viernes, 19 de abril del 2024
 
Por Carlos Jesús Rodríguez
Columna: Por si acaso...
Por si acaso...
2016-10-21 | 09:35:07
*Le espera Almoloya o Pacho
*El “Cisne” retorna a su curul
*Saldría de prisión de 63 años

MIGUEL ÁNGEL Yunes Linares ya es Gobernador Electo ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y Javier Duarte de Ochoa –tras ejercer un poder ilimitado y arbitrario- se ha convertido en “prófugo de la justicia”. Lo acusan de lavado de dinero y delincuencia organizada, delitos por los que podría alcanzar –en caso de ser capturado- entre 15 y 25 años de prisión (acumulados) sin derecho a fianza, y si le aplicaran la media que sería 20 años, el ex gobernador saldría de prisión a los 63 años. La pregunta, sin embargo, es la siguiente: en caso de ser capturado ¿en qué reclusorio debería purgar sentencia? Hay quienes opinan que un escarmiento presidencial podría ser el de Almoloya de Juárez, mejor conocido como El Altiplano, donde se encuentran recluidos personajes como Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio; Daniel Arizmendi López, “el Mochaorejas”, aquel sujeto que cortaba ese apéndice a sus víctimas; Héctor Luis “el Güero” Palma, ex socio de “el Chapo” y recientemente extraditado por los Estados Unidos a México para que pague aquí condenas pendientes; Jesús Zambada García, hermano de Ismael “el Mayo” Zambada quien a su vez es socio y suegro de Joaquín Guzmán Loera; Teodoro García Simental, que fue lugarteniente del cártel de Tijuana; Oscar Oswaldo García Montoya alias “el Compayito”; José Jorge Balderas Garza, “el JJ” y Servando Gómez “la Tuta”, entre muchos otros.

SIN EMBARGO, con el nuevo Sistema Penal podría lograr, mediante amparo, quedarse en Xalapa acorde a su domicilio fiscal, para ser recluido en el penal de Pacho Viejo donde, curiosamente, ordenó la construcción y remodelación de nuevas celdas que se encuentran aisladas del resto de la población, además de contar con agua caliente (no es broma), como si presintiera su final. Duarte buscaría ser juzgado aquí, consciente de que no sería transferido a población sino en un calabozo de privilegio, tal como ocurrió con el ex gobernador Dante Alfonso Delgado Rannauro; su ex tesorero, Gerardo Poo Ulibarri y el ex secretario de Desarrollo Urbano, Porfirio Serrano Amador, a quienes, por cierto, encerró Miguel Ángel Yunes Linares en su calidad de Secretario de Gobierno con Patricio Chirinos Calero.

Y ES que para Duarte de Ochoa las cosas no son fáciles, pues de acuerdo a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada –delitos por los que se le juzgaría- en su artículo 400 Bis sentencia: “Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: 1.-Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o 2.-Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

“PARA EFECTOS de ese capítulo se entenderá que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. En caso de conductas previstas, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (lo que en el caso de Duarte de Ochoa y coacusados ya ha ocurrido)”.

DICE LA misma ley que “cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos”.

A JAVIER Duarte se le busca por delincuencia organizada y lavado de dinero –más lo que se acumule en el transcurso de los procesos-, pues la ley es muy clara cuando consigna en su Artículo 2.-Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, financiamiento al terrorismo previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies, y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; el previsto en la fracción IV del artículo 368 Quáter en materia de hidrocarburos (Código Penal Federal); operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis, y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal.

Y NO se trata de hacer leña del árbol caído: Javier Duarte incurrió en hechos que ameritan ser castigados, como el daño causado a las finanzas públicas; los desatinos en materia de seguridad que costaron la vida a miles de veracruzanos, entre ellos, 19 comunicadores y otros tantos perseguidos y encarcelados; robo flagrante al amparo del poder, acumulación de fortunas inmorales por parte de sus familiares y un cinismo sólo atribuible a una mente desequilibrada.

POR CIERTO, quien ya se apresuró a retornar a la Cámara Baja del Congreso y, con ello, protegerse en el fuero constitucional es Alberto Silva Ramos, ex coordinador de Comunicación Social que este jueves, finalmente, fue reincorporado. El miedo no anda en burro. OPINA carjesus30@hotmail.com


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