2014-09-24 | 09:59:17

Las tan promocionadas y esperanzadoras reformas
están en riesgo de no alcanzar sus objetivos
e incluso desviarse y mermarse, tanto en
alcances sociales como en logros económicos.
Pasar de las palabras a los hechos no va ser
fácil, ni rápido.
Desde luego que hay unos obstáculos más
complicados que otros. De ellos, el más simple
y a la vez el más difícil es el del combate
a la delincuencia gubernamental. Erradicar
corrupción es inicio de solución de alcances
sociales alentadores.
Inútil negar la existencia y magnitud del
problema. Injusto persistir en la simulación
cómplice del “no pasa nada y todo va bien”. La
naturaleza del daño y sus consecuencias, se
saben dentro y fuera del país. México, líder en
corrupción. La ONU sostiene que erradicarla
mundialmente es prioritario.
Tal vez por eso, hace más de dos años el entonces
presidente electo. Enrique Peña Nieto
se comprometió a iniciar sus reformas con tres
acciones anticorrupción gubernamental, que
incluso en un artículo definió como el “comienzo
del cambio”.
Cambio y comienzo que siguen pendientes
y, para empezar distorsionados en su idea original,
ya que ahora resulta que se pretenden
concentrar nuevas y viejas atribuciones en
una dependencia del mismo gobierno al que
se pretende vigilar y limpiar.
De cualquier forma. Hoy, todavía no se hace
realidad el compromiso adquirido y el gobierno
sigue dando largas a la atención y solución de
este problema determinante y trascendente en
todo ámbito ciudadano, empresarial y social.
Repetir e insistir lo comprobado, que el combate
a la corrupción gubernamental, empieza
con la disposición de buena información para
impulsar mayor participación social y asegurar
una acción institucional efectiva. Imprescindible,
más y mejor acceso a información y no
ocultamiento, manipulación y simulación.
La injusticia a otros, es a nosotros
Obligado atender el tema, ya que podrían estar
en peligro libertades y derechos ciudadanos y
sociales, vinculados con transparencia, acceso
a la información y rendición de cuentas, verdaderas
y efectivas, no simuladas o controladas.
Incluso, debe señalarse, que silenciar y
controlar medios, expone de muchas formas
la eficiencia y eficacia gubernamentales.
Preciso repetir, insistir que la falta de información
desalienta, distorsiona o minimiza
la presencia y participación activa, ciudadana
y social en la permanente lucha contra la delincuencia
dentro y fuera de los gobiernos. La
disponibilidad de información objetiva, actualizada
y confiable, es vital para saber distinguir
entre logro y pendiente, retroceso o avances,
acierto y error, pérdida y beneficio. No se puede
corregir, reforzar, mantener o cambiar lo que
no se conoce.
Por estas y otras razones preocupa y ocupa,
toda señal de alerta. Porque para no perder la
costumbre, persiste la tentación voluntariosa,
abusiva y dictatorial gubernamental; está
presente y activa en ámbitos federal, estatal y
municipal.
Recurrentes y persistentes, con otros rostros
y nombres, los mismos depredadores del
efímero poder público intentan ir más allá de
su mediocridad, ineficiencia e ineptitud; de
su perversión y transgresión gubernamental.
Total, saben que complacencia y complicidad
aseguran impunidad. Más, si lo que hacen
y deshacen no se sabe, minimiza o distorsiona;
de ahí que ocultar, silenciar, deformar y controlar
la información sea una de sus actividades
delincuenciales persistentes en el gobierno.
Objetivo: impedir transparencia, acceso a la
información, fiscalización efectiva y verdadera
rendición de cuentas. A lo más, simulación,
entretenimiento y autopromoción, cuesten lo
que cueste.
Peligros y alerta
La Jornada, en su editorial de aniversario, titulado
“Tres décadas”, hace señalamientos que no
pueden ni deben ser ignorados o desatendidos.
“Cabe preguntarse, en esta circunstancia, si
los impagos mencionados son un mero descuido
burocrático o una forma específica de presión
sobre la línea editorial del diario. Sin afán de
prejuzgar, hay un hecho inquietante y grave: el
bloqueo de publicidad que la Federación y los
gobiernos estatales han impuesto a la revista
Proceso, que es sin duda la publicación política
semanal más importante del país y, como La
Jornada, un medio que ha destacado por su
independencia.
“Tal medida constituye una regresión de
siete lustros a tiempos de autoritarismo presidencial
que se suponía superados: ‘no pago
para que me peguen’, explicó José López Portillo
cuando impuso el embargo publicitario a
Proceso a finales de los años 70 del siglo pasado,
en lo que fue una valoración aberrante, tanto
porque pretendía reducir la institucionalidad
federal a su persona, como porque el erario no
era suyo, sino de la nación”.
“Hasta la fecha, el manejo discrecional y patrimonialista
de los anuncios del sector público
sigue siendo una amenaza para la subsistencia
de los medios independientes y, por consiguiente,
para la libertad de expresión y el derecho a
la información. El ámbito institucional no ha
comprendido que la comunicación social es una
obligación y que los recursos destinados a ella
son dinero público que debe ser distribuido en
forma equitativa y proporcional entre los medios,
al margen de diferencias o de disgustos por
sus respectivas líneas editoriales”. (La Jornada.
Proceso. 190914)
Es imperativo, trato gubernamental justo a
medios de comunicación.
En la pluralidad es normal encontrar variados
y hasta opuestos puntos de vista. El Estado
está obligado a garantizar a todos el ejerció de
libertades y derechos y no puede ni debe, utilizar
contratación y pago de servicios adquiridos
o de futura posibilidad, posponiendo, condicionando
y aprovechando deudas adquiridas
o posibles contrataciones ofrecidas.
Manipular y pretender someter medios y
comunicadores, para silenciarlos o utilizarlos
es una vieja e indebida práctica, que vuelve
más inútil con la revolución tecnológica que
se vive y dispone. Ahora, cualquier ciudadano o
grupo, puede lograr comunicación instantánea
y hasta global. Inútil y costoso pretender ocultar
lo inocultable. Además, ¿cómo combatir
delincuencia y corrupción dentro y fuera del
gobierno sin información? ¿Cómo asegurar y
fortalecer participación social, sin información
actualizada y confiable?
Se puede estar a favor o en contra de opiniones
difundidas por un medio, pero nunca se
puede estar de acuerdo en silenciarlo, estrangularlo
y destruirlo.
Injustificable e inaceptable usar el poder
gubernamental para desaparecer, agredir o
perseguir periodistas, por expresar sus ideas.
@RafaelArias