2014-07-16 | 10:10:36

“Ningún poder en la Tierra
tiene el derecho de quitarnos
nuestra propiedad sin
nuestro consentimiento”.
John Jay
Si yo comprara un rancho en Oklahoma
o Texas, y encontrara en él petróleo,
tendría buenas razones para festejar. La
explotación del recurso seguramente me
daría una fortuna. Si en cambio el rancho
lo comprara en Tamaulipas, y no me lo
quitaran “los malos”, el hallazgo sería
una tragedia. Más que festejar haría lo
posible por ocultar el hidrocarburo… ya
que cuando el gobierno se enterara de que
en mi terreno hay petróleo simplemente
me despojaría de él.
México ha mantenido durante décadas
incentivos perversos en la industria
de la energía. En lugar de promover la
exploración y desarrollo de recursos,
la legislación fue hecha para impedir
la inversión productiva. El resultado lo
vemos en una industria energética ineficiente
y corrupta, controlada por dos
obesos monopolios gubernamentales y
por sindicatos que han hecho millonarios
a sus líderes.
El problema es de fondo, no se puede
corregir con leyes y reglamentos que
establezcan nuevas supervisiones y
contralorías. La creación de dos grandes
monopolios gubernamentales, con
poderes mucho más amplios de los de las
empresas preponderantes en televisión o
telecomunicaciones, condena a la industria
energética mexicana a la ineficiencia
y a la corrupción. La violación al derecho
de propiedad, al despojar sistemáticamente
a los propietarios de terrenos
con hidrocarburos, es la otra razón del
desastre de nuestra industria de energía.
La reforma energética es un intento
por mejorar las condiciones en que opera
la industria en México. Me parece un
avance. Se permite a Pemex la posibilidad
de asociarse con empresas privadas no
solamente fuera del país, que ya se podía,
sino dentro del territorio nacional.
La iniciativa, sin embargo, ni siquiera
alcanza la apertura que tuvo la actividad
con Lázaro Cárdenas, quien impulsó los
contratos de riesgo que siguen siendo ilegales.
La apertura, en cambio, es mayor
en electricidad.
Buena parte de la discusión se ha
centrado en los derechos de propiedad
de los dueños de terrenos con petróleo.
La iniciativa original preveía la expropiación
obligatoria de los terrenos con
hidrocarburos. Ésta es la situación que
prevalece con la actual ley, pero se complicaba
por el hecho de que muchas de las
nuevas operaciones de explotación serán
privadas, lo que dificultaba comprobar
ante los tribunales la “utilidad pública”
que se requiere para una expropiación
legal.
Los senadores han modificado esta
iniciativa y han establecido que los terrenos
no serán ya expropiados sino sometidos
a una “ocupación temporal”. En otras
palabras, Pemex y sus socios operativos
privados tomarán control de la tierra
en que haya gas o petróleo durante
varios años sin cambiar legalmente
la propiedad, deberán compensar al
propietario por la afectación de su tierra
y por la utilidad que habría obtenido
por su uso y podrán recibir además una
“participación” sobre la utilidad generada
por la actividad petrolera, aun cuando el
monto no se ha definido.
Habrá que ver cómo funciona el nuevo
sistema, sobre todo si consideramos que
más de la mitad del territorio nacional
se encuentra en manos de ejidos y comunidades
indígenas y no bajo propiedad
privada. Supongo que sí podrá aumentar
la inversión productiva, que es el propósito
fundamental de la iniciativa. Pero la
verdad es que una reforma que simplemente
restableciera los derechos plenos
de propiedad a los mexicanos sería más
sencilla, eficaz, transparente y productiva.
Sólo en este caso podríamos decir
con honestidad: “El petróleo es nuestro.”
Partido políticos
Los tres nuevos partidos políticos, incluyendo
Morena de Andrés Manuel
López Obrador, recibirán 31.8 millones
de pesos cada uno para gastar de agosto
a diciembre. Y si bien nos dicen que éste
no es dinero nuevo, que los recursos se les
quitarán a los partidos que ya existen, la
nueva ley electoral ha permitido también
incrementar en 1,300 millones de pesos
el dinero que los contribuyentes damos
a los partidos estatales.
Twitter: @SergioSarmiento