2015-04-20 | 09:41:12

Lo que viene. No más de lo mismo…
o peor.
Para conocidos y padecidos candidatos
al fuero federal, están en juego años en
prisión o en libertad.
Las elecciones federales, son parte del
carnaval jarocho del 2016.
Si el combate a la corrupción fuera
verdadero, buena parte de ellas y ellos,
ya estarían confesos o en proceso, bastaría
hacerles responder por incumplimiento,
abuso o simple enriquecimiento inexplicable
propio o de sus prestanombres.
El problema central es que la democracia
a la veracruzana no satisface las necesidades
básicas, ni atiende y resuelve, bien
y a tiempo, las inconformidades, rezagos
y problemas de las y los veracruzanos
empobrecidos, inseguros y hambrientos.
Menos cuando la delincuencia electoral
hace y deshace, puede abusar de recursos
públicos y de cargos gubernamentales.
Negar o simular participar
Para no olvidar las mil y una acciones de
la delincuencia electoral en cualquiera de
sus formas, hay que señalar e insistir que
en Veracruz, la participación ciudadana
y social, en general, está y sigue ausente.
Negada, simulada y escamoteada, salvo
excepciones, por quienes se supone son,
por definición, servidores públicos. No
hay consultas ni para evidentes enfermos.
Lo establecido en la Constitución local
es prácticamente letra muerta. No se usa,
aplica ni enseña. No se cumple, ni se hace
cumplir.
Ahí están referendo y plebiscito, monopolizados
y paralizados tanto por el Poder
Legislativo, como por el Gobernador del
Estado que son los únicos autorizados,
hasta hoy, para aprovecharlos y usarlos.
Ni que decir de La Acción Popular otra
forma o procedimiento participativo sin
usar y, sobre todo, sin aprovechar.
El resultado conocido y padecido es
obvio. No hay participación ciudadana
y social significativa. La poca o contada,
es independiente o sobreviviente; la otra,
es la de siempre, simulada, cooptada, o
de plano pagada, subsidiada y cómplice.
Como una de las consecuencias inmediatas,
al no haber participación social se
encarecen o cancelan muchas posibles
soluciones a múltiples problemas.
Consecuentemente, tampoco hay
evaluación pública confiable y efectiva.
El futuro obligado se convierte en
errores gubernamentales, en deudas y
pérdidas sociales, en saqueo y debilitamiento
institucional.
Incluso, en muchos casos, por irresponsabilidad,
ineptitud o costumbre,
el mismo gobierno se expone a falta de
credibilidad y confianza, base de su legitimación
y aceptación popular.
La verdadera reforma electoral y la
modernización de la democracia requiere,
cuando menos de:
Primero, un efectivo combate a la
delincuencia electoral, empezando por
la identificación, proceso y castigo de
quienes desde los gobiernos ponen y
disponen, con el fin de asegurar beneficios
y privilegios, sostener complicidad
e impunidad, y extender dominación y
apropiación de cargos públicos.
Segundo, garantizar la democracia
representativa absoluta, que pruebe
consenso mayor e impida la generalizada
práctica de que “el que no tranza no
avanza”.
Hasta hoy, la costumbre es que entre
abstencionismo y voto fragmentado,
prevalezca la mayoría relativa que sólo
representa a una minoría y que necesariamente
necesita “tranzar para gobernar”.
Reducción de abstencionismo, segunda
vuelta y otros mecanismos deben incorporarse
cuanto antes.
Tercero, completar la acción democrática
asegurando a todo ciudadano su
derecho a elegir y también a destituir, si
se pierden credibilidad y confianza, si
se resulta ante la obligación de padecer
un mal o peor gobernante. Ciudadanía y
sociedad están en su derecho de elegir y
también de revocar el mandato otorgado,
al gobierno que pasa a ser ilegítimo.
Y cuarto fortalecer la participación
individual y colectiva, ciudadana y social.
Gobernar al gobierno, es la base de
la Democracia.
Evaluación
Urgen responsabilidad, eficiencia, previsión
y honestidad en los gobiernos.
Transparencia, rendición de cuentas,
fiscalización, planeación y evaluación pública
son, deben ser actividades obligadas,
imprescindibles para todo gobierno que
no pretenda o intente caer en ineficiencia
o en delincuencia.
Si hacen su trabajo, si cumplen que
ciudadanía y sociedad fortalezcan y legitimen
al gobierno a cargo, expresando,
cuando menos una vez al año, su confianza
y apoyo.
Para algunos asuntos públicos, es determinante
conocer el voto de confianza
o el rechazo ciudadano y social.
¿Estará dispuesto el próximo gobernador
a fortalecer la democracia?
En particular la participativa, empezando
por aceptar e incluir la revocación
como lo que es: un derecho humano.
¿Estaría?
Academico.IIESES-UV
@RafaelAriasH
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