2015-04-17 | 09:43:52

Entrevistado este jueves acerca
del caso de Pedro Montalvo Gómez,
quien desde diciembre de
2014 se desempeña como director
del Instituto de Espacios Educativos,
el titular de la Secretaría
de Educación de Veracruz (SEV),
Flavino Ríos Alvarado, la hizo de
“abogado del diablo” al asegurar
que el exdiputado federal priista
por Zongolica sí reúne el perfil
académico para ser director de
área.
Ríos Alvarado invitó a los
reporteros a acceder a la página
electrónica de la Dirección de
Profesiones de la SEP y verificar
que su subalterno sí cuenta con
cédula profesional.
Es posible que, entonces, Montalvo
haya cursado y terminado
alguna carrera profesional en
los últimos cinco años, ya que al
menos en la página oficial de la
LX Legislatura, de la que formó
parte de 2006 a 2009, aún aparecía
en su currículum que tenía
escolaridad “trunca”, ya que solo
había cursado hasta el cuarto semestre
de Ingeniería Industrial
Mecánica.
Pero si eso fuera cierto, ¿por
qué la Contraloría General del
estado no ha respondido ni sacado
de su error al presidente de la
Asociación de Constructores del
Estado de Veracruz AC (ACEVAC),
Rafael Núñez Landa, quien
recientemente dirigió al contralor
Ricardo García Guzmán un oficio
solicitándole a nombre de sus
agremiados que se destituya al
director de Espacios Educativos
por incumplir con el requisito de
ley que exige acreditar título profesional
para ejercer dicho cargo
público?
Además, el 24 de marzo pasado,
los diez directivos de la Asociación
Institucional Veracruzana
de Ingenieros Civiles, A.C., que
preside el ingeniero Víctor Hugo
Leal Domínguez, publicaron también
un desplegado en el Diario
de Xalapa en el que cuestionaban
que Montalvo Gómez “no se ha
profesionalizado, lo que provoca
tener un trato incorrecto hacia los
profesionales de la construcción”.
En ese mismo manifiesto, los
constructores exigían al gobernador
Javier Duarte y al secretario
de Educación que tomaran
medidas enérgicas ya que “como
Asociación nos inconformamos
con los condicionamientos para
acceder a algún contrato que nos
hace un tal Ernesto Ramírez,
quien opera desde una oficina
contigua al Director de Espacios
Educativos de Veracruz, además
de una salvedad: que el mencionado
no aparece en nómina”.
Pero ayer, Ríos Alvarado aseguró
que ya atendió a una comisión
de ingenieros encabezada por Leal
Domínguez y que no se quejaron
por el supuesto “diezmo” que el
cuñado de Montalvo les exige para
darles obra. “Se quejaron de otras
circunstancias”, dijo el titular de
la SEV, quien declaró que le llamó
a Montalvo para preguntarle
sobre este señalamiento contra su
pariente político, y que el funcionario
le juró que no lo tiene en la
nómina de Espacios Educativos.
Para qué, si según los empresarios
él es que les cobra los
“moches”.
‘Don Agus’, el opaco
Por cierto, ahora que en el Senado
de la República está por darse el
parto de los montes con la aprobación
de la cacareada iniciativa del
Sistema Nacional Anticorrupción
que podría ser aprobada el próximo
martes 21 por el pleno de la
Cámara alta del Congreso de la
Unión, hay en Veracruz algunos
viejos políticos priistas que con
motivo del reciente aniversario
luctuoso del exgobernador Agustín
Acosta Lagunes, realizado el
pasado martes 14 de abril en la
ex Hacienda de El Lencero, han
recordado un lamentable pasaje
ocurrido en la administración del
extinto economista con raíces familiares
en Paso de Ovejas, cuya
desacertada decisión en aquel momento
impidió que actualmente se
le ubicara en la historia del estado
como uno de los mandatarios veracruzanos
más visionarios en
esta materia.
Y es que cuentan que en la LIII
Legislatura local (1980-1983), la
primera de su sexenio, el diputado
José Lima Cobos, del PRI, propuso
reformar la Ley Orgánica del
Municipio Libre para obligar a los
ediles de la entidad a que además
de dar a conocer detalladamente
todo su patrimonio también explicaran
cómo lo habían adquirido.
La llamada “Ley Lima” se aprobó
casi por unanimidad, pues solo
dos legisladores priistas votaron
en contra: Ignacio González Rebolledo
y Adalberto Tejeda Patraca,
quienes por ese entonces
aspiraban a las presidencias municipales
de Xalapa y del puerto
de Veracruz, respectivamente, las
cuales asumieron finalmente en
diciembre de 1982.
Pero ni Tejeda Patraca ni
González Rebolledo tuvieron que
declarar el monto de sus bienes ni
rendir explicaciones sobre cómo
se habían hecho de ellos, pues la
reforma a la Ley Orgánica del Municipio
Libre jamás entró en vigor
porque pese a haber sido aprobada
por el pleno de la LIII Legislatura
local nunca fue publicada en la
Gaceta Oficial del Estado.
Y cuando Lima Cobos, actual
magistrado agrario, quiso volver
a someter su iniciativa a la
consideración de los representantes
del Poder Legislativo, fue
llamado al despacho de Acosta
Lagunes, quien muy a su estilo
logró persuadir al diputado nativo
de Tamiahua para que en
ese momento se desistiera de
reactivar su incómoda propuesta,
pues en el país aún gobernaba el
presidente José López Portillo, su
amigo, cuyo agonizante régimen
quedaba estigmatizado por los
graves escándalos de corrupción.