2015-05-08 | 09:42:18

Algo sabía el gobernador Javier Duarte de
Ochoa cuando, a pesar de haber obtenido
sin mayor apuro la ratificación de más de
la mitad de los ayuntamientos veracruzanos
a su reforma constitucional para
reducir a dos años el periodo de la próxima
gubernatura, no la promulgó en la Gaceta
Oficial del Estado.
Porque podía haberlo hecho a pesar
de los recursos de inconstitucionalidad
que presentaron los partidos opositores a
dicha reforma ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. Tenía argumentos
legales –que no sociales ni políticos- para
concretar la enmienda.
Pero no lo hizo. Aunque se cuidó muy
bien de no publicitar esa extraña decisión,
pues en las actuales condiciones, la próxima
gubernatura aún es por un periodo de
seis años.
Para efectos legales, la Constitución
de Veracruz aún no ha sido reformada,
pues falta cumplir con el último requisito.
Y si no se promulga ésta o cualquier otra
reforma de estas características antes de
octubre de este año, cuando inicie el proceso
electoral estatal, el próximo gobernador
será sexenal.
Sin embargo, es precisamente la ausencia
de argumentos políticos lo que habría
detenido, hasta ahora, la consumación
jurídica de la gubernatura de dos años,
al punto que ahora se habla de que sería
echada para abajo y en su lugar se haría
una nueva reforma constitucional para que
el siguiente periodo fuera de cinco años,
y de esa forma no desalinear los comicios
estatales de los federales, mismo argumento
–o más bien, pretexto- por el cual
se legisló la reducción a dos años.
El propio “impulsor” de la primera
reforma, el panista Julen Rementería,
acaba de declarar que no se descarta una
nueva propuesta para que la próxima
gubernatura del estado sea de cinco y no
de dos años.
El agudo lector se preguntará, ¿y por
qué carajo no se legisló desde un principio
para una gubernatura de cinco años?
Pues porque las circunstancias eran
diferentes.
A finales del año pasado, el duartismo
aún tenía un cierto margen de maniobra
para impulsar su propósito de colocar en la
silla a alguno de sus miembros, concretamente
al entonces vocero y hoy candidato
a diputado federal por Tuxpan Alberto
Silva, el favorito de Javier Duarte.
Hoy todo ha cambiado. La Auditoría
Superior de la Federación puso contra las
cuerdas al gobierno estatal con sus denuncias
por daño patrimonial al erario
estatal y el Congreso de la Unión le acaba
de acomodar un gancho al hígado que
estaría a punto de noquear al duartismo,
al exigirle a la Procuraduría General de la
República que proceda contra los responsables
del desfalco.
A ello habría que agregar que en Los
Pinos, aunque aparentemente le dieron
la venia a Javier Duarte para ir adelante
con la gubernatura de dos años, nunca
estuvieron convencidos de la conveniencia
de esta iniciativa. Y ahora estarían en posición
de revertirla, lo que modificaría los
escenarios políticos rumbo a la sucesión
de 2016 de una manera radical.
El duartismo está debilitado, peligrosamente
ausente de todo, sin dinero, sin
fuerza ni autoridad política, ya no digamos
moral. Recular en una reforma constitucional
a la que le apostó todo, a costa
incluso de la traición a sus propios aliados,
sería devastador. Un clavo ardiente en su
ataúd.
Y si se llega a echar para atrás, ¿con qué
cara justificarán los genuflexos diputados
locales que aprobaron por consigna
la gubernatura de dos años, su cambio
de parecer hacia un periodo quinquenal?
¡Ah! Olvidábamos que no tienen vergüenza.
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