2015-02-19 | 09:52:24

Ya se empieza a conocer el trasfondo que existe
en las designaciones de los candidatos a diversos
puestos populares de elección. En el caso de José
Luis Abarca como candidato a la alcaldía de
Iguala en el estado de Guerrero fue producto de
la venta de candidaturas tal como se acostumbra
en todos los partidos políticos.
En el caso de Veracruz existe desde hace
tiempo esta subasta para cargos electorales.
Ya sea el PRI, PRD o PAN, se pueden comprar
estas nominaciones, de allí que concurre cierta
preferencia por los empresarios ya que son los
que tienen mayores posibilidades económicas.
De manera equivocada se afirmaba que estos
hombres de negocios serían buenos administradores
de los recursos públicos.
En los últimos años son aquellos pudientes
miembros de la iniciativa privada los que son
postulados como candidatos. Para fortalecer la
idea electoral que no serían políticos ladrones
ya que se aseguraba que eran personas con suficiente
capital que no requerían de estos desvíos
de los impuestos de los ciudadanos.
La mentalidad de estos hombres de empresa
es precisamente lo contrario ya que su actividad
prioritaria es la de ganar dinero ya sea a través
de manejar a su antojo las nóminas con darse
buenos salarios o en el otorgamiento de obras
públicas a cambio de redituables diezmos o
poner a sus propias empresas a licitar en aquellos
proyectos que garanticen buenas ganancias,
con la salvedad que ellos pueden autorizar de
manera conveniente los aumentos en los costos,
práctica que cada día es más común en la
construcción de obras publicas .
Con la postulación de los candidatos a diputados
federales todos los partidos políticos se
comprometieron en Veracruz que no propondrían
a delincuentes y mentirosos. Que antes los
harían pasar por un detector de mentiras, --con
esto les quitaron lo medular de sus discursos
de campaña--, se les harán estudios psicológicos
para conocer sus tendencias delictivas y
revisarían escrupulosamente sus declaraciones
patrimoniales o de algún conflicto de intereses.
En el caso de José Luis Abarca el PRD se
ha creado una comisión para investigar la
postulación de esta persona acusada de haber
detenido a los 43 normalistas de Ayotzinapa y
entregarlos para ser ejecutados. La investigación
está enfocada a quienes son los culpables de
estas ventas de candidaturas que se repite en
los partidos políticos donde obviamente participan
los miembros de los comités nacionales y
estatales, así como los gobernadores.
Según la categoría de la presidencia municipal
y el presupuesto que se oferte se le da el
valor de la venta.
En dicha comisión del PRD que preside Pablo
Gómez no se contempla la penetración del
crimen organizado en los partidos políticos ya
que siempre ha existido. La corrupción electoral
viene de los propios cárteles que manejan la
droga en el país.
Gómez Álvarez asegura que no se conocerá
toda la verdad. “Tenemos derecho los ciudadanos
a conocer el aspecto político de este fenómeno.
Eso nunca lo va explicar el procurador
Jesús Murillo Karam, el posee el expediente y
da a conocer lo que quiere, sólo filtra lo que le
conviene.”
-Tenemos un procurador que no es procurador.
Es priísta de corazón. Es un servidor de
un sistema político.