jueves, 28 de marzo del 2024
 
Por Nicolás López-Lange
Columna: Alerta de Violencia de Género, del mito a la realidad
Alerta de Violencia de Género, del mito a la realidad
2015-05-28 | 08:46:39
La Alerta de Violencia de Género es una herramienta necesaria, cuyo fin es frenar la violencia feminicida que se registra en el territorio nacional, no sólo por los casos que se han reconocido por la autoridad, sino por aquellos en los que se ha reportado abuso sexual, discriminación, desaparición de niñas y adultas e, incluso, trata de personas. Este instrumento, cuya inclusión en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) fue exigida por la antropóloga y feminista Marcela Lagarde y de Los Ríos, permite que las organizaciones de la sociedad civil y los organismos de defensa de los derechos humanos puedan demandar acciones encaminadas a detener las agresiones hacia las mujeres. En consecuencia, la intención de este mecanismo es frenar la violencia feminicida, considerada la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y que pueden culminar en homicidio violento. En sentido estricto, la Alerta de Violencia de Género exige de la autoridad la aplicación inmediata de acciones que frenen la violencia a este sector, articulando políticas integrales en una entidad o región en particular donde esté comprobada la violación a los derechos humanos de las mujeres. La LGAMVLV, en su artículo 24, señala que la declaratoria debe ser emitida “cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame”. También establece que debe existir “un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres”; es decir, que no reciban atención de las autoridades cuando acudan a solicitarla, por ejemplo, y que sean los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, así como los de la sociedad civil e internacionales, los que la soliciten. Pero la Ley también precisa con claridad el ámbito de competencia, la autoridad responsable y la territorialidad de las acciones positivas a las que se refiere. De esta forma, indica que “corresponderá al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), declarar la Alerta de Violencia de Género, y notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad de que se trate”. En el caso de Veracruz, cuando se aprobó la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado, se incluyó también la Alerta de Violencia de Género, pues las organizaciones que exigieron la legislación, buscaron, con la mejor intención, facultar que desde el propio territorio estatal se pudiera exigir la aplicación del mecanismo. De esta forma, las buenas intenciones dieron pie a una serie de cabos sueltos. Uno de ellos fue el que existe una Ley General, que es de observancia en todo el territorio nacional y debe regir los temas como éste por encima de las legislaciones locales; el otro fue que el reglamento que se aprobó, —con varios meses de retraso, hay que decirlo—, no pudo regular correctamente el tema de la solicitud de la declaratoria estatal, además de que intenta aplicar desde la entidad algo que sólo competería a la Federación. En el corto plazo, esto podría generar un conflicto de territorialidad que permita la manipulación mediática de esta herramienta fundamental. Así, se corre el riesgo de que pierdan las mujeres pero ganen los actores políticos en sus propósitos de coyuntura. Tan es así, que en las últimas semanas han saltado a la opinión pública los temas de la violencia de género; han sido expuestos hasta el extremo y algunos de ellos se han convertido en un tema de diferendo político, cuando en realidad deben ser vistos —sin minimizar su importancia—, como asuntos de impartición de justicia y garantía de los derechos humanos de las mujeres. En pocos días escuchamos noticias sobre mujeres abusadas sexualmente mientras hacían ejercicio en un parque público de Xalapa; también se ha hablado de casos de desaparecidas, tanto niñas como adultas,
en diferentes municipios de Veracruz —todas con nombres y apellidos, como el de Esmeralda Balverto, la menor de Tecolutla —, y cuyos datos se han conocido en las páginas de personas desaparecidas y en la Alerta Amber. Sin embargo, se han dejado fuera otros tipos de violencia, muchos de ellos silenciados por la cotidianeidad que hay de estos casos, que sólo se han vuelto escándalo cuando alguno sale a la luz pública, como el tema de la violencia obstétrica —y que se reconoce cuando se habla de muertes maternas o mujeres pariendo en las calles o en los baños—, el acoso callejero, la criminalización de quienes abortan pese a que existen condiciones legales para que puedan hacerlo en ciertos casos (como producto de una violación). A esos hay que sumar el acoso laboral, el escolar y otros hechos menos públicos, que ocurren con mucha frecuencia pero que nadie atiende, a pesar de que se trata de acciones violentas contra el 54 por ciento de la población femenina. De acuerdo con cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), en una reciente visita a la entidad, se reportó que entre 2012 y 2013, la Secretaría de Salud (SS) y los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) registraron un promedio de nueve mil 15 casos de mujeres ingresadas a los hospitales por causas de heridas y golpes relacionadas con la violencia de género, de las cuales murieron mil 71. Pero esta no es una situación exclusiva de este estado, pues de acuerdo con Karla Michelle Salas, la abogada impulsora del caso del campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en México sólo se castiga uno de cada 100 feminicidios que se cometen, a pesar de que en el 70 por ciento de los casos se conoce al agresor. A quienes hoy piden la Alerta de Género para Veracruz les asiste el derecho de hacerlo. No obstante, proponerlo desde una ignorancia jurídica o con una intencionalidad política, sólo privará a las mujeres del derecho de vivir en un ambiente libre de violencia, con lo que sólo se obtendrá un resultado contrario al que públicamente pretenden alcanzar. Ni la ignorancia ni la política deben despojar a las mujeres de esta garantía porque entonces quienes lo proponen también se convertirán en victimarios. Por ello, si es necesaria la declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Veracruz, debe determinarse, como lo establece la Ley General, junto con la sociedad civil, mediante el estudio de las condiciones de la entidad, analizando no sólo las cifras y los casos, sino también las acciones y las respuestas, desde la pulcritud técnica y jurídica, y no como una mera ocurrencia política. Hay organizaciones de la sociedad civil serias, con mucho trabajo y presencia en Veracruz y en el país; éstas se articulan, se unen, se instruyen y preparan para poder estructurar la fundamentación y capacitan —incluso al cuerpo de especialistas en Derecho con perspectiva de género—, para que puedan hacer el planteamiento adecuado. Estos organismos son los principales críticos de la improvisación. Al calor de una contienda política, es muy importante que la Alerta de Violencia de Género no se prostituya con fines electoreros, lo que sólo abona a la confusión que impide su legítima aplicación. La ley concede a este mecanismo un espíritu ciudadano, con el propósito de que sean las organizaciones que trabajan en la atención de los derechos humanos de las mujeres, las que exijan el acceso de ellas a una vida sin violencia; por tanto, no debe ser visto como una herramienta partidista o política que busque golpear o etiquetar a un gobierno en particular. Esa es una forma fácil de perder la batalla. Bienvenidos esos esfuerzos de la sociedad civil, cuando vienen con razón, del trabajo y del verdadero conocimiento de la situación de las mujeres, cuando la finalidad que persiguen es garantizar a ellas una vida libre de violencia y no cuando quieren ser utilizados meramente como un instrumento de golpeteo político, que nada tendría que ver con el origen de esta noble iniciativa que en su momento cristalizó Marcela Lagarde, en su paso por la legislatura federal, en respuesta a los cientos de casos de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua.


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