2016-12-08 | 09:35:33

›De títulos y universidades...

La polémica por el misterioso título universitario de Rogelio Franco Castán llevó a destapar otra cloaca también en nivel superior: la maratónica expedición de títulos en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, que según el ejecutivo estatal emitió algo así como 100 mil certificados, de los cuales casi 10 mil fueron para personas de Sinaloa. Esa institución nació viciada de origen y aunque desde el parto se advirtió su debilidad académica y legal, siguió siendo el clavo ardiendo para jóvenes que no hallaban otra opción profesional. Recordemos que la famosa UPAV no tiene instalaciones, es decir que no tiene inmuebles ni salones propios, funciona en escuelas prestadas de las que luego sacan al alumnado. Y así ha seguido funcionando, sin pagar al personal docente o haciéndolo a las de mil. Y así la dejaron correr.

Y ya que el actual gobierno tiene en la mira a esa universidad pública, deberá ser muy cuidadoso pues según se tiene entendido, personal del actual gabinete legal o del ampliado egresó no de sus aulas porque no tiene, pero sí de sus siglas. Es el caso del exdiputado local Alfredo Valente Grajales Jiménez, actual director del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, a quien se presentó como Licenciado en Gestión y Administración Municipal por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. ¿Entonces habrá que despedirlo porque procede de una universidad cuestionada? El sentido común diría que no porque como otras personas, buscó una alternativa para prepararse sin actuar -suponemos- de mala fe, aunque seguramente sí sabía que existía la duda.

El que no las tiene todas consigo es el abogado Jorge Winckler, quien ingresó al gobierno estatal no en el periodo de Yunes sino en el ínterinato de Flavino Ríos. Desde que lo nombraron “visitador” ya se sabía que la intención era sustituir tarde o temprano a Luis Ángel Bravo Contreras como fiscal general del estado. Pero los panistas no contaban con la astucia de los nuevos diputados locales, que ya mostraron sus cartas y no están dispuestos a permitir una imposición como la que en su momento hizo Fidel Herrera con Emeterio López Márquez y etcétera. Ahora la Junta de Coordinación Política se muestra lista para no permitir un fiscal a modo. El presidente de la Comisión de Procuración de Justicia en el Congreso, Juan Manuel del Castillo González propone que los diputados locales integren una lista de 10 prospectos y que de ahí surja el próximo fiscal.

Lo interesante del caso es que los legisladores locales serán los que con su votación decidan quién será el fiscal. ¿Y qué creen? Que como el PAN no tiene mayoría en el Congreso deberá negociar y hasta comprar los votos de los legisladores que quieran traicionar a sus partidos, si es que quiere imponer a Winckler como cabeza de la Fiscalía General del Estado. ¿Y quién haría esa desaseada tarea? ¿Acaso el secretario de Gobierno, quien está muy ocupado en defender la legitimidad de su título firmado por la rectora Sara Ladrón de Guevara? ¿O el líder de la bancada azul junto con el de la fracción perredista? ¿Se hará realidad la frase popular que dice “con dinero baila el... can?”

Bien dicen que en ciencia política ser oposición es mas fácil que ser gobierno y en Veracruz se está comprobando ahora que la alianza PAN-PRD llegó al poder, pues sus alcaldes ya dijeron que no volverán a tomar Palacio de Gobierno aunque sigan padeciendo de la llegada de sus recursos. Y ahora el rol ha cambiado porque los dos alcaldes de los municipios mas grandes de la entidad, tales como Veracruz y Xalapa han asumido posturas de presidentes municipales de oposición a los partidos del gobierno estatal. Américo Zúñiga ha acentuado su interés porque las participaciones federales lleguen directo a los municipios, se pronunció en contra de crear una policía intermunicipal. Por su lado Ramón Poo ahora anuncia que interpondrá un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Sefiplan por el dinero que no ha recibido.

La diputada priista, Regina Vázquez Saut, en su calidad de presidenta instaló la Comisión Especial encargada de analizar la situación del campo veracruzano, la cual tendrá como uno de sus objetivos vigilar la distribución correcta de los recursos para el campo. También estará integrada por el diputado José Manuel Sánchez Martínez en calidad de secretario, y como vocales los diputados Nicolás de la Cruz de la Cruz, Fernando Kuri Kuri y María Adela Escamilla Moreno. Dicha Comisión se integró a efecto de que el Poder Legislativo del Estado pueda participar en la toma de decisiones sobre el agro para organizarlo, capitalizarlo y promover una adecuada comercialización de sus productos. Es decir, buscarán ser contrapeso al secretario de Sedarpa, Joaquín Guzmán Avilés.