2014-10-14 | 09:38:56

Hace un mes, el sábado 6 de septiembre,
entrevistado en el puerto de
Coatzacoalcos acerca de los recientes
secuestros y homicidios que conmocionaron
a esa región de Veracruz, el
senador priista Héctor Yunes Landa
declaró que “enfrentar al crimen es
un tema que requiere integralidad y
de una decisión de todos de decir ‘¡Ya
basta! Ya estamos hasta la madre de
esto”.
Horas después, a través de un boletín
oficial difundido ese mismo sábado
por sus operadores de prensa, Yunes
Landa intentó matizar lo que había
declarado en el antiguo Puerto México,
pero lo cierto es que el aspirante a la
gubernatura solo transmitió el verdadero
sentir de muchos mexicanos y
particularmente de sus representados
ante el Congreso de la Unión.
En un comunicado oficial, el exsubsecretario
de Gobierno y exdirigente
estatal del PRI tuvo que reconocer
que ese día, en el marco de una gira de
trabajo por la ciudad de Coatzacoalcos,
había hecho efectivamente dicha
declaración “en un lenguaje coloquial
y veracruzano, ciudadano”, pero que
también resaltó, entre otros aspectos,
que la inseguridad que sufrimos es una
consecuencia, “el efecto de doce años de
desatención y de errores en la política
federal”, en evidente alusión a las dos
administraciones presidenciales del
PAN.
En cambio, expuso que “el gobierno
de Enrique Peña Nieto está cumpliendo
sus compromisos en esta materia: la
creación de la Gendarmería es prueba
de ello”. Refrendó su postura “de que
México está avanzando en el camino
adecuado”, puntualizando que “solo
cuando entendamos que la violencia
posee dimensiones sociales, económicas
y legales, podremos abatir la
inseguridad.”
Y expuso: “Es indudable que los gobiernos
priistas están realizando una
tarea a fondo y comprometida. Hemos
realizado reformas para generar empleo.
Hemos fortalecido la educación.
Hemos reestructurado los programas
sociales para vincularlos a la actividad
productiva. Hemos aprobado la integración
de las estructuras vinculadas
a la seguridad en mandos centralizados
y conectados. Aprobamos la
autonomía del Ministerio Público. El
fortalecimiento de los juicios orales.
Y, como mencioné, de la creación de la
Gendarmería. Hay una formación más
profesional de los cuerpos de seguridad
y prevención en los estados, incluidos
los de Veracruz.”
Después afirmó que “los datos más
recientes hablan de una disminución
de los índices delictivos, particularmente
los homicidios”, y que “estas
estadísticas han sido reconocidas por
organismos internacionales”, pero a la
vez reconoció que “no obstante, a pesar
de que vamos en el camino correcto,
persiste la angustia de nuestras familias
y la inseguridad en diversas zonas
del país.”
Ni siquiera había pasado un mes
de esta declaración del senador Yunes
Landa cuando en Iguala, Guerrero,
fueron desaparecidos 43 estudiantes
normalistas de Ayotzinapa –seis de
los cuales fueron masacrados, cuyos
cadáveres fueron hallados en fosas
clandestinas-, sumándose, además,
el escándalo por la ejecución de 22
personas por elementos del Ejército
en el municipio de Tlatlaya, Estado de
México, cuyas muertes ocurridas el
30 de junio pasado se había atribuido
originalmente, de manera oficial, a un
enfrentamiento entre la milicia y una
banda de secuestradores.
Todavía a finales de septiembre,
tres meses después del suceso, el secretario
de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, sostuvo su escepticismo
a pesar de la abrumadora evidencia. El
hidalguense dijo que de comprobarse
los hechos sería solo una acción aislada
del Ejército.
Posteriormente la PGR solo halló
culpables a tres militares. ¿Y los demás,
incluyendo el mando superior, solo miraron
sin hacer nada? ¿Por qué nadie
dijo nada antes de que una testigo diera
su versión a defensores de los derechos
humanos y se conociera la verdad a
través de los medios de comunicación?
Sobre este caso llama la atención
que ni el senador Yunes Landa, del
PRI, ni su compañero de escaño,
Fernando Yunes Márquez, del PAN
–quien preside en la Cámara Alta del
Congreso de la Unión la Comisión de
Defensa Nacional, es secretario de la
de Seguridad Pública e integrante de la
de Gobernación, además de que en su
trayectoria pública presume haber sido
a los 25 años de edad subdirector de
Asuntos Jurídicos e Internacionales de
la PGR y, posteriormente, entre 2008
y 2009, asesor del Procurador General
de la República–, hayan hecho un
pronunciamiento fuerte o, inclusive,
propusieran citar ante el Senado a los
secretarios de Estado y demás funcionarios
federales implicados directamente
en el esclarecimiento de estos
aberrantes hechos que inicialmente se
pretendieron encubrir.
En cambio, respecto a los acontecimientos
de Iguala, Guerrero, el
legislador priista acaba de escribir
un artículo en el que dice sumarse “a
las millones de voces que expresan su
indignación, consternación y pena por
el acto de barbarie contra estudiantes
de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa”,
y expone que “la sociedad
mexicana no soporta un solo acto más
de intolerancia que ponga en riesgo la
vida de nuestras familias”.
“Los tiempos del ‘México Bárbaro’
del que habló John Kenneth Turner,
deben quedar atrás. No estamos dispuestos
a soportar el uso de la violencia
desmedida, ni las desapariciones forzadas”,
apunta Yunes Landa.
¿Y las ejecuciones militares de Tlatlaya,
en el Estado de México?