2014-04-02 | 22:13:58

Ayer, el gobernador Javier Duarte de Ochoa presumía una nueva policía, con mejores herramientas que van desde armamento, vehículos y uniformes, hablando así de una nueva institución, mejor preparada “Hoy tenemos una institución distinta desde el porte, el uniforme, armamento, pues cuentan con instrumentos y herramientas que antes no tenían”.
Asimismo, el secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez apuntaba que con la entrega de 112 vehículos, realizada este miércoles, entre motocicletas, acuamotos, automóviles Charger, camionetas Pick up y un camión, se mejorarán las acciones diarias “en combate al delito, combate a la delincuencia, la erradicación de la violencia y mantener el Estado de Derecho y la observancia de la ley”.
Pero la realidad es que sumado al tema, que los asaltos continúan a plena luz del día a bancos, establecimientos, domicilios particulares y hasta cristalazos a vehículos -teniéndose una expectativa muy positiva de que con este nuevo equipamiento dichas actividades ilícitas reduzcan- lo grave es que se está omitiendo un tema de indudable importancia para enfrentar el nuevo sistema para procurar justicia en el que ineludiblemente la capacitación a los policías es urgente.
El gobernador hablaba ayer mismo, en el evento de entrega de equipamiento, de cambiarle el nombre a la corporación como una medida de acercar la policía a la sociedad, pero la pregunta es ¿dónde están dejando la capacitación a la que obliga el nuevo sistema de justicia penal? Dice el mandatario que “se han invertido recursos como nunca antes para fortalecer la institución de Seguridad Pública”. Pero sin duda hay una omisión del estado en la inversión para la capacitación, y no solo de los elementos policiacos sino de sus mandos o jefes, donde también hay que capacitar y depurar porque igualmente ahí podría haber corrupción y omisión.
El Gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría de Seguridad Publica de Veracruz se enfrenta a dos temas de suma importancia, que son combatir la inseguridad, pero también capacitar a sus policías, porque al menos en 4 distritos judiciales de la entidad ya se opera con el nuevo sistema de justicia penal adversarial (juicios orales), donde el trabajo de los elementos policiacos es esencial para una investigación, al ser la primera autoridad encargada de preservar la escena de los hechos donde se cometió un ilícito, de las detenciones, lecturas de derechos, entre otras.
La falta de capacitación de los elementos, como ya ha ocurrido en los distritos de Xalapa y Córdoba, ha generado situaciones de impunidad, permitiendo que responsables de hechos delictuosos queden en libertad; así la gravedad de la omisión del Gobierno de Veracruz al no preparar a los policías y sus jefes, tratándose de un problema que pudiera agravarse si no se pone atención en ello.
El Código Nacional de Procedimientos Penales precisa en su artículo 105 que dentro de los sujetos del procedimiento penal se encuentra la policía y así mismo el artículo 132 constituye las obligaciones del Policía, indicándose que éste actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.
Teniendo como obligaciones, recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas; recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine la investigación; realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorga.
Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias ulteriores. Especialmente estará obligada a realizar todos los actos necesarios para evitar una agresión real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos de los gobernados a quienes tiene la obligación de proteger; actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los delitos.
Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos; entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación; requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales, informes y documentos para fines de la investigación; informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen; emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad con las disposiciones aplicables, entre otros. Y la pregunta es ¿ya están capacitados para ello? O es que quizá ¿el Gobierno de Veracruz ignora lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales?

@magzamu