2014-08-11 | 21:19:15

Es lamentable el papel que hoy juegan los legisladores veracruzanos, prestándose a intereses políticos, antes que ocuparse de su importante tarea –la cual muy pocos ejercer a plenitud- en su mayoría están dedicados a levantar el dedo e inclinar la cabeza cuando reciben órdenes como signo de sometimiento; no hay debate, no hay propuestas, no hay gestión en la mayoría de ellos, solo subordinación.
Ayer, el claro ejemplo cuando se observó a diputados locales del PRI, PANAL, PVEM y AVE anunciando -como si se tratara de su competencia- una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República en contra de los Ayuntamientos panistas de Boca del Río y Tantoyuca, por una presunta utilización de recursos públicos para fines partidistas. ¿A qué les suena esto señores lectores?
El gobierno no puede ser más obvio con sus estrategias, enviando a sus legisladores a escenificar un circo -pocos de los ahí presentes se salvan, algunas mujeres acaso, respetables y trabajadoras- el resto son algo así como un rebaño, un grupo de borregos u ovejas que se aglomeran al toque de campana del pastor o amo.
Mientras tanto en la entidad los temas relevantes están ahí a la espera; propuestas de leyes estancadas, reformas urgentes, temas de interés que discutir y debatir y, por supuesto, gestiones que realizar, ¡pero los diputados en mención, están involucrados en el pleito enfermizo que el actual gobierno ha comprado con los Yunes panistas y que en nada beneficia al pueblo de Veracruz, pero por el contrario, sí perjudica!
El vocero, en la conferencia de prensa, fue el “flamante” diputado, Tonatiuh Pola Estrada, quien dio a conocer que los motivos de la denuncia son “la difusión de audios de dos conversaciones telefónicas de Miguel Ángel Yunes Linares” donde “presumiblemente” desvía recursos.
El comunicador, al que ahora le toca ejercer desde la política, fue convertido tristemente en un títere más del sistema y el encargado de hacer los señalamientos. ¡La misma vacilada de siempre, ese pleito eterno, que no lleva a nada y que solo busca atraer reflectores como escándalo mediático!
Los ignorantes legisladores deberían empezar por leer, estudiar, prepararse y tener por entendido que sus “pruebas” no son pruebas, porque provienen de un acto ilícito como es el espionaje telefónico, es decir la grabación o captación ilegal de conversaciones; cada que se acerca un proceso electoral, el circo es el mismo, el discurso y por supuesto la estrategia absurda, pero más aún la ignorancia y el poco conocimiento con el que se actúa.
Es decir ¡señores legisladores Ignorantes de la ley! -para que les quede claro- la intervención de comunicaciones privadas sin autorización judicial constituyen pruebas ilícitas que carecen de todo valor probatorio.
Dudo que los audios que se difunden -estos como muchos, que son parte del circo- hayan sido obtenidos por mandato de un juez. Los audios solo pueden ser admitidos como prueba en materia penal, cuando son obtenidas en cumplimiento de una orden expresa, de intervención de comunicaciones privadas, de autoridad judicial competente y con las limitantes que dispone nuestra constitución. A menos que uno de los participantes de la conversación aporte la prueba.
Si no encuadra en ninguna de las anteriores hipótesis, entonces se trata de un UN DELITO, toda vez que no existe orden judicial para intervenir las comunicaciones privadas y además las grabaciones así obtenidas, no solo no deben ser divulgadas, sino que además, carecen totalmente de valor probatorio, por no haber sido obtenidas cumpliendo los requisitos y las limitantes que previenen las leyes de la materia para su autorización; para su conocimiento les trascribimos textual lo que establece el artículo 16 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos Vigente.
“…Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.
“….Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor” La misma Ley Suprema precisa por tanto que “las intervenciones que no cumplan con esas precisiones, carecerán de todo valor probatorio”.
Así los diputados, vergonzosamente, con pruebas ilegales, exponen como el entonces excandidato panista a la gubernatura de Veracruz, Miguel Angel Yunes Linares y el panista Miguel Martínez Peñoloza, en ese entonces secretario adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, pactan “presumiblemente” la entrega de 7.5 millones de pesos en el aeropuerto de la ciudad de Veracruz.
¡Pobre Veracruz! audios y más audios, panistas, perredistas y priistas, en sus pretendidas guerras ilegales y mientras tanto nuestro estado, hundido en deudas, hechos de inseguridad y falto de oportunidades para progresar!

@magzamu