2014-12-02 | 10:26:01

En un país parlamentario con partidos opositores de verdad, un caso como el de la casa blanca ya hubiera generado un voto de censura en el Parlamento en contra del Primer Ministro, la solicitud de disolver el gobierno y el llamado a nuevas elecciones. En un país presidencial como Estados Unidos, el Congreso ya hubiera comenzado el llamado impeachment o la acusación pública en contra del Presidente para removerlo del cargo. En México, sin embargo, no hay las condiciones para que el Poder Legislativo juzgue al presidente Peña Nieto por la presunta comisión de algún delito en su relación con un contratista propietario y financiador de la casa de su esposa. ¿Por qué?
En primer lugar porque, a diferencia de Estados Unidos, en México no procede el juicio político en contra del Presidente. Nuestra Constitución no considera al jefe del Ejecutivo dentro de la lista de servidores públicos sujetos a este procedimiento. La Carta Magna menciona que el Presidente solamente podrá ser procesado “por traición a la patria y delitos graves del orden común”.
El abogado Enrique Sánchez Bringas en un texto sobre el sistema de responsabilidades de nuestra Constitución así lo resume: “virtualmente el representante del Ejecutivo goza de una inmunidad absoluta, toda vez que no existe un criterio definido que permita delimitar lo que debe entender por ‘delitos graves del orden común’; y por lo que se refiere al supuesto de traición a la patria, atendiendo a la tipificación que de esa conducta hace el Código Penal Federal, es en exceso remota la posibilidad de que el presidente pueda ser encausado por tales motivos”. En conclusión, jurídicamente no se puede acusar a Peña Nieto.
Pero vamos a suponer por un momento que, al estilo estadounidense, el Congreso sí pudiera encausar al Presidente para removerlo de su puesto. Eso representaría un segundo problema: ¿quién en el Poder Legislativo tiene la legitimidad para acusar al jefe del Poder Ejecutivo de posible conflicto de interés e incluso de corrupción? Como diría Jesús: “Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”.
Revisemos la lista de coordinadores parlamentarios de los partidos en el Congreso. En el Senado están Jorge Luis Preciado del PAN, Emilio Gamboa del PRI, Miguel Barbosa del PRD, Jorge Emilio González del PVEM y Manuel Bartlett del PT. En la Cámara de Diputados: Manlio Fabio Beltrones del PRI, José Isabel Trejo del PAN, Miguel Alonso Raya del PRD, Arturo Escobar del PVEM, Alberto Anaya del PT, Ricardo Monreal de MC y María Sanjuana Cerda del PANAL. Juzgue usted si estos personajes podrían tirarle la piedra al presidente Peña.
Supongamos, otra vez, que sí. ¿Aguantaría el país una larga y polarizadora acusación pública del Congreso en contra del Presidente? En Estados Unidos, el Legislativo procesó a Bill Clinton por los presuntos delitos de perjurio, obstrucción de la justicia y abuso de poder en el caso Lewinsky. Más de un año se tardó este proceso en el que el Presidente finalmente fue absuelto. Durante ese tiempo, las instituciones de ese país siguieron funcionando.
Esto se debe a la fortaleza de una democracia que tiene más de 200 años y un federalismo donde el gobierno federal puede funcionar a medio vapor sin tener consecuencias importantes.
No es el caso de México. Aquí el gobierno federal tiene una presencia política mucho más pesada que en Estados Unidos. Además, nuestro entramado institucional democrático es todavía frágil. Tengo la impresión que, a diferencia del vecino del norte, aquí se generarían consecuencias muy dolorosas por un impeachment presidencial. La economía, por ejemplo, sufriría un descalabro de grandes proporciones.
Por estas tres razones (impedimento jurídico, un Congreso incapaz de procesar demandas relacionadas con corrupción y la fragilidad institucional de nuestra democracia) debemos olvidarnos de la posibilidad de enjuiciar al presidente Peña por la casa blanca. Pero eso no hará que el problema se resuelva. Ahí seguirá presente afectando las acciones del gobierno. Y he ahí, me parece, el meollo de la cuestión: ni se puede acusar legalmente al Presidente pero muchos ya lo consideran culpable. La única corte que enfrentará a lo largo de los cuatro años que le quedan será una de las más duras: la de la opinión pública.


Twitter: @leozuckermann