2014-04-22 | 21:57:21

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el 77.2 por ciento del total de los mexicanos está afiliado a la seguridad social. Esta es una de las cifras del INEGI que han dejado de ser creíbles, porque ha dejado de ser congruente con el resto de las informaciones que ha dado a conocer el mismo Instituto.
Con esto se presenta un dilema: o bien es falso lo que se informa en el documento sobre seguridad social, o bien sucede que es falso lo que se presenta en el informe sobre empleo en el país. No pueden ser ambos verdaderos a la vez, aunque podría ser que ambos fueran falsos.
Si tomamos como base el criterio que indica que el informe más prestigiado es el que habla de empleo, podemos descartar el que habla de la seguridad social.
Nos quedamos con la idea de que el 58.42% de los trabajadores mexicanos labora en la informalidad laboral, es decir: carece del acceso a la seguridad social.
¿Esto qué significa? Pues que simplemente casi las dos terceras partes de los trabajadores en México carecen de acceso a la seguridad social y todo lo que ello conlleva, en otras palabras: ni tienen acceso al sistema de salud, ya que no están registrados en el IMSS, el ISSSTE o cualquier otro sistema de salud pública, ni tampoco accede a la garantía de una pensión que le garantice una vejez digna, y tampoco accede al derecho a la vivienda garantizado por el Estado: no acceden al INFONAVIT, ni el FOVISSSTE, u otra forma de acceso a este derecho.
Esos trabajadores, si acceden a estos derechos económicos y sociales, lo hacen con sus propios recursos. Es decir, cuando necesitan médico y medicinas, lo pagan de su bolsillo. Si tienen casa–habitación es porque la han adquirido con sus recursos y si tienen algún ahorro para la vejez lo poseen porque lo han pagado con sus ingresos.
En otras palabras, el Estado mexicano carece no sólo de la capacidad, sino de las políticas públicas para garantizar estos derechos a todos los mexicanos.
La ley lo exige, la Constitución lo indica, los magistrados han ganado premios internacionales por avalar este derecho constitucional, pero el gobierno mexicano infringe la norma y no puede ni quiere garantizarlo.
¿Para qué se pagan entonces los impuestos? Habría que verlo.

Twitter: @JPBiosca