2014-02-19 | 09:43:56

A los defensores del agua


Se ve lo que se quiere ver. La guerra y los crecientes conflictos por el agua, hace tiempo están en Veracruz. Lo sabemos desde siempre pero no lo queríamos, ni lo queremos aceptar y enfrentar. Proliferan costosas burocracias delictivas y otro tipo de desgracias. Veracruz de pobres, hambrientos y sedientos.

Sin buenos gobiernos crecen escasez, tandeo, racionamiento y condicionamiento. Y cuando hay agua, es cara y de mala calidad. Contaminados todos sus ríos; disminuidas o desaparecidas buena parte de sus fuentes brota lo evidente: no hay previsión seria y consistente, ni buena administración presente. Eso sí. Seguimos siendo el tercer lugar en escurrimientos. Todo se nos escurre. No hay presente, y el futuro que venga aunque no convenga.


La gota que derrama el problema


En julio de 2013, según CONAGUA, el país tiene más de 270 mil concesiones y asignaciones de aguas. Punta del iceberg, del gran problema de su privatización, auspiciada, alentada y provocada por gobiernos ineficientes, corruptos y delincuentes. ¿Privatización en Veracruz? ¿Aguas con ODEBRECHT?

Y respecto a otro tema de singular importancia. Para 2013, ¿de qué tamaño es la deuda pública estatal por agua? ¿De 8 o 9 mil millones de pesos? Los “certificados y expertos” contralores y fiscalizadores oficiales en nómina, tienen respuestas, incluso, a veces, hasta las que son reales y verdaderas.

Ejemplos sobran. Destacan, los cultos, inteligentes y distinguidos clientes “paga todo” de Xalapa, la Atenas veracruzana y capital de estado. ¿De 460 millones es la deuda pública municipal de agua carísima? Y otra la de trienio tras trienio, de la muchas veces heroica ciudad y puerto de Veracruz, ahora en singular comparsa de zona conurbada. ¿De cuánto es dicha deuda, de 500 o 600 millones?

Ni para preguntarle al Órgano de Simulación Superior, el ORFIS. Por qué en cuanto a los “pasivos amnésicos” estatales, municipales y de órganos autónomos, esto es, los que siempre se les olvida pagar, o tienen reservada la información; o su conocida minusvalía crónica les impide contestar.

El colmo. Tanto el gobierno estatal, como algunos municipales que dicen que administran el vital líquido, también están bien, pero bien inundados de deudas; de programas de “sana y miento”; de obsolescencia y falta de mantenimiento de su infraestructura y equipo; de rufianes en y fuera del gobierno que todo lo quieren hacer negocio; y desde luego, faltaba más, de un rápido e implacable corte de servicio, reconexión y recargos por no pagar a tiempo.

Las nuevas administraciones municipales deben dar cuenta de ello. Ya empiezan a padecer precio y costo de cargar con el pasado. Claro que tienen que decidirse a ser o no ser tapaderas cómplices y por tanto presuntos responsables.


El cada vez mas caro derecho al agua


Confiados en exceso, en la supuesta o real abundancia. Aletargados y adormecidos por el discurso oficial del “no pasa nada y todo va bien”. Desinteresados e irresponsables, simple y sencillamente hemos descuidado, desperdiciado y dilapidado, por trienios y sexenios, un recurso natural y ventaja comparativa, que tanto ha favorecido y favorece a la entidad.

Es más, en no pocos casos, irresponsablemente se ha entregado a la delincuencia gubernamental, de todos niveles e involucrada en cualquier negocio, un aspecto determinante para la existencia y futuro de la especie humana. El agua, indiscutible eje y piedra angular, del mismo medio ambiente.

Tener siempre presente. El vital líquido importa infinitamente más, que la inundación cotidiana de demagogia y simulación. Más claro, ni el agua.

“…Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.


El derecho a la acción popular y autodefensa ciudadana


Si desde los gobiernos no importa afectar y sacrificar. Si poco les interesa saber del inmenso daño que causan con tal de beneficiarse, incluso de la creciente sed y hambre de la población; ya ni que decir de la otra hambre y sed de estabilidad y seguridad, de prosperidad y justicia.

Inocultable, el problema se complica y extiende; a cambio, no se hace nada efectivo y sostenido. Sobre todo ecológica y socialmente consistente, sustentable y aceptable.

Hay y habrá reacciones sociales, resistencias y autodefensas. Razones sobran, y derechos existen, solo hay que usarlos. El agua es vida, ¿qué esperamos?

Abrevar en la fuente de derecho constitucional veracruzana, para fundamentar inconformidades y protestas, así como desobediencia y resistencia civil. La constitución local establece mecanismos participativos que no se usan, y que no deben ser letra muerta para administraciones honestas, eficientes y previsoras.





“Los habitantes del Estado tienen derecho a vivir y crecer en un ambiente saludable y equilibrado. Las autoridades desarrollarán planes y programas destinados a la preservación, aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos naturales, de la flora y la fauna existentes en su territorio, así como para la prevención y combate a la contaminación ambiental.

Las personas serán igualmente responsables en la preservación, restauración, y equilibrio del ambiente, disponiendo para tal efecto del ejercicio de la acción popular ante la autoridad competente, para que atienda la problemática relativa a esta materia”.

El reto es alentar eficiencia, evaluación y previsión. Realizar políticas y programas, obras e inversiones públicas y privadas, para fomento y bienestar individual y colectivo.

Bienvenido el desarrollo sustentable y social participativo. Muchos problemas y conflictos se pueden evitar, resolver y prever con más y mejor participación social. No a espaldas de personas y comunidades; ni con engaños, presiones, corrupciones e imposiciones. Menos a base de injusticias.

La acción popular es un mecanismo legal que puede ayudar a hacer efectivos derechos y libertades negadas, pospuestas o manipuladas por irresponsables e ineficientes, asociados o no con mercenarios y malhechores del agua.