2014-08-02 | 09:32:57

“El periodismo mantiene a los ciudadanos avisados, a las putas advertidas y al Gobierno inquieto”.
-Francisco Umbral

Bien dice el dicho que entre más leyes necesita un país, este es más corrupto, y no se requiere mayor explicación que la del sentido común. Sin embargo, es preocupante no sólo la cantidad de leyes que constantemente se aprueban y que, inclusive, tienen que terminar en comisiones y organismos de vigilancia para que se cumplan.
Tal es el caso de la Comisión de Derechos Humanos, cuya misión es vigilar que ninguna autoridad “viole” las garantías esenciales de vida, seguridad y desarrollo de todos los individuos.
En pocas palabras la CNDH nos protege de quienes nos tienen que proteger. Y como ésta hay incontables.
Pero amable lector, de la ley que quiero hablar es la que los diputados aprobaron relacionada con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que contiene un artículo: el 5bis, que acota a los medios de información de tal manera que “en ningún caso se podrá autorizar a los medios de comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo”. Y por la tanto la única fuente de información permitida será el boletín oficial. Pero esta limitación va más allá al puntualizar que “los medios no podrán cubrir notas sobre delincuencia fuera de lo que marque el boletín.”
A todas luces se viola el derecho a la información y expresión. Con esta ley la única fuente de información será la oficial. No tendrá sentido que existan diferentes medios, pues todos van a informar lo mismo. Y no necesariamente será la verdad. La manipulación informativa será inevitable.
Yo lo invito a leer los boletines oficiales que hacen referencia a los enfrentamientos entre delincuentes y autoridades, la mayoría tienen una constante que dice: “el día tal a tales horas un grupo de personas armadas atacaron a las fuerzas de seguridad, éstas repelieron el ataque causando la baja de los delincuentes, este esfuerzo se logró gracias a la coordinación de la fuerzas de seguridad… etc.”
Siempre me he preguntado ¿por qué un grupo de alrededor 3 a 8 personas deciden atacar a un contingente de 20 a 30 elementos fuertemente armados y entrenados, a sabiendas de que llevan las de perder?.
Algo raro hay en los boletines oficiales, recordemos que recientemente el Procurador de la República José Murillo Karam aseguró que estaban interrogando a Rodrigo Vallejo Mora, hijo del e gobernador de Michoacán (in)Fausto Vallejo, y la verdad es que ni el citatorio se había girado, con motivo de un video de indicado con “La Tuta”. Esto es un ejemplo claro de los equívocos de la información oficial.
¿Cómo podrán los ciudadanos saber la verdad si sólo habrá una versión?. Ni las víctimas podrán ser entrevistadas y las partes en conflicto no podrán tener un espacio para ser escuchadas.
Debo decirle que esta ley fue aprobada en Sinaloa y no dudo que algunos pensaron que se refería a Veracruz, en donde en varias ocasiones han intentado controlar el trabajo periodístico y por presión y/o sensatez se ha dado marcha atrás.

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El rechazo ciudadano a que se conviertan en deuda pública, que en realidad ya lo son desde el momento que se tratan de paraestatales, los pasivos de Pemex y la CFE, tiene que ver no con los sindicatos y sus logros gremiales, sino con los líderes de dichas agrupaciones que, con la complicidad de los gobiernos federales rojos y azules, son muestra de corrupción, enriquecimiento muy explicable y daño a las empresas que muchísimo les han dado.
No se puede entender que ahora tengamos que sacrificar la construcción de escuelas, hospitales, compra de medicamentos y programas de desarrollo social, para pagar las pensiones de trabajadores privilegiados (en comparación con el resto de los mexicanos), de empresas de calidad mundial, cuando vemos el histórico derroche y despilfarro de dinero de quienes velan por el interés de los agremiados. Generaron tanto dinero y riqueza ¿y tienen esos pasivos?.
Usted y yo, que no tenemos las prestaciones de estos trabajadores, nos veremos afectados por esta nueva deuda nacional. ¿Acaso eso es justo?

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A propósito de leyes equivocadas. El daño que ha sufrido la imagen del gobernador vecino de Puebla, a raíz de la muerte de un joven en un enfrentamiento con autoridades bajo la Ley Bala (como se le bautizó), provocó que en Chiapas dieran marcha atrás a la ley que tanto había presumido su joven mandatario y que operaba de la misma manera en contra de los ciudadanos que protestan. Y si algún otro gobernador pensaba en algo parecido, ahora tendrá que pensar en algo más inteligente de ahora en adelante.