2015-02-04 | 09:46:46

Da luz y la oscuridad
desaparecerá por sí misma.”
Erasmo
A muchos sorprende que los padres de los
normalistas y los activistas del movimiento
de Ayotzinapa insistan en que los jóvenes
desaparecidos están vivos. De hecho, el
movimiento hace poco o ningún caso a
los tres jóvenes que murieron el 26 y 27
de septiembre y cuyos cuerpos quedaron
en Iguala. La identificación por prueba
de ADN de uno de los desaparecidos,
Alexander Mora Venancio, de 19 años de
edad, entre los restos quemados que se
encontraron en el basurero de Cocula, no
ha hecho que se extinga la exigencia de
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
¿Por qué este rechazo a los indicios que
señalan de manera abrumadora que los jóvenes
están muertos? ¿Realmente piensan
los padres y los líderes del movimiento que
los normalistas están detenidos en algún
cuartel del Ejército? Es poco probable. Pero
el movimiento tiene incentivos para mantener
que los estudiantes están vivos. Por eso
la reacción fue tan fuerte y negativa cuando
el padre Alejandro Solalinde, un aliado natural
del movimiento, reveló inicialmente
que los normalistas habían sido ejecutados
y quemados. Es importante sostener que los
jóvenes están vivos... aunque no lo estén.
Una de las razones es que la legislación
mexicana sanciona con mayor severidad la
“desaparición forzada” que el homicidio.
Según el artículo 215-A del Código Penal
Federal, “comete el delito de desaparición
forzada de personas el servidor público que,
independiente de que haya participado en
la detención legal o ilegal de una o varias
personas, propicie o mantenga dolosamente
su ocultamiento bajo cualquier forma
de detención”.
La pena va de cinco a 40 años de cárcel.
Pero ahí no radica el meollo del tema, sino
en el hecho de que el delito no prescribe
mientras no aparezca la persona o el cadáver
de la persona desaparecida.
La pena por homicidio en el Código
Penal Federal, artículo 148 bis, es de 15
a 40 años de cárcel además de una multa
de 400 a 1,200 días de salario mínimo.
La pena máxima es la misma. Pero en el
homicidio la acción penal prescribe “en un
plazo igual al término medio aritmético de
la pena privativa de la libertad”.
Esta diferencia explica en parte la insistencia
de que los normalistas están vivos.
La falta de prescripción permite que un
crimen se mantenga como bandera política
durante mucho tiempo más que un
asesinato. Quizá por eso el movimiento no
ha prestado atención a los dos normalistas
abatidos por la policía municipal de Iguala
en la noche del 26 de septiembre ni al que
fue desollado y cuyo cuerpo apareció en la
madrugada del 27.
Pero hay otra razón por la que el movimiento
insiste en impulsar una acusación
de desaparición forzada. Este delito solo
puede cometerlo un servidor público. Para
un movimiento empeñado en demostrar
que el Estado es el verdadero responsable
de la desaparición o muerte de los 43
normalistas, esta figura es ideal porque
involucra directamente al Estado.
Por lo pronto el propio gobierno mexicano
ha reconocido ante el Comité de
Desapariciones Forzadas de las Naciones
Unidas que el problema sigue existiendo
en el país. Esto no significa que reconozca
que los normalistas de Ayotzinapa están
detenidos de manera ilegal en algún
cuartel militar. Las autoridades avalan
la versión del secuestro, ejecución y quema
de los normalistas que ha presentado la
PGR.
El Comité de la ONU ha propuesto al
gobierno mexicano que cree una fiscalía
especial para el tema de las desapariciones
forzadas. Ojalá que así de fácil se solucionaran
estos temas. La experiencia de nuestro
país con las fiscalías especiales ha sido muy
negativa. Pero si el crimen de la desaparición
forzada es especial, también se quiere
que lo sea la forma en que se investiga y en
que se persigue.
No compra ni adjudica
Dice Enrique Peña Nieto que “el presidente
no adjudica compras ni obras”. Por eso no
ha habido conflicto de interés por las casas
adquiridas a proveedores del gobierno. Me
parece que el presidente se equivoca. Con
razón argumenta que la corrupción es un
problema cultural.
Twitter: @SergioSarmiento