2014-04-06 | 22:02:02

De nada sirve que el sistema mexicano haya dictado orden de aprensión contra Gastón Azcárraga, cabeza de Grupo Posada y quien descapitalizó a Mexicana de Aviación para robustecer su grupo hotelero, en el que figuran los hoteles Fiesta Inn entre otros.
Y es inútil porque el presunto delincuente de cuello blanco desapareció del panorama. ¿Lo sigue la Interpol? Eso dicen, pero si lo encontraran sería por mera casualidad.
Pero el peor de los aspectos de este caso, que derrumbó a la más antigua línea aérea de México, es el perjuicio que causa a sus trabajadores. Si el sexenio ultra conservador encabezado por Felipe Calderón se caracterizó por un fuerte ataque a los trabajadores y que dejó saldos que son un retroceso en los derechos económicos y sociales, este sexenio, encabezado por el también ultra conservador Enrique Peña, simplemente refrenda las líneas de operación de su antecesor.
Ambos son gobernantes de usurpación, impuestos desde grupos de interés internacional que buscan beneficiarse de las desventuras de los pueblos de todo el orbe.
Entre las cosas más destacadas de Calderón estuvieron los cierres de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, dejando en la calle a los trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas, SME; la suspensión del servicio de Mexicana de Aviación y la contra reforma laboral, que representa un retroceso en las conquistas laborales mexicanas, siendo un perjuicio a largo plazo y que –por cierto– fue aprobada por el actual alcalde de Coatzacoalcos en los pocos meses que fungió como diputado federal.
No es fortuito que este segundo gobierno de usurpación, encabezado por Peña Nieto, continúe las políticas públicas en cuanto a los derechos económicos y sociales que siguió su antecesor. A ninguno de los dos le preocupa la clase trabajadora, pues fueron impuestos por consorcios financieros internacionales para beneficio sólo y tan sólo de ellos.
Mexicana estorbaba en ese camino: su operación forzaba a que los precios del pasaje de avión se mantuvieran en precios razonables.
La juez Edith Alarcón, al declarar la quiebra de Mexicana, refrendó esa política del gobierno mexicano: en vez de salvar los intereses de los trabajadores, cuyas propuestas para rescatar la aerolínea eran altamente coherentes y viables económicamente y que habían incluso logrado acuerdos con los acreedores para que las deudas fueran saldadas inteligentemente y sin afectar ni a usuarios ni a trabajadores.
Pudieron ser una empresa cooperativa, propiedad de quienes producen la riqueza: los trabajadores, pero esto sonaba muy mal a las políticas públicas que sigue esa facción de ultra derecha que dirige México y ya vemos cómo lo hacen.
El baño de pureza y de “respeto a las leyes” que se dieron los secretarios Videgaray Caso y Navarrete Prida no es creíble, pero justifica institucionalmente la quiebra de Mexicana y, lo peor, justifica en base a una ley inefable que las desgracias sean para los trabajadores porque estos funcionarios están violando el precepto que indica que en una quiebra, primero, se tomen en cuenta los adeudos con los trabajadores y, después se liquide a los acreedores.


CALDERÓN IMPUNE

El gobierno que encabezó Felipe Calderón toleró todas las irregularidades en Mexicana, pero puso freno a los reclamos de los sindicatos. Toleró manejos empresariales dudosos que derivaron en la descapitalización de la compañía y, una vez que el corporativo entonces encabezado por Gastón Azcárraga declaró la inviabilidad operativa y financiera de la empresa, declinó intervenir en forma decisiva y se limitó a observar, impávida, la cancelación de vuelos de la aerolínea, el remate de sus activos a un precio irrisorio y la suspensión total de sus operaciones.
Después, ya declarada en concurso mercantil la empresa, dejaron desprotegidos a los miles de afectados, tanto trabajadores como usuarios que habían pagado con anticipación sus boletos. Así mismo, obstruyeron todos los intentos de grupos de inversionistas para rescatar la aerolínea. Todo en una clara intención de destruirla para favorecer a sus posibles competidores.
Si el gobierno peñista desea reivindicarse deberá investigar las malas prácticas empresariales que derivaron en la quiebra de Mexicana y en las que no sólo está involucrado Gastón Azcárraga, sino tal vez hasta el propio clan Fraga, protector de Luis Videgaray.
¿O el camino que seguirán es el de distraer sobre los delitos de que se acusa a Gastón Azcárraga?
Nuevamente se pone en claro que el retiro del Estado y de sus responsabilidades en materia de desarrollo, legalidad, cultura, justicia y ambientalismo, retiro que define a los actuales gobiernos de México, es turbio y enmarañado cuando se trata de defender a las empresas de los trabajadores y sólo se facilitan los rescates cuando son en beneficio de grandes corporativos financieros internacionales.
El caso de Agronitrogenados es el mejor ejemplo que tenemos en la zona, aunque el tema de Mexichem, y todo lo relacionado con la petroquímica en Cangrejera o Morelos sean en el mismo tenor.

Twitter: @JPBiosca