2014-12-04 | 09:37:32

“Entre más corrupto el Estado,
mayor el número de leyes”.
Tácito
Los políticos mexicanos piensan que todo
problema se resuelve enmendando las leyes
o, mejor aún, la Constitución. Por eso no
sorprende que ante los bloqueos constantes
de calles y carreteras en el país los diputados
hayan decidido aprobar una enmienda al
artículo 11 de la Constitución.
El artículo 11 es el que actualmente señala
que toda persona tiene derecho a viajar
por el territorio nacional “sin necesidad de
carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto
u otros documentos semejantes”. La
nueva redacción, en caso de que el artículo
pase por todo el proceso de aprobación,
incluiría la frase: “El Estado garantizará
el derecho de toda persona a la movilidad
universal, atendiendo a los principios de
igualdad, accesibilidad, disponibilidad y
sustentabilidad”.
Esta adición al artículo constitucional
fue aprobada con el voto de 292 diputados,
pero la rechazaron 100 diputados del
PRD, el Partido del Trabajo y Movimiento
Ciudadano. Los legisladores de izquierda
dijeron que ven la iniciativa como una propuesta
para reprimir las movilizaciones y
los bloqueos de vías de comunicación que
se han convertido en un arma política pero
en una pesadilla cotidiana para millones
de mexicanos.
En realidad la enmienda simplemente
garantizaría “a toda persona” el derecho a la
“movilidad universal”. El que en México “toda
persona” pueda tener el derecho a usar las
vías de comunicación es, paradójicamente,
inaceptable a quienes se dicen progresistas.
Estamos acostumbrados a que en nuestro
país los políticos y los activistas tengan
derechos más amplios que los ciudadanos
comunes y corrientes. Quien asiste a una
movilización política tiene, por usos y costumbres,
un trato muy distinto al de cualquier
persona. Si un ciudadano se roba un
autobús de transporte público, por ejemplo,
es sancionado en caso de que se le detenga,
pero cuando un manifestante lo hace se dice
que está ejerciendo su derecho a protestar y
por lo tanto no se le castiga.
A pesar de que yo pienso que todos los
mexicanos deberíamos de ser iguales ante
la ley, y coincido por lo tanto filosóficamente
con la enmienda del artículo 11, estoy convencido
de que las leyes que tenemos ya
defienden el derecho de libre tránsito de los
mexicanos. En éste, como en tantos otros
casos, el problema no es de falta de leyes sino
más bien de su falta de aplicación.
A México no le faltan leyes. Si acaso
podemos decir que tenemos un exceso. El
jurista Diego Valadés me comentaba en una
ocasión que la Constitución de 1857 tenía
unas 9 mil palabras y la de 1917 alcanzaba
las 20 mil palabras, pero en la actualidad la
Constitución ya acumula unas 40 mil palabras.
El que haya más palabras no garantiza
calidad. La de 1857 fue seguramente nuestra
mejor Constitución.
El artículo 533 de la Ley de Vías Generales
de Comunicación ya define una sanción
de tres meses a siete años de cárcel, así como
multas de 100 a 500 veces el salario mínimo,
a quienes “dañen, perjudiquen o destruyan
las vías generales de comunicación, o los medios
de transporte… o total o parcialmente
interrumpan o deterioren los servicios que
operen en las vías generales de comunicación
o los medios de transporte”.
No hay que añadir una enmienda a las
cientos que ya existen en la Constitución
para dar igualdad a los ciudadanos frente
a los políticos en el uso de las vías de comunicación.
Sería cuestión simplemente
de aplicar la ley. Pero si el gobierno no se
atreve a hacer cumplir el artículo 533 de la
Ley de Vías Generales de Comunicación,
¿por qué habría de aplicar el nuevo artículo
undécimo constitucional y la Ley General de
Movilidad que se legislaría posteriormente?
Impuestos fallidos
El aumento al impuesto especial a los refrescos
ha costado 5 mil empleos y le dio
mucho dinero al gobierno, pero no ayudó a
combatir el sobrepeso y la obesidad. Esto dice
la Asociación Nacional de Productores de
Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac).
Subir impuestos en este 2014 parece no haber
ayudado a nadie más que un gobierno
despilfarrador.
Twitter: @SergioSarmiento