2014-10-15 | 10:22:19

“La verdadera libertad requiere del estado de derecho, en que los derechos de unos no se aseguren negando los de otros.”
Jonathan Sacks

Los normalistas de Michoacán secuestraron esta semana 35 autobuses de servicio interurbano para trasladarse a Guerrero y apoyar las movilizaciones en protesta por la desaparición de 43 compañeros. En esta ocasión la policía estatal sí se movilizó, pero no para rescatar los vehículos sino para dar protección a los estudiantes en el trayecto hacia Guerrero.
Carlos Hugo Castellanos, secretario de seguridad pública de Michoacán, declaró: “Iremos con ellos, los escoltaremos y estaremos en coordinación con Policía Federal para que los escolten estado por estado… Estamos ya coordinándonos con el esquema de Policía Federal para bridarle protección en todo momento a los normalistas para este derecho de manifestación que van a hacer en otro lugar del país.”
La verdad es que yo no sabía que el derecho de manifestación incluía el robo de vehículos. La decisión del secretario de seguridad pública es, de hecho, inquietante. Nadie objetaría si él entregara sus propios vehículos para apoyar a los normalistas. Pero no. El jefe de la policía michoacana está aceptando que no aplicará la ley cuando los normalistas roben los vehículos de los demás.
A los dueños de los autobuses siempre se les ha dicho que en vez de quejarse deben presentar denuncias ante el ministerio público. Sin embargo, la Cámara Nacional de Transporte de Pasajeros y Turismo afirma que sus agremiados han presentado 172 denuncias sin que la autoridad haya hecho nada. El año pasado 11 unidades fueron quemadas por los normalistas, pero los responsables salieron libres con fianzas de 7 mil pesos que pagó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
En Michoacán, Guerrero y Oaxaca se vive la desaparición del estado de derecho. El ataque a balazos de la policía municipal de Iguala a los normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fue, por supuesto, una violación a la ley y los responsables deben ser sancionados por homicidio doloso y abuso de autoridad. Quienes hayan secuestrado a los 43 desaparecidos deben ser igualmente juzgados y castigados. Pero eso no significa que se deje de aplicar la ley a los normalistas que han secuestrado autobuses, retenido a empleados contra su voluntad en el Palacio de Gobierno y quemado este palacio, así como la sede del congreso del estado y el edificio del ayuntamiento de Chilpancingo.
Las autoridades podían argumentar antes que carecían de capacidad para aplicar la ley, pero cuando un secretario de seguridad pública afirma públicamente que va dar escolta a personas que se han coludido para secuestrar 35 autobuses, con lo que se configura no sólo el delito de robo sino también el de asociación delictuosa, se llega a un punto inaceptable. El funcionario que ha jurado obedecer y aplicar la ley utiliza la fuerza pública para un acto de complicidad en un delito.
El conflicto con los normalistas se ha convertido en un juego de violaciones a la ley. Los abusos empiezan cuando los estudiantes, con el apoyo de la CNTE, exigen que se les entreguen plazas de manera automática como si los puestos públicos fueran propiedad privada. La desidia de las autoridades ante robos y quemas de vehículos crea un ambiente de ilegalidad. El secuestro y aparente homicidio de normalistas es el acto criminal más grave de toda la cadena.
El actual conflicto de los normalistas sólo puede resolverse con un gobierno que se atreva a aplicar la ley a todos. Pero los gobiernos de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, así como el federal, parecen aterrados ante esta posibilidad.


Gasolina y crudo

Como consecuencia de la baja en los precios internacionales del petróleo, la gasolina en México ya es 33 por ciento más cara en México que en los Estados Unidos. Por otra parte, la mezcla de crudo mexicano de exportación se cotizaba ayer en 80.18 dólares por barril, mientras que el precio que Hacienda usó para el presupuesto de 2015 es de 82 dólares.

Twitter: @SergioSarmiento