2014-11-05 | 09:42:28

Preocupados por la creciente
irritación y movilización social
que cada vez cobra más fuerza
en la República Mexicana y con
repercusiones en el extranjero
por el caso de los 43 estudiantes normalistas
de Ayotzinapa que a casi 40 días de su desaparición
forzada aún no pueden ser hallados vivos
ni muertos por las Procuradurías y fuerzas
de seguridad de la Federación y del estado de
Guerrero, los dirigentes nacionales del PAN,
PRI y PRD, al unísono, en sendos comunicados
y pronunciamientos por separado difundidos
este domingo 2 de noviembre, pidieron
unir fuerzas a fin de frenar la violencia en el
país; impulsar un nuevo acuerdo nacional
para redireccionar y construir una “auténtica”
política de Estado en materia de seguridad,
con visión de largo plazo, así como combatir
a fondo la corrupción.
Este lunes 3, el presidente Peña Nieto
se sumó al llamado de los líderes de las tres
principales fuerzas partidistas y anunció que
antes de viajar a China convocará a la representación
del Estado mexicano, a los partidos
políticos y las organizaciones civiles para
firmar un acuerdo en materia de seguridad
y evitar hechos como los de Iguala.
El mandatario mexicano puntualizó que
el tema de la seguridad compete a todos,
no sólo al gobierno federal, por lo que independientemente
de las investigaciones que
se realizan por el caso de la desaparición de
43 normalistas, se deben emprender otras
acciones en conjunto.
“Dar la bienvenida a los posicionamientos
que han expresado los partidos políticos
y representantes de la sociedad civil por los
hechos ocurridos en Iguala para que unamos
esfuerzos en favor del Estado de Derecho,
combatir la corrupción y cerrar el paso a la
impunidad”, dijo en el acto protocolario de los
reglamentos de la reforma energética.
Todo hace suponer que esta iniciativa ha
sido impulsada desde la Presidencia de la
República para amortiguar las críticas hacia
Peña Nieto, quien ha sido cuestionado por
viajar a China y Australia mientras el país
sigue convulsionado por la desaparición de
los normalistas.
Y es que habría que preguntar si deveras,
para evitar en el futuro otros casos como
el de Iguala, es necesario firmar pactos o
acuerdos para que cada gobernante, procurador
de justicia, jefe policiaco o militar
cumpla cabal y oportunamente con su
deber legal, pues dicha tragedia evidenció
no sólo la complicidad e impunidad de las
autoridades municipales con un cártel de
la delincuencia organizada (Guerreros
Unidos) sino también la omisión de altos
funcionarios del gobierno del estado –que
inclusive facilitaron la huida del alcalde
José Luis Abarca y su esposa, detenidos la
madrugada de ayer en el Distrito Federal–,
así como la negligencia de la Procuraduría
General de la República, ya que desde el 12
de junio pasado había iniciado una averiguación
previa formal contra el ex munícipe
perredista, por el secuestro del líder social
Arturo Hernández Cardona, pero la PGR no
actuó sino hasta después de la desaparición
de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Según documentos judiciales, la Fiscalía
de Guerrero remitió en esa fecha los
tres tomos de la averiguación previa HID/
SC/01/0758/2013, para que la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada se hiciera a cargo de la
indagatoria contra el ex presidente municipal,
pero la dependencia federal fue pasiva.
La Subprocuraduría, a cargo aún de
Rodrigo Archundia, inició la averiguación
PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014, por el
delito de secuestro en agravio de Hernández
Cardona, Nicolás Mendoza Villa, el maestro
Gregorio Dante Cervantes, Efraín Amates
Luna, Félix Rafael Balderas Román, Héctor
Arroyo Delgado y Ángel Román Ramírez,
miembros de la organización cívica Unión
Popular. Dichos documentos son parte de la
causa penal 100/2014 del Juzgado Primero
de Distrito de Matamoros, en la que precisamente
se ordenó la aprehensión de Abarca y
de 23 policías y presuntos narcotraficantes.
El procurador Jesús Murillo Karam
declaró hace unos días que cuando revisó si
había una indagatoria por este caso, ubicó la
averiguación en la Procuraduría de Guerrero
y que ello le resultó suficiente porque ya se
investigaba en el fuero común.
Pero lo cierto es que la averiguación
existía desde mediados
de año y algunas fuentes federales
afirmaron que desde agosto la
PGR ya tenía los elementos suficientes
para actuar contra Abarca por el caso
de los activistas, pero no procedió a solicitar
su aprehensión sino hasta el 17 de octubre.
La orden de aprehensión librada contra el
alcalde con licencia corresponde de hecho a
esa averiguación previa que inició la SEIDO
desde el 12 de junio.
Pero de este caso tampoco se salvan las
secretarías de Gobernación y de la Defensa
Nacional, pues ni el CISEN ni el aparato de
inteligencia militar funcionaron oportunamente.
El secretario de Gobernación, Miguel
Osorio Chong, por ejemplo, dijo la semana
anterior que pidió al ex gobernador Ángel
Aguirre que vigilara a Abarca para evitar
que huyera, pues reiteró que su caso era del
fuero común, aunque el Juzgado ordenó la
captura del ex edil por delincuencia organizada,
el secuestro de Hernández Cardona y sus
compañeros, registrado en mayo de 2013 en
Iguala, así como por el homicidio del regidor
Justino Carbajal Salgado, registrado el 8 de
marzo de 2013.
Y, en cuanto a la Sedena, Salvador Bravo
Bárcenas, director de la Policía de Cocula,
declaró ante la PGR que el comandante César
Nava González, uno de los responsables de entregar
a los 43 normalistas de Ayotzinapa a los
Guerreros Unidos, fue detenido en agosto de
2013 por elementos del 27 Batallón de Infantería
de Iguala, pero que inexplicablemente
lo dejaron en libertad ese mismo día.
Nava fue acusado por Bravo de usar municiones
que no eran de la Policía y de arrebatarle
el control de la corporación mediante
amenazas. Sin embargo, a las pocas horas
regresó a sus actividades como subdirector
de la Policía municipal. Según relató Bravo
Bárcenas a la SEIDO el pasado 15 de octubre,
en menos de año y medio Nava infiltró y
logró poner a la Policía de Cocula al servicio
del crimen organizado, y que el Ejército fue
enterado pero no actuó.
¿Deveras se necesitará firmar un acuerdo
para que cada instancia ministerial, policiaca,
militar o de seguridad nacional cumpla
cabalmente con su deber legal tope donde
tope?