2014-12-09 | 21:53:39

@magzamu

Precisamente ayer el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alberto Sosa Hernández, expresaba que durante su encargo, al menos dos jueces han sido sometidos a un proceso penal por incurrir en irregularidades, es decir actos de corrupción durante su ejercicio, y para nadie es un secreto el involucramiento que durante años ha existido en el ámbito de la justicia, que ha hecho presente una constante impunidad.
Sosa Hernández se ha dicho consciente de las actuaciones de funcionarios del poder judicial que incumplen las normas y para ello dijo no hay consideraciones, pero la realidad es que no solo se trata de ese poder, sino de funcionarios de la propia Procuraduría de Justicia del Estado, donde pareciera no hay interés por modificar conductas y así el actual fiscal, Luis Ángel Bravo, se muestra más ocupado en atraer reflectores que en aplicar el nuevo ordenamiento legal penal que permitiría limpiar o depurar un poco el cumuló de corrupción imperante.
El magistrado Alberto Sosa ha asegurado que con la llegada del nuevo Sistema de Justicia Penal, el panorama se torna diferentes y las garantías para los ciudadanos son más amplias, considerando uno de los principales principios que es la presunción de inocencia, la oralidad y la publicidad, es decir un proceso donde el juez tiene contacto directo con el inculpado y la victima directa o indirecta.
Además se trata de un nuevo proceso, donde son tres jueces (juez de control, juez de juicio y juez de ejecución de sentencia) los que conocen el procedimiento, evitando así que el caso se contamine, pero ahora lo que se requiere es voluntad de todas las instancias y niveles de gobierno. En la Procuraduría por ejemplo, en los distritos donde ya se opera con el nuevo modelo de justicia, las oficinas son inadecuadas, la escases y capacitación del personal es evidente y ni que decir del trato que las personas reciben al acudir para presentar una denuncia.
De las medidas alternas de solución de conflictos, que buscan despresurizar la justicia, ahí nadie sabe nada, la mediación está prácticamente desconocida y pareciera –según lo dicho por la ciudadanía- que a reserva de los formalismos nos encontramos situados en el sistema inquisitorio que hace apenas algunos meses nos regía.
Y mientras tanto, los ministerios públicos trabajan a marchas forzadas, con cargas excesivas de trabajo, con inmuebles inapropiados y aprendiéndose a vapor los nuevos ordenamientos legales; apenas el 11 de noviembre entro en vigor en algunos distritos de Veracruz el Código Nacional de Procedimientos penales, del cual no existía mayor conocimiento, así es que los asuntos que se abrieron en ese primer día, se elaboraron como pudieron y con el ordenamiento en mano.
Ni que decir de los policías, quienes requieren también de capacitación y así la cadena se vuelve más extensa y la urgente necesidad de apresurar el paso, es cada día mayúscula, Veracruz como el resto de los estados, solo tendrán el año entrante para echar a andar este nuevo sistema en todos los rincones; han tenido desde el 2008 para adecuarse y muchos estados parecieran detenidos.
Para cumplir con la meta de implementación a junio de 2016, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas quedaron obligadas constitucionalmente a crear un fondo presupuestal ex profeso, el cual estaría a cargo de una «instancia de coordinación» conformada por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la academia y la sociedad civil organizada, pero en Veracruz no hubo nada de eso.
En agosto de 2009 se instituyó a nivel federal el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, adscrita a la Secretaría de Gobernación, cuyo órgano administrativo es la Secretaría Técnica y ha tenido la función de apoyar al gobiernos, federal y estatal en el proceso reformista.
La reforma ha exigido un cambio radical de ordenamientos, infraestructura, métodos y procesos institucionales, aparte de nuevos mecanismos procesales y la necesidad imperiosa de una mentalidad distinta entre los operadores del sistema de justicia penal, los periodistas y el resto de la sociedad, pero en Veracruz pareciera seguimos igual,
Tras la reforma constitucional de 2008 han venido nuevos ordenamientos que pueden considerarse complementarios total o parcialmente, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, la reforma constitucional de derechos humanos, la Ley General de Víctimas y sus correspondientes en los estados, y la nueva Ley de Amparo. Ordenamiento que recomendamos una vez más, leer a los operadores del derecho y conocer, porque se sigue caminando a pasos muy lentos y en condiciones deficientes que impiden la operatividad del nuevo ordenamiento penal.