2016-05-04 | 09:23:30

En estos días, en plena temporada electoral, me siento asqueado al enterarme en la prensa de las fortunas, muy sospechosas, de algunos políticos mexicanos. Al parecer, si de algo sirven las campañas en México, es para sacar a la superficie la obscena riqueza de personas que sólo han trabajado en el sector público. ¿Cómo han acumulado capitales que los colocan, no en el 1% más rico de la población, sino en el 0.1% o más abajo? ¿De verdad tienen tanto dinero? ¿Algún día los investigarán? ¿Habrá consecuencias?
A continuación doy algunos ejemplos de lo que ha salido estos días.
Bernardo Quezada es un lidercillo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y diputado federal por el partido Nueva Alianza. De acuerdo a una investigación del Miami Herald, en un solo día del 2005 “sus familiares gastaron $6.3 millones en 11 condominios de lujo en un rascacielos de Brickell […] aunque no se sabe con seguridad, es probable que las compras hayan sido hechas en efectivo, ya que no se registraron hipotecas en los archivos públicos de Miami-Dade”. Sí: más de seis millones de dólares en efectivo.
Pero eso no es todo. Un año antes, la esposa de Quezada, Jessica Peredo Rincón, “había pagado $1.1 millones por un condominio de dos cuartos en el elegantísimo Setai en South Beach. Luego, en el 2008, el matrimonio compró juntos uno de tres cuartos en un edificio de lujo en Sunny Isles Beach por $848,000”. ¿Cómo es posible que un líder del magisterio, hoy diputado federal, se haya convertido en un magnate con varias propiedades de lujo en Miami?
La misma nota del Herald menciona el gusto de las familias de los políticos mexicanos por los bienes raíces en esta ciudad estadounidense: “El hijo de Carlos Romero Deschamps, senador mexicano y jefe del sindicato de trabajadores del petróleo, gastó $7.5 millones en dos condominios de Miami Beach”. Otro más: “La esposa de Alejandro Murat Hinojosa, uno de los principales funcionarios de la vivienda de ese país e hijo del ex gobernador del estado de Oaxaca, es dueño de un condo de $750,000 en Boca Ratón”.
Murat junior renunció al Infonavit para irse a competir como candidato del PRI al mismo puesto que tuvo Murat senior. Como tal, decidió publicar su “tres de tres” en el sitio tresdetres.org. Y para que vean que sí sirve este ejercicio de transparencia, hoy sabemos que Alejandro, a sus 40 años de edad, tiene varias propiedades: “En la Ciudad de México, dos terrenos, un edificio, una casa de 600 metros cuadrados y un departamento de 91. También posee dos propiedades en Oaxaca: una casa y un terreno de 190 metros cuadrados. En el Estado de Puebla, en el centro del país, es dueño de dos locales comerciales, uno de ellos de 1.593 metros cuadrados”. Las nueve propiedades las compró al contado. Además cuenta con acciones en 12 empresas. Lo que no reportó el candidato priista es seis propiedades que comparte con su familia, los Murat, en Estados Unidos, tal y como reveló el New York Times en 2015.
Muy afortunados son estos políticos oaxaqueños porque, estos días nos hemos enterado gracias a la columna de Francisco Garfias en Excélsior, que Jorge Castillo, uno de los principales operadores financieros del actual gobernador, Gabino Cué, tiene una cuenta en un banco en San Antonio, Texas, “con un saldo de 24 millones, 430 mil dólares”. De acuerdo a los balances, Castillo habría incrementado “su cuenta en diez millones de dólares en cosa de meses”.
Otro caso es el del actual candidato del PAN-PRD a la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. En su declaración patrimonial, que presentó en el sitio tresdetres.org, reconoció ser el propietario de un solo departamento en Estados Unidos que le costó 383 mil dólares. No declaró una casa que, según Reforma, había adquirido “con un precio de 35 millones de pesos en el municipio de Alvarado”. En la prensa también se habla de otras supuestas propiedades de Yunes en Veracruz, Ciudad de México, Morelos, Estados Unidos y España.
¿Será verdad esta danza de los millones de algunos de nuestros políticos? ¿O sólo son acusaciones sin fundamento en esta temporada electoral? ¿No valdría la pena que las autoridades investigaran? Perdón. Por un momento se me olvidó que en México no tenemos un fiscal anti-corrupción que lo haga. Así que no habrá investigación alguna y los electores seguiremos asqueándonos de una clase política que no está midiendo las posibles consecuencias del hartazgo ciudadano.



Twitter: @leozuckermann