2015-04-22 | 09:52:01

Por menos de lo que ha ocurrido
en Apatzingán, Tlatlaya y Ayotzinapa,
donde se ha documentado la
participación de fuerzas del Estado
Mexicano en asesinatos a mansalva
de civiles desarmados o en posición
de rendición, cualquier presidente de
un país verdaderamente democrático
y respetuoso de los derechos humanos
habría renunciado a su cargo.
Pero en México, los responsables de
estos posibles crímenes de lesa humanidad
no sólo no renuncian, sino que
son premiados por un sistema acostumbrado
a fincar su supervivencia en
la evasión de sus responsabilidades.
Al cubrir los crímenes de sus líderes
políticos, de sus funcionarios, de sus
policías, el sistema político mexicano
se cubre a sí mismo, ya que sus bases
están cimentadas en un mal endémico,
cultural y al parecer imposible de
erradicar: la impunidad.
Es insólito que al ex comisionado de
Seguridad en el estado de Michoacán,
Alfredo Castillo, quien dejó hecho un
desastre ese estado y es señalado de
haber mentido acerca de los hechos
en Apatzingán del pasado 6 de enero,
en los que policías federales habrían
acribillado sin piedad a civiles desarmados,
se le haya premiado con
un nuevo cargo público dentro de la
administración federal: la Comisión
Nacional del Deporte y Cultura Física.
El cinismo con el que se conduce
el régimen es del magnitud, que ante
señalamientos como éste, ampliamente
documentados y de cuyas
pruebas se tenían indicios desde el
mismo 6 de enero (las fotografías de
la familia abrazada tras ser acribillada
circularon en redes sociales desde
entonces), se conteste con un escueto
“se investigarán los hechos”. O lo que
es lo mismo, y como ha sucedido con
otros casos similares, no se pretende
hacer nada.
La cuota de sangre del gobierno
mexicano cobrada a los habitantes
de este país, iniciada desde el sexenio
de Felipe Calderón, se hace cada vez
más grande en el de Enrique Peña
Nieto, aunque con un elemento ominoso
adicional: el autoritarismo, que
va más allá de los daños colaterales
para insertarse en una escalada de
violencia institucional que extiende
el horror por todos los rincones de
México.
Porque lo mismo en Michoacán
que en Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas
o Veracruz, la violencia homicida no
cesa. El dolor crece. Y la justicia jamás
llega.
El Gobierno Federal presume que
ha bajado el índice de inseguridad, y
a ese coro se unen los gobernadores,
los alcaldes, que han sido incapaces o
cómplices de que los delincuentes se
apoderen de municipios, de negocios,
de vidas humanas. Y si se protesta, si
se exige, todo el peso del Estado cae
sobre quienes se salen del redil. No
importa el partido que gobierne. La
corrupción, la impunidad, la injusticia,
son las mismas.
¿Alcanzará con el “juicio de la historia”
para que quienes han sumido
a México en esta debacle paguen por
lo que dejaron, permitieron y hasta
hicieron ellos mismos?
No. No basta. Tienen las manos
manchadas, cubiertas de sangre. Y
lo peor es que a muy pocos parece
realmente importarles.
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