2014-09-02 | 21:36:58

“No falta dinero, sobran ladrones”. Directo y claro, sostienen pensionados y activos en contra de apresurada ley y simulación como solución.
Nuestros viejos están en las calles, en la lucha que no esperaban ni merecen tener. Muchos de ellos enfermos, cansados, discapacitados, en silla de ruedas o en muletas se inconforman y protestan. No están, ni estarán solos. Es apenas el principio.

Memoria de últimos sexenios
Historia repetida que el olvido oculta y distorsiona. Sexenio tras sexenio, se reproduce crisis de pensiones y su recurrente tragicomedia, pero en mayores proporciones y con peores consecuencias.
La diferencia es que esta vez, con la apresurada aprobación de una ley, si algún aspecto positivo tiene, queda borrado, menospreciado o minimizado por la innecesaria imposición legislativa exprés. ¿Qué de la irresponsabilidad de diputados? ¿Qué de la complacencia, complicidad y encubrimiento del ORFIS y la Contraloría General? ¿Dónde están informes de gobierno y otros reportes oficiales, del “vamos bien y viene lo mejor”?
Injusto ignorar y callar: pensionados y activos son víctimas, no causan la crisis. ¿Y los presuntos responsables y prófugos potenciales?
Inocultable, legislar rápido y sin reflexionar, ocasiona malestar creciente, no solo de los afectados presentes y futuros pensionados, sino también de la población en general que, por encima de discursos y promesas, continúa en empobrecimiento y endeudamiento crecientes, en persistente inseguridad y violencia.
Por lo pronto y a reserva de profundizar en los importantes y determinantes detalles, de esta situación ocasionada por la reciente ley aprobada, entre otros, destacan tres aspectos generales: legalidad, legitimidad y efectividad.
Aspectos que agrupan diversas actividades, mismas en las que se enfocará este breve comentario.
Uno, legalidad en conflicto. Urge asegurar la fundamentación necesaria con el Estado de Derecho, nacional e internacional, para reducir y eliminar contradicciones e inconsistencias que pueden provocar afectaciones, conflictos y problemas; esto es, es indispensable ajustar y reajustar lo reformado, para consolidar la solidez legal y viabilidad de aplicación o puesta en práctica. Poniendo particular atención a lo relativo a garantía y respeto de Derechos Humanos y Sociales, que las pensiones requieren y los beneficiarios reclaman.
Dos, legitimación en duda o rechazo. Simplemente tener presente que en una Democracia, todo acto de gobierno debe legitimarse; esto es, obtener consenso social, aceptación y respaldo de la población. Es notorio que la nueva ley es rechazada, en buena medida, al afectar libertades y derechos alcanzados, al ser contradictoria o confusa en algunas de sus partes.
Y tres, efectividad en consecución de objetivos y soluciones. Hay que cerciorarse si como quedó, si tal como está, resuelve la crisis en la que se encuentra el IPE. La respuesta es simple, el problema principal no está resuelto, en tres o cuatro años de nuevo hará crisis; sobre todo si no hay seguimiento y control, fiscalización verdadera y evaluación constante.
Entre lo más cuestionado, es que no propicia que se aclare y muestre monto, uso y destino de fondos acumulados y reservas laboriosa y pacientemente reunidas, concluyendo que, “ni borrón, ni cuenta nueva”.
Además, extraña sobremanera, que dispone, preferentemente, seguir manejando los recursos como si fueran públicos y no como un fondo de ahorro de los trabajadores; injustamente, continua negando y privando a pensionados, de participación y representación en el manejo y decisiones de sus propios recursos y asuntos; persiste en mantener opacidad y discrecionalidad, como ocultar la lista de los superprivilegiados y la cuestionada injerencia gubernamental; y, sobre todo, facilita complacencia y falta de aplicación de la ley, que ocasiona pérdidas, retrocesos y crisis a la institución. Incluso se sostiene, que no es necesaria otra ley, porque la costumbre es que no se cumpla, ni se haga cumplir. En muchas formas, ineficiencia, delincuencia e impunidad permanecen activas.
Por lo demás, aspectos de legalidad, legitimidad y efectividad condicionan toda política pública y acción de gobierno. De ahí que en sistemas democráticos es inaceptable e improcedente cualquier versión de “la ley de Herodes”.
Las inconformidades y protestas apenas empiezan, destacándose acciones legales como la promoción de amparos, pero ahí no terminarán. Es previsible, movilización creciente.

De magnitud y complejidad
El problema, sin duda, es económico; pero también, al mismo tiempo, es administrativo y político. En suma, es de gobernabilidad y buen gobierno.
A pérdidas y administración sometida y responsabilizada, hay que agregar uso y abuso de atribuciones e incumplimiento de obligaciones gubernamentales que, en el mejor de los casos se aceptan y posponen, para al final negarse y no consumarse.
En contextos más amplios, no hay que olvidar que la repetida historia de ineficiencia y delincuencia en gobiernos; de desatención y falta de solución a necesidades, exigencias y problemas sociales, originan en gran parte, falta de credibilidad y confianza, y hasta desobediencia y resistencia civil, que puede desembocar en inestabilidad e inseguridad, en enfrentamientos y violencia.
No se necesita ser experto para asegurar que toda ley humana no es perfecta, completa y pura. Tampoco para entender porque, por principio de legitimación, en un sistema democrático cualquier “ley de Herodes” ocasiona inconformidad y rechazo. La población no está obligada a obedecer, respetar y aplicar una ley total o parcialmente injusta, inapropiada, contradictoria o adversa.
Por eso, ante posible resistencia o desobediencia civil; reclamos de garantía y respeto al simple ejercicio de derechos y libertades; y concreción de soluciones verdaderas, precisa tener presente que se tienen alternativas de solución, o cuando menos de atención y respuesta inmediata a los problemas y requerimientos sociales.
Facilitar diálogo, atender protestas, considerar reclamos. Ajustar, clarificar y precisar contenidos de lo reformado, explicar procedimientos y alcances, es posible y deseable. Es un derecho social y humano que no se puede ignorar y desatender.
Alternativas pertinentes, si poderes legislativo y ejecutivo, directamente involucrados en el problema (que crearon), se ponen a trabajar con responsabilidad y profesionalismo. No hay de otra. A menos que lo que se pretenda sea causar problemas y complicarlos.

Novedades de otras verdades
“De saliva y promesas, no viven las empresas”, sostiene Antonio Pino, representante de CANACINTRA-Xalapa. A esto dicho, ¿qué agregar?

@RafaelAriasH