2014-12-02 | 10:27:06

“Estoy cansada de ser tratada como una ciudadana de segunda clase”.
Rosa Parks

Ya ninguna autoridad se atreve a hacer nada. Ayer fue bloqueado todo el día el aeropuerto de Oaxaca. La autoridad no quiso hacer nada y simplemente se suspendieron todos los vuelos. Hubo cierres también de carreteras en buena parte del estado. En Acapulco fueron cerrados los principales supermercados ante las amenazas de violencia. En distintos puntos del país se realizaron las cada vez más populares tomas de casetas con las que los grupos que dicen protestar contra el gobierno aprovechan para hacerse de buenas cantidades de dinero… por las que, por supuesto, no pagan impuestos.
No es necesario contar con mucha gente para realizar bloqueos. Diez o 20 activistas en cada punto son suficientes. Cuando los gobiernos federal, estatal y municipal se aterran ante los grupos de presión, cerrar una carretera o un aeropuerto, o cobrar un peaje de extorsión, es una tarea muy fácil.
Los ciudadanos comunes y corrientes, esos mexicanos de segunda clase, son los que sufren las consecuencias. Los políticos se esconden en sus oficinas alternas y detrás de sus escoltas y se mueven si es necesario en helicóptero. No tienen problema si no llegan a una cita de trabajo. Nadie les va a descontar el día.
Los activistas políticos, mientras tanto, siguen recibiendo su dinero del erario. Muchos de los que protagonizaron ayer los bloqueos y otras agresiones a la población son maestros de la CNTE. Saben que el gobierno les pagará sus quincenas aunque no se presenten a trabajar.
Los ciudadanos, en cambio, sufren una y otra vez las vejaciones de los grupos de poder. Son los que se quedan sin ganar un ingreso el día de las movilizaciones o bloqueos. Son los que pierden recursos cuando los viajeros ya no se atreven a moverse por el país. Son los que siguen pagando con sus impuestos el mantenimiento de un gobierno ineficiente y cobarde que no se atreve a cumplir con sus funciones más elementales.
Los líderes dicen que hacen bloqueos por elevadísimas razones de justicia. Acusan a quienes los critican de ser insensibles ante el dolor de los padres de Ayotzinapa. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Uno puede simpatizar con los padres de Ayotzinapa y exigir justicia por los hechos de Iguala y Cocula, pero esto no significa que tenga uno que aceptar bloqueos o agresiones por parte de grupos que sólo buscan su beneficio.
Nadie se preocupa de los ciudadanos. Los dirigentes del movimiento ven a un gobierno débil y buscan forzar la renuncia del presidente. Si lo pueden lograr tomando a los ciudadanos como rehenes, no ven razón para no hacerlo. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ofrecía el domingo una advertencia a las autoridades de la capital y del país para que no interfirieran en las movilizaciones y bloqueos de este 1ro de diciembre. Las autoridades capitalinas optaron por no desplegar policías al paso de los activistas. Nadie se acuerda, sin embargo, de los ciudadanos afectados. La función de esos ciudadanos es pagar impuestos y callar.
Lo peor de todo es que las cosas, en vez de mejorar, seguirán empeorando para los ciudadanos. Hasta hace algunas semanas había cuando menos intentos de impedir los ataques a las vías de comunicación (sancionados con tres meses a siete años de cárcel por el artículo 533 de las Ley General de Vías de Comunicación). Ahora la autoridad ya ni siquiera trata de hacer cumplir la ley. Mejor cerrar el aeropuerto, aunque los pasajeros pierdan sus vuelos.
Los líderes de los grupos de presión saben que pueden obtener muchos privilegios si agreden a los ciudadanos.
Los funcionarios lo único que temen es a perder el poder si aplican la ley. El que siempre paga el costo es el ciudadano. Ninguna comisión de derechos humanos se acuerda de él.


Desaprobación

El desplome de la aprobación del presidente Peña Nieto es enorme.
En la encuesta de Reforma ya sólo aprueba su gestión un 39 por ciento de los mexicanos. Lo peor de todo es que nos faltan todavía cuatro años de gobierno.


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