2015-01-20 | 21:59:00

“Ese Adrián García es un hampón. Ya ha robado mucho”, fueron las palabras lapidarias del gobernador Javier Duarte, en algún día, uno de los últimos que disfrutó en el cargo el que fuera jefe de la oficina del Registro Público de la Propiedad.

Era el concepto que evidenció el ejecutivo en una reunión informal de la persona del funcionario estatal que ya antes había pasado varios años en el cargo, fue director de Tránsito en el sexenio de Patricio Chirinos, por mucho tiempo agente del Ministerio Público, y por ende sabedor de los tejes de la corrupción al derecho y al revés.

Pero como responsable del Registro Público no se midió. El gobernador sabía de las tropelías del servidor público, y al ingreso de Raúl Ramos Vicarte como titular del Registro Público y Notarías, fue el primero que mordió el polvo.

Y no es para menos, el caso de la disputa legal entre la señora Adela Lajud y Francisco Javier Ailliud que se ventiló a la luz pública tras la detención de la primera, no debe ser el único. Era secreto a voces que el entonces jefe del RPP se manejaba bajo ese esquema para obtener importantes beneficios y hacer una fortuna.

La forma fácil de quedarse con viviendas, propiedades y terrenos era orquestada desde la oficina que comandaba. Ta solo en este caso le costó una orden de aprehensión de la que hasta el momento pudo librar con éxito, y si los abogados que le llevan el caso a la parte acusadora saben de leyes, necesitan más que eso, pues las argucias legaloides de Adrián García son superiores, y las mañas aprendidas en los oficios, peor.

Muchos de los quejosos sobre el imperio de corrupción en el que se convirtió la oficina del RPP se detuvieron a proceder o hacerlo público, por el temor de que el funcionario presuntamente formaba parte o era protegido por una banda delincuencial.

Muchos de los casos como el de Lajud-Ailliud apuntan hacia la Riviera veracruzana donde el ex funcionario hizo de las suyas.

Entonces el gobernador se cansó de las quejas en contra de García Díaz y cuando descubrió el expediente se fue hacia atrás. Por ello, de ser consignado o pisar la cárcel difícil que por meras componendas pueda salir de ella.

Solo basta voltear hacia el fidelismo para ver el calibre del ex agente del MP. En enero del 2011 trascendió otros caso de semejante nivel pues Alicia Loyo Díaz, co-heredera del predio rústico conocido como lote número cuatro de la ex-hacienda Buenavista, cuya superficie es de más de 101 hectáreas presentó el 8 de diciembre del 2009 un escrito dirigido al gobernador Fidel Herrera Beltrán.

En esta aseguraba que “personas ajenas” habían impedido que la fiscalía consignara la Investigación Ministerial 664/2008, de la Agencia Tercera del Ministerio Público del puerto de Veracruz y se ejercitara la acción penal contra quienes resulten responsables del fraude.

Esas personas, señaladas por la denunciante eran Adrián García Díaz del Registro Público de la Propiedad y el procurador de Justicia, Salvador Mikel Rivera.

Adrián García ha sido apadrinado por éste último, amparado en la relación familiar.

MUY EN CORTO

EN EL APARTADO de opinión Corazonada, se menciona lo siguiente:
Héctor y Pepe Yunes ya decidieron que uno será gobernador de dos años y el otro de seis. Si ya lo decidieron y como ambos son senadores (del PRI, para mayor fuerza) pues que promuevan un decreto para que los veracruzanos nos ahorremos la elecciones del 2016 y el 2018, pues qué caso tiene hacer como que los vamos a elegir, si ellos ya saben el resultado final.

Solo habría que agregar que porque no se reforma la Constitución y de esa forma los designa el Congreso Local sin ningún problema. Aunque tendría que modificarse la Constitución Política de México, pero en los altos vuelos todo se puede.

O sea que uno es el que propone y otros disponen. Y por si fuera poco queda en evidencia cual es el interés real de los políticos. Meros proyectos personales.
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