2014-11-10 | 09:55:10

Tan debilitado como aparentemente
está luego de la crisis
política detonada por la desaparición
de los 43 normalistas de
Ayotzinapa –un conflicto que seguramente
se prolongará varios
meses más, en tanto los peritajes
de la Procuraduría General de
la República no convenzan a
los incrédulos padres de los
estudiantes de que los restos
humanos que fueron hallados
cremados en el basurero de Cocula
corresponden a los cadáveres
de sus hijos–, en realidad se
ve muy difícil que la maltrecha
imagen del presidente Enrique
Peña Nieto vaya a ser un factor
relevante para catapultar el año
entrante a los candidatos del
PRI a la diputación federal.
Hasta finales de septiembre,
cuando era reconocido mundialmente
como el gran estadista
que había logrado operar
con el apoyo de la oposición las
grandes reformas estructurales
en México, Peña Nieto representaba
el principal asidero de los
futuros candidatos de su partido
al Congreso de la Unión.
Es más, hasta ese entonces
nadie dudaba que él iba a ser
el gran elector a la hora de definir
la lista de nominados por
el Revolucionario Institucional
en cada una de las entidades
federativas gobernadas por sus
correligionarios. Sin embargo,
la inesperada circunstancia,
gestada hace mes y medio, en
Iguala, Guerrero, parecería
haber modificado el orden de
los factores.
Así, pues, ante el evidente debilitamiento
de la figura presidencial
y el precipitado desgaste
de sus principales operadores
políticos, entre ellos el secretario
de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong –los cuales no pudieron
concretar el pacto contra
la violencia que Peña Nieto se
había comprometido a convocar
y firmar antes de que viajara ayer
a China–, al mexiquense parecería
no quedarle más remedio que
apoyarse en los gobernadores de
su partido para lograr mantener
la mayoría de diputados en la
nueva Legislatura federal.
Es cierto que hay mandatarios
estatales del PRI que en
cuanto a popularidad están
iguales o peor posicionados que
el Presidente, pero en cambio
tienen el control de estructuras
partidistas y electorales que
podrían garantizar el triunfo
de la mayoría de los candidatos
del tricolor en sus respectivas
entidades.
Ello, obviamente, les permitiría
condicionar la selección de
candidatos y meter mano en un
buen número de distritos donde
calculadoramente, con bastante
anticipación, comenzaron a
perfilar a funcionarios que han
venido promoviéndose abiertamente
con recursos públicos.
Es más, esta circunstancia
parecería hasta favorecer que
en algunas entidades como
Veracruz pudieran prosperar
reformas constitucionales como
la impulsada por el actual
grupo en el poder para elegir en
2016 un gobernador de dos años
para así homologar la sucesión
gubernamental del estado con
la presidencial a partir de 2018.
Y es que mientras el presidente
Peña Nieto y sus operadores
políticos no pudieron concretar
siquiera, con las dirigencias nacionales
del PAN y PRD, la firma
del pacto contra la violencia
que el Ejecutivo federal se había
comprometido públicamente a
convocar y firmar la semana
pasada –pues representantes
panistas y perredistas declararon
que ante el grave deterioro
institucional por la corrupción
e impunidad se requiere “un
acuerdo de gran calado” y que
ya no están dispuestos a “hacerle
el juego al Presidente” ni a “estar
presentes en ceremonias mediáticas
solo para la foto”–, acá en
Veracruz la administración del
gobernador Javier Duarte de
Ochoa parece tener amarrado
con las bancadas de los partidos
del sol azteca y del blanquiazul
el consenso en la LXIII Legislatura
local para sacar sin ningún
problema la iniciativa de
reforma constitucional que, de
manera paradójica, ha sido públicamente
desaprobada por los
senadores priistas Héctor Yunes
Landa y José Francisco Yunes
Zorrilla, los cuales aspiran, al
igual que Miguel Ángel Yunes
Linares, de Acción Nacional,
a ser gobernadores electos por
al menos cinco años, por lo que
han propuesto homologar hasta
2021, y no en 2018, la elección
local con la federal.
Sin embargo, la semana anterior
hubo indicios de que la
iniciativa duartista sigue firme.
El senador Yunes Zorrilla, por
ejemplo, dijo que a pesar de que
algunos actores políticos como
la presidenta del Instituto Electoral
Veracruzano, Carolina Viveros
García, dieron su respaldo
a esta propuesta, él sigue firme
en su opinión.
“Es algo que tendrá que valorar
el Congreso del Estado, no sé
si hay o no línea, lo que yo tengo
que sostener es que sería muy
desafortunado un periodo de
dos años y creo que no lo habrá”,
pues comentó que en sus giras
por la entidad ha constatado
que esta reforma ha generado
opiniones de malestar ciudadano
y eso podría derivar en un
escenario con un costo político
que el partido tricolor tendrá
que enfrentar.
No obstante, la titular del IEV
reviró que la homologación de la
ley político electoral estatal tiene
que estar a tono con la federal,
por lo que si en la propuesta se
cuenta con una gubernatura de
dos años o alcaldías de tres, se
tendrá que hacer. “No es a quién
le conviene, sino cómo vamos
nosotros a poder integrarnos
a la reforma electoral constitucional,
entonces se tienen que
buscar las formas y los métodos
y si éste es uno de ellos para
podernos homologar, adelante”,
declaró Viveros García.
Y anteayer, por si fuera poco,
la administración duartista ganó
otro importante aliado para
empujar este proyecto, se trata
de Rogelio Franco Castán quien
fue electo presidente del Comité
Ejecutivo Estatal del PRD.