2017-03-30 | 09:13:57

Dos hechos destacaron ayer en el estado de Veracruz. El primero, la agresión de que fue objeto por la madrugada el periodista Armando Arrieta Granados, jefe de Redacción del periódico La Opinión, de Poza Rica, lo que llevó a su traslado al puerto de Veracruz para su atención médica.

De inmediato el Frente de Comunicadores de la Zona Norte hizo escuchar su voz al repudiar los actos de violencia y de inseguridad registrados últimamente en la entidad

Recordaron que no es el primer caso de agresiones a la prensa en el norte del estado y exigieron respuesta de las autoridades y solución a los casos pendientes, pues señalaron ineficacia de las autoridades.

Los comunicadores pozarricenses y de otros municipios de la zona norte acusaron que se les ha robado la paz, la tranquilidad y la libertad, y que ahora se les quiere quitar la voz para condenarlos al silencio.

Quienes conocen desde hace años a Arrieta coinciden en que su característica es el trabajo serio y discreto; que se formó en la escuela de los comunicadores conscientes de que ellos no son la noticia, sino el enlace entre los hechos y el lector y el auditorio; nada de protagonizar empujones en manifestaciones ni manotazos en bloqueos.

Y pese a ello, ayer se sumó a la estadística de comunicadores agredidos.

¿A quién le conviene que Veracruz esté hecho un polvorín? ¿Quién gana con eso? ¿Quién quiere presionar a quién o a quiénes y para qué, con qué propósito? ¿Quién lo permite y por qué, bajo qué condiciones de inmovilidad y para ganar qué? Tarde o temprano se sabrá.


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El otro caso, más polémico y difícil de entender, es el amparo concedido por un juez federal a Diego “N”, imputado-todavía no sentenciado, que eso quede claro a quienes emiten juicios sin ser jueces- por su presunta participación en el delito de pederastia en agravio de una joven.

Desde un principio ese caso que no tiene ninguna justificación se contaminó porque se politizó durante un año en que había elección de gobernador, y fue más fácil atraer simpatías prejuzgando que siguiendo los debidos procesos.

Ahora que el juez emite un amparo -que no es sentencia de libertad-, recibe una andanada de críticas e insultos por haber expresado lo que a su criterio como jurista ocurrió y lo que no.

Personas desconocedoras del derecho insinuaron que el juez se vendió y manipularon a la opinión pública. Y en redes sociales todos se erigieron en expertos en derecho.

Entonces el Consejo de la Judicatura intervino y lo suspendió no por considerar que actuó mal, sino por la presión mediática.

No se trata de defender al juez, sino de entender que las cosas deben resolverse por la fuerza de la razón y no por la razón de la fuerza mediática “para que no se enojen” los demás. ¿Pues quién va a aplicar la ley, los jueces o los demás?


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Causó criticas y repudio que el Instituto Veracruzano de Cultura diera a conocer que en la administración pasada se entregaron becas a cinco deportistas ya fallecidos. Pero lejos de justificar estos hechos, el IVD debería enfocarse en dignificar y ver realmente por sus jóvenes atletas, partiendo de que quien dirige el organismo, María de Los Ángeles Ortiz, más de una vez se quejó del trato hacia los deportistas y atletas, cuando era una más de las competidoras de las justas deportivas.

Un ejemplo de lo que debe ver la nueva directiva es por la formación y rendimiento de los atletas pero sobre todo, dar el apoyo real. Se supo que en los recientes viajes donde jóvenes atletas van a competir sus traslados más de diez horas y llegan cansados, a habitaciones sin clima, con alimentación a base de jugos y tortas.


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Mal se vio el diputado local Juan Manuel Unánue Abascal en la inauguración de la calle adjunta a la Escuela Naval Militar de Antón Lizardo, acto al cual se invitó al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

El mandatario no pudo llegar y canceló por causas de fuerza mayor, pero al legislador, quien por cierto llegó tarde, nunca le avisaron.

Cuando se enteró de que no estaba el mandatario, Unánue se retiró y ni siquiera bajó de su vehículo.