2014-08-20 | 09:44:13

Desde el punto de vista electoral, la
acusación que siempre le ha costado
más al PRI es la de ser un “partido
corrupto”. Esto lo sabe, y muy bien,
Enrique Peña Nieto. Lo vivió en
carne propia. Durante la campaña
presidencial de 2012, el principal ataque en
su contra fue la de representar a un partido
con prácticas autoritarias y corruptas.
Los ataques le llovieron tanto del frente
panista como del izquierdista, así como del
efímero, pero eficaz, movimiento #YoSoy132.
Las críticas incluso continuaron después de
ganar la elección. Recordemos que el candidato
que quedó en segundo lugar argumentó
que había perdido por un “fraude electoral”.
Y a pesar de que no presentó pruebas contundentes,
muchos mexicanos le creyeron a
López Obrador. ¿Por qué? Pues precisamente
por la mala fama del PRI.
En agosto de 2012, ya como candidato
ganador, Peña trató de neutralizar las críticas
anunciando tres reformas para combatir la
corrupción y opacidad gubernamental. La
primera la medio cumplió ya que quedó
rasurada por las presiones de los actores
involucrados. Me refiero a la reforma para
ampliar las facultades del IFAI para también
transparentar a los gobiernos estatales y municipales,
así como los poderes Legislativo y
Judicial.
La segunda está durmiendo el sueño de los
justos. Nada se ha hecho al respecto. Me refiero
a la creación de “una instancia ciudadana
y autónoma que supervise la contratación de
publicidad entre los gobiernos y los medios
de comunicación”.
La tercera, quizá la más importante, sigue
atorada en el Congreso. Se trata de la fundación
de “un órgano con autonomía constitucional
que tenga facultades para investigar
y sancionar actos de corrupción de los tres
órdenes de gobierno y de los tres Poderes de
la Unión”. Esto es lo que originalmente había
propuesto Peña.
Pero cuando envió su iniciativa al Senado,
le limó mucho los dientes. En lugar de que
la Comisión Anti-corrupción tuviera facultades
de investigación judicial, tendría que
dar vista al Ministerio Público en caso de
encontrar corrupción. Ya no actuaría como
fiscalía. El resultado era algo idéntico a lo
que hacía la Secretaría de la Función Pública
(que, por cierto, formalmente desapareció
con la llegada de Peña a Los Pinos, aunque
sigue funcionando, muy disminuida, hasta
que supuestamente se cree la Comisión que
la sustituirá).
En su momento critiqué a Peña y su equipo
por estarle dando prioridad a estas tres iniciativas
en lugar de las reformas económicas.
Argumenté que había que seguir la receta de
Ruchir Sharma, autor de Breakout Nations:
In Pursuit of the Next Economic Miracles,
sobre lo que se requería para tener un boom
económico: “Un líder cuya prioridad sea la
economía; que todo lo demás pase a un segundo
plano”.
Durante el segundo semestre de 2012, a
punto de tomar posesión, me parecía que el
próximo Presidente debería seguir esa receta.
Afortunadamente, ya en el gobierno, Peña
lo hizo. Dejó a un lado su promesa de empujar
las tres iniciativas para defenderse de los ataques
de la oposición y se concentró en sacar
adelante todas las reformas económicas.
Hizo lo correcto. La pregunta es qué
sigue: ¿podemos esperar que ahora sí se
aprueben las tres iniciativas originalmente
propuestas por Peña?
No lo veo muy claro. En primer lugar
porque el gobierno ya logró que se aprobaran
las reformas económicas pero ahora tiene
el inmenso reto de implementarlas bien.
Esto implica seguirle dando prioridad a las
reformas energética, financiera y de telecomunicaciones.
En segundo lugar, en realidad el gobierno
ya no tiene incentivos para empujar reformas
relacionadas con la transparencia, gastos
publicitarios y anti-corrupción, como sí los
tenía en 2012.
El estatus-quo los favorece. Pueden operar
con más grados de libertad con una medio
Secretaría de la Función Pública que con una
Comisión Anti-corrupción poderosa. ¿Para
qué mover el barco si el viaje está muy cómodo
para ellos?
Lo cual me lleva al último punto: tendría
que ser la oposición panista e izquierdista la
que empujara estas reformas, sobre todo la
de anti-corrupción. A ellos es a quien más les
conviene esta agenda. Pero tienen un problema.
La oposición unida no tiene los votos en
el Congreso para aprobarlas.
Necesitaría del apoyo del PRI. Pero el
gobierno priista ya no requiere de la oposición
para sacar las reformas estructurales
importantes. Entonces, ¿para qué apoyarlos?
¿Por buena onda? No lo creo. Así que, en
conclusión, me parece que va a ser muy difícil
que la agenda anti-corrupción prospere en lo
que resta de este gobierno.
Twitter: @leozuckermann