2014-10-17 | 09:44:04

Ante los aberrantes sucesos ocurridos
en Iguala, Guerrero, no estaría mal que
los gobernadores y alcaldes de otras
entidades del país pusieran sus barbas
a remojar porque ante la crisis política
que ha detonado la desaparición de los
43 normalistas de Ayotzinapa y que
ha desacreditado mundialmente a su
administración, el presidente Enrique
Peña Nieto estaría por apretar tuercas
en los otros dos niveles de gobierno, cuya
debilidad institucional ha prohijado las
complicidades de sus funcionarios con
grupos criminales.
Y es que este jueves 16, en Xochitepec,
Morelos, donde inauguró el Foro
Internacional Alternativas Verdes,
Peña Nieto anunció que más tarde se
reuniría con su Gabinete de Seguridad
para evaluar los avances de la investigación
sobre la desaparición de los
normalistas en Iguala, y tras agradecer
públicamente la solidaridad que le han
mostrado los gobernadores, insistió
que esta trágica situación representa
un gran reto para su régimen, pero
también para el Estado en su conjunto,
pues dijo que deben definirse tareas
para fortalecer la institucionalidad de
los municipios.
“El Estado en su conjunto deberá
definir cuáles serán los mecanismos,
las políticas, el marco normativo que
impulsaremos para que los órdenes
municipales, especialmente, cuenten
con mayor fortaleza institucional”, señaló
el presidente ante el mandatario
anfitrión, el morelense Graco Ramírez,
y de los gobernadores de Puebla e Hidalgo,
y del Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, ahí presentes.
En Veracruz, por ejemplo, se sabe al
menos del caso de un alcalde priista de
un municipio muy cercano a Xalapa,
que a principios de este año se confrontó
fuertemente con el secretario de Seguridad
Pública del estado, Arturo Bermúdez
Zurita, por haber incorporado
en la policía municipal a elementos que
habían sido despedidos de la SSP porque
se les comprobó –y presuntamente
hasta ellos mismos lo reconocieron– que
estaban al servicio de un poderoso grupo
delictivo.
Son los mismos policías que recientemente
fueron implicados y detenidos
por el secuestro, tortura y ejecución de
un relevante funcionario municipal que
le había sido impuesto al alcalde por un
exgobernador que todavía ejerce gran
influencia transexenal.
Y es que, con todos los indicios que
existen –incluidos los señalamientos
que presuntamente habrían hecho en
contra del edil los policías municipales
en su declaración ministerial–, no se
entiende aún cómo es que la Procuraduría
General de Justicia del Estado no
ha procedido y solicitado al Congreso
local el desafuero del munícipe.
Este jueves, ante el emplazamiento
público que le hizo la dirigencia nacional
de su partido, el PRD, para que
tome una decisión a la brevedad sobre su
permanencia en el cargo, el gobernador
perredista de Guerrero, Ángel Aguirre
Rivero, tuvo que separar de la Secretaría
de Salud a Lázaro Mazón Alonso, uno de
sus delfines para sucederlo en la gubernatura,
el cual será investigado por sus
supuestos nexos con el alcalde prófugo
de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Y ayer mismo también, como por
arte de magia, agentes de la Policía
Ministerial del estado detuvieron en
Acapulco al expanista Aldy Manuel
González Rodríguez, acusado de la
muerte del secretario general del PAN
en la entidad, Braulio Zaragoza Maganda
Villanueva. El exmilitante del
partido blanquiazul fue aprehendido
junto con su hermano Eder González.
El pasado 28 de septiembre, dos
días después de la desaparición de los
43 normalistas en Iguala, un hombre
en solitario ejecutó, con tres impactos
por la espalda, a Maganda Villanueva
cuando se encontraba al interior del restaurante
del hotel El Mirador, frente a la
Quebrada en el Acapulco Tradicional.
A González Rodríguez ya se le había
acusado anteriormente del asesinato,
en el 2007, del diputado panista Jorge
Bajos Valverde, en el sexenio del gobernador
Zeferino Torreblanca Galindo,
también del PRD.
Durante 4 años estuvo en prisión, pero
al cambio de administración estatal,
con la llegada de Ángel Aguirre Rivero,
el expanista salió en libertad.
Quién sabe hasta dónde lo dejen
o se atreva a llegar el presidente Peña
Nieto, pero lo cierto es que de seguir
consintiendo estas complicidades en
los gobiernos estatales y municipales,
muy difícilmente va a disminuir la inseguridad
y la violencia de las bandas
criminales.
Peña en Poza Rica
Que ahora sí, este lunes 20, en Poza Rica,
estará el presidente Enrique Peña Nieto
para relanzar el programa “Prospera”
que recién sustituyó a “Oportunidades”.
La visita presidencial fue confirmada
por Alberto Amador Leal, delegado
de la Secretaría de Gobernación en el
estado, quien supuestamente reporta
a la Segob todas las situaciones graves
que a veces ocurren en la entidad.