2014-10-18 | 09:48:18

Un ejército de principios puede penetrar donde
un ejército de soldados no pueden hacerlo.
Thomas Paine
Militares al ruedo por vacío de poder
Hacer un análisis de la efervescencia nacional a raíz de los
acontecimientos en Iguala, que se añade a un sinnúmero de
problemas más, nos lleva a buscar una mente capaz de ver y
entender lo complicado de la situación nacional.
En la historia hubo un físico, matemático, filósofo (entre
otras habilidades y conocimientos), inglés que pudo entender
la GRAVEDAD, hacer los cálculos necesarios, y desarrolló la
óptica para entender la naturaleza de los eventos.
Desafortunadamente no vemos a un Isaac Newton en la
política local que desde una óptica realista pueda calcular
la gravedad de lo que sucede en México. Posiblemente en
Burundi exista esa persona, pero aquí no.
La desigualdad, la pobreza, la impunidad, el agravio
se van sumando en distintos frentes sociales cuando se
descubre que por intereses comunes hay alianzas entre
delincuentes, policías, gobernantes y partidos políticos.
En Guerrero, y no es el único estado en esas condiciones,
los vacíos de poder fueron, por la fuerza y por la política,
ocupados por la delincuencia organizada que coptó a la
seguridad local, ante el abandono y complacencia de los
gobernantes.
Bajo el descontrol, el estado mexicano, tarde y rebasado,
decide utilizar a las fuerzas armadas que constitucional y
legalmente no están respaldadas, tampoco capacitadas
para hacer frente a los cárteles con mejores armamentos
y decisión.
Como resultado tenemos ejecuciones y juicios sumarios
realizados por algunos miembros de las fuerzas federales,
con el conocimiento incluso de los gobernadores y jefes
militares.
Militares y marinos -a los que se les pide acabar con
el f lagelo, con la consigna de que están salvando al país,
arriesgando la vida- son muchas veces salvajemente
torturados y vejados cuando caen en manos de los
delincuentes.
Miembros de las fuerzas armadas haciendo un trabajo
que no les toca, que no lo hacen de manera adecuada y con
apego a las leyes y derechos humanos, obedeciendo órdenes
superiores. Y cuando se descubre que son tan bárbaros
como sus adversarios, entre los que se encuentran muchos
exmilitares, son enjuiciados y encarcelados por atender las
órdenes superiores.
Esta molestia también va creciendo entre las fuerzas
castrenses.
Al igual que en el 68, el poder utiliza a las fuerzas armadas
de manera inadecuada, antes contra los estudiantes, ahora
en contra de grupos delincuenciales que crecieron con el
auspicio de gobiernos y también con la protección militar.
El problema radica en querer usarlos de nuevo, y ahora
para combatir a la delincuencia organizada, pero sin las
atribuciones legales necesarias, pero sobretodo usarlos para
algo que no les toca hacer.
Hace unos días la Comisión de la Verdad (Comverdad),
creada para investigar la “guerra sucia” que se desarrolló
precisamente en Guerrero en los sexenios de Gustavo Días
Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, determinó que por las
desapariciones, asesinatos, tortura, “vuelos de la muerte”
y militarización de poblados enteros, hace 40 años, con
documentos en los que se demuestra que el mismo secretario
de la defensa ordenó el “exterminio de la guerrilla”, urge a
aplicar las siguiente recomendaciones.
Destaca la Comverdad que se apliquen los criterios
de la justicia universal para la reparación integral: “Ésta
comprende la reivindicación de las víctimas, a quienes
las autoridades y la prensa de aquellos tiempos (1962-
1979) llamaban “maleantes”, “gavilleros” o “robavacas”,
devolviendo su dignidad de ciudadanos y luchadores y
honrando su memoria en distintos ámbitos”.
Algo muy importante y que toma relevancia actual es
que “se designen e identifiquen con claridad quienes fueron
durante esa etapa conocida como de “guerra sucia” víctimas
y victimarios de este periodo”.
Y de manera vergonzosa la Comverdad propuso
que el Congreso del estado guerrerense retire la placa
conmemorativa del Ejército mexicano (está exhibida en
un muro de honor de la sede del poder legislativo estatal),
en virtud de que fue ejecutor de la mayor parte de los casos
de violaciones a los derechos humanos.
El informe de Comverdad recomienda que “el Congreso
de Guerrero se avoque “con urgencia” a reformar las leyes
necesarias para contar con el marco legal necesario para
la tipificación del delito de desaparición forzosa. Estas
modificaciones del código penal local deberán ajustarse a los
criterios de la Convención Internacional sobre Desaparición
Forzada, que incluye decretar la imprescriptibilidad del
delito; la prohibición de incinerar cuerpos de personas
que se sospeche puedan estar relacionadas con un caso
de desaparición; la sanción a policías que no pongan de
inmediato a disposición del Ministerio Público a las
personas detenidas”
Pareciera que se quiere reescribir la historia y se repiten
los mismos acontecimientos, con diferentes matices y
circunstancias, pero sabemos que a la larga los jóvenes
siguen siendo las víctimas, y el Ejército utilizado y manchado
su nombre.
Comentarios, saludos y sin órdenes
superiores a sacbe25@gmail.com