judiciales
-de los veintiuno que existen en toda la
entidad- se trata de Xalapa, Córdoba,
Jalacingo y Coatepec, los dos primeros
puestos en marcha el 11 de mayo de
2013 y los dos restantes en noviembre
de 2013.
En la entidad, la capacitación es urgente
y el cambio de cultura también,
es necesario que entiendan que los
vicios cometidos y tolerados durante
años se tienen que quedar en el pasado.
@magzamu