2013-03-23 | 08:15:38

Por donde quiera que se le vea, a menos que uno esté afectado por la enfermedad infantil del lópezobradorismo, los términos del acuerdo político para la reforma institucional de las telecomunicaciones y la radiodifusión son un avance fundamental hacia una regulación eficaz de un mercado hasta ahora monopólico y que ha generado a poderosos actores con poder de veto que le restan autonomía a la política. Que los tres partidos principales hayan sentado las bases para romper la concentración extrema y para regular más eficazmente un mercado que por sus condiciones tecnológicas no puede ser demasiado competido es una noticia halagüeña, a pesar de sus limitaciones, equilibradamente analizadas por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.
Por supuesto que no se trata de una reforma mágica que vaya a lograr de la noche a la mañana que tengamos un mercado eficiente de telecomunicaciones, accesible plenamente para toda la población a precios adecuados y que la televisión y la radio mexicanas se conviertan en dechados de programación, con contenidos edificantes y de alta cultura. La experiencia internacional muestra que una mayor oferta de cadenas privadas de tele no lleva a mejorar los contenidos; por el contrario lo que suele ocurrir es que la competencia se da a la baja: en la medida en la que diferentes emisores buscan un auditorio mayor, suelen apostar por los contenidos más zafios adecuados al gusto masivo.
A pesar del equívoco difundido sobre todo por el movimiento #YoSoy132 de que mayor oferta significa democratización de los medios, los efectos de la existencia de nuevas cadenas nacionales van a ser más económicos que políticos o democráticos en el sentido de mayor pluralidad de opiniones y de posiciones. Por la gran inversión que se requiere para poder tener una cadena de televisión, los nuevos concesionarios serán, casi con toda seguridad, algunos de los grandes empresarios mexicanos ya presentes hoy en el mercado de la comunicación, entre los que predominan visiones del país y del mundo bastante cercanas a las de los dos concesionarios nacionales actuales. Ahí el cambio va a ser marginal.
La parte de la reforma que sí puede tener un efecto de apertura en contenidos, de mayor pluralidad y de estímulo a la creación de programación de calidad, es la que se refiere a la creación de una cadena de televisión de carácter público –no del gobierno– con una orientación decidida por un consejo de carácter ciudadano, como las que existen en otros países democráticos y que en México no evolucionó debido a la desafortunada privatización de Imevisión durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Una cadena nacional de televisión de carácter auténticamente público sí puede resultar un contrapeso importante a la oferta de las cadenas comerciales, sobre todo si se articula bien con lo que actualmente existe. De acuerdo a lo acordado hasta ahora, la nueva cadena usaría la red administrada actualmente por la Secretaría de Gobernación y que desde hace unos años usa el canal Once del IPN para llevar su señal a buena parte del país. Es pertinente, entonces, preguntar si la creación de la nueva cadena no se hará en detrimento de OnceTv México, de ya larga tradición en el espectro y que ha hecho un trabajo notable de divulgación cultural y de opinión plural desde hace ya 54 años. También habrá que ver cómo se replantea el papel de Canal 22 en la nueva definición que le asignará la reforma como concesión de carácter público.
Sin embargo, la regulación de las concesiones públicas debe hacerse con mucho cuidado, pues la tentación de los políticos para apropiarse de éste tipo de entidades y darles un sesgo partidista es ingente, como ha ocurrido en España, donde las cadenas de Televisión Española, que devinieron de canales de propaganda del régimen franquista en espacios públicos regidos por consejos plurales, se encuentran hoy de nuevo dominadas por el partido en el gobierno, que las ha convertido en órganos oficialistas, marcados por su talante conservador.
Por otro lado, las nuevas reglas para el mercado de telecomunicaciones sí pueden generar incentivos para la existencia de mayor oferta, mejores precios y mayor calidad. La creación de un proveedor mayorista de banda ancha de propiedad estatal con posibilidades de atraer inversión privada puede llevar a un resultado cercano a lo reclamado por los promotores de Internet para todos y puede librarnos del mal servicio y los precios altos a los que actualmente nos encontramos sometidos los mexicanos.
El modelo del órgano regulador de las telecomunicaciones que diseña la reforma sigue una tendencia, iniciada en 1996 con la autonomía constitucional del IFE, de desarrollo del Estado mexicano democrático: la creación de órganos que requieren de coaliciones políticas amplias para la integración de sus cuerpos de dirección de carácter colegiado –a pesar de las embestidas recientes contra el IFE y contra el IFAI, basadas en su supuesta colonización por los partidos, como si en algún lugar del mundo existieran ciudadanos con virtudes arcangélicas mejores que aquellos que pueden encontrar los políticos– que obligan a acuerdos plurales, lo que les otorga independencia respecto al gobierno en turno. Más allá de la fantasía de aquellos que creen que pueden existir órganos plenamente neutrales ajenos a los intereses particulares, el modelo de desarrollo constitucional de los órganos de Estado es el menos malo que han podido diseñar los legisladores mexicanos. En el caso del nuevo IFETEL, el barroco método de designación de sus comisionados puede garantizar que imperen criterios técnicos y se tiendan a neutralizar los intereses particulares que indudablemente se manifestarán.
La reforma está en pleno procesamiento legislativo y ya se ven las mañas de quienes sienten afectados sus intereses y hacen todo lo posible para que los legisladores inclinen la balanza a su favor. El despropósito de que las reglas respecto a la obligación de transmitir las señales abiertas se aplique sólo a las empresas de cable y no a las satelitales muestra de manera burda cómo los actores tratan de influir en el carácter distributivo que toda regla tiene. Y por más que resulte lamentable la tendencia mexicana a una constitución prolija, llena de normas que deberían pertenecer a la legislación secundaria, las condiciones concretas de nuestro desarrollo constitucional hacen preferible que reformas de este calado queden atadas a una coalición amplia que dificulte la marcha atrás.

Tomada de Sinembargo