2017-05-23 | 09:37:54

Hace exactamente una semana, comentábamos aquí que “porque no sólo es uno de los gobernantes (aparentemente) mejor informados, ya que desde 1992 ha tenido a su cargo áreas de seguridad pública federal y del Estado, sino porque también entre sus empresas familiares tiene expendios de gasolina, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares debe tener un diagnóstico muy preciso acerca de la ordeña de ductos de hidrocarburos en Veracruz y en las entidades circunvecinas, un negocio ilícito que ha ido a la alza en el país durante los últimos nueve años pese a que PEMEX ha destinado desde 2008 más de 28 mil millones de pesos en 15 programas de seguridad para frenar el robo de combustible”.

Este lunes, entrevistado al respecto, el mandatario estatal del PAN declaró que durante las reuniones que ha mantenido con autoridades federales para analizar esta situación, se expuso que empresarios concesionarios gasolineros podrían estar involucrados en la venta de gasolina robada, por lo que la Secretaría de Hacienda y PEMEX determinaron emprender de manera conjunta una investigación.

“El SAT va a trabajar coordinadamente con PEMEX para analizar el caso de grandes consumidores o de grandes vendedores de combustible que han dejado de comprarle a PEMEX y siguen vendiendo cantidades similares o inclusive superiores; es decir, hay una presunción de que están vendiendo combustibles robados”, dijo Yunes Linares.

¿Hasta ahora se han venido a percatar de este descarado negocio ilícito? Obvio: la venta del combustible ordeñado se ha “democratizado”, y los huachicoleros que distribuyen o venden en poblados y a pie de carretera el hidrocarburo clandestino están mermando también los ingresos de los delincuentes de cuello blanco con expendios formalmente establecidos, los cuales, a partir de este año, deberán competir con seis nuevas marcas de gasolineras: Gulf México, Hidrosina, Oxxo Gas, Petro 7, La gas y Texaco.

En Veracruz sorprendió que durante el sexenio antepasado brotaran estaciones de servicio de gasolina por doquier, inclusive unas ubicadas a sólo unos cuantos metros de otras. ¿Cuántos miles de litros de combustible –cuyo precio está controlado por el gobierno, que les participa un porcentaje mínimo a los expendedores– deben despachar diariamente para recuperar la inversión en permisos, construcción y equipamiento, además de los correspondientes a sueldos y prestaciones sociales de los empleados, los gastos de mantenimiento y de consumo de electricidad, entre otros?

Sin embargo, al gremio empresarial de gasolineros de Veracruz le fue tan bien que sus líderes se empoderaron de tal manera que llegaron a recomendar o eran consultados por la cúpula estatal del PRI para la postulación de sus candidatos a las alcaldías, cuyas campañas electorales debían financiar.

Inclusive, en la sucesión gubernamental de 2010 jugaron un relevante papel en apoyo de la candidatura priista de Javier Duarte de Ochoa, ahora de no muy grata memoria.

Y eso lo sabe muy bien Yunes Linares –quien perdió aquella elección–, el cual supuestamente investigaba al presidente de la Unión de Gasolineros del Estado de Veracruz, Gilberto Bravo Torra, porque presuntamente sería uno de los prestanombres o socios del exgobernador Fidel Herrera Beltrán en un par de lujosos hoteles, uno ubicado en Boca del Río y otro en la ciudad de Puebla, lo que el empresario obviamente negó.