2015-03-19 | 21:24:38

Sin haber superado el océano de la suspicacia, la opacidad y el autoritarismo avieso, el martes 17 se concretó el relevo del titular de la Sefiplan, Mauricio Audirac Murillo, por Antonio Gómez Pelegrín. La abdicación del político cuenqueño no fue una sorpresa, por los disensos constantes con el Poder Ejecutivo local, pero su salida de la Sefiplan fue más rápida de lo que se esperaba.

Audirac Murillo no es un político improvisado en el intríngulis financiero del entramado del Gobierno del Estado. Le antecedían una excelente carta de presentación como Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), donde supo tapar con excelente perversidad los hoyos financieros, desvíos, peculados y enriquecimientos inexplicables del sexenio de la fidelidad.

Hubo charales, sí, que cayeron a manos de la inexorable justicia, pero jamás cayeron los peces gordos que nunca pudieron justificar sus tropelías, corruptelas, abusos de poder, incumplimiento de un deber legal que estuvieron en la lupa de la mano inflexible del entonces Auditor General del ORFIS, Mauricio Audirac. Pero que, curiosamente, fueron absueltos.

La dimisión de Mauricio a la Sefiplan, tras un efímero período de escasos 8 meses, no se da en los mejores términos como se hubiese esperado con el Poder Ejecutivo porque ni siquiera actuó la diplomacia para estar presente en su relevo por Antonio Gómez Pelegrín, que como él es un viejo zorro en las venas financieras del corazón del Gobierno del Estado, aunque con diferentes matices.

Digamos que Gómez Pelegrín, un político de cepa desde los tiempos del extinto gobernador Rafael Hernández Ochoa, es coloquialmente el experto para combatir la arterioesclerosis que endurece las venas financieras y que afectan los vasos financieros —como es el quid por el que atraviesa el gobierno duartista— de la Sefiplan.

Como grandilocuente especialista para desterrar el endurecimiento de las arterias financieras, el nuevo secretario de Finanzas tendrá que someter a un riguroso tratamiento a las arcas del gobierno de la prosperidad para restablecer los vasos de las arterias financieras con el propósito de que circulen los dineros públicos en forma óptima y se evite en el futuro inmediato un colapso económico del gobierno duartista.

Independientemente de que su misión ya empezó con el decálogo anunciado por el Poder Ejecutivo en su toma de posesión —será una especie del iluminado, encargado de multiplicar los peces financieros de aquí a 2016 cuando termine la administración duartista—, también tendrá el papel de actuar como el moderno Robin Hood con la estructura piramidal del gobierno, para que lleguen oportunamente los dineros públicos y se cumplan a cabalidad los compromisos con el Plan de Desarrollo.

Es el vértice para que el nuevo titular de la Sefiplan combata la opacidad, la falta de transparencia y rinda puntualmente cuentas del comportamiento de los adeudos con los proveedores, de las deudas con la banca privada y oficial, pero sobre todo, que le encuentre la cuadratura al círculo para conocer cómo percibe y actuará para aminorar la deuda pública que está estrangulando la arcas del gobierno duartista.
La deuda pública del gobierno que representa Javier Duarte, en teoría, no tiene por qué cargarse a los bolsillos de los contribuyentes con nuevos impuestos, donde afilan las navajas los orondos diputados de la mayoría priista de la LXIII Legislatura local, para resolver el grave déficit presupuestal.

Al contrario, están obligados a llamar a cuentas a los servidores públicos que causaron daños al patrimonio estatal, con enriquecimientos inexplicables evidentes, nepotismo cruzado y conflicto de intereses. Una misión para el genio de las finanzas, nada fácil pero no imposible.

AL CALCE … Traspié. Con razón la procuración de la justicia en Veracruz anda por los suelos. El nuevo Fiscal General del Estado (FGE), la figura legal que sustituyó a la antigua Procuraduría General de Justicia, Luis Ángel Bravo Contreras y su flamante equipo de asesores, incurrieron en un marcado desliz con los orondos diputados de la LXIII Legislatura local. El fiscal solicitó a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por escrito, el juicio de procedencia para desaforar al alcalde de “Fortín de las Flores (sic)”, Armel Cid de León Díaz, cuando en realidad no existe ese municipio con ese nombre. Existe la Ciudad de Fortín de las Flores, pero el municipio se llama simplemente Fortín. Les corrigió la plana el nuevo secretario general de la Legislatura local, Francisco Portilla Bonilla. ¡Para Ripley! Comentarios a gaugar@gmail.com