2015-05-31 | 13:19:15

La sombra del crimen organizado que ha eclipsado al poder público, no ha cambiado su conducta execrable del 2014 al 2015. Los patrones delictivos van a la alza, ante la creciente impunidad, rabieta e impotencia de la sociedad. Las altas esferas gubernamentales actúan con eufemismos y mimetismos. ¿Qué demonios ocurre?

Increíble que las altas esferas gubernamentales por tozudez, impongan la ceguera ante la ola de delitos de alto impacto social que se registran en la geografía veracruzana. Cuatro de los principales delitos de alto impacto están documentados por el Observatorio Nacional Ciudadano. No son inventos. Hay crímenes de conciencia por el número de víctimas que han sido ejecutados y no han sido esclarecidos.

No es la nota, el despacho o el cable del periodismo amarillista, sensacionalista el que magnifica las tendencias a la alta de los índices delictivos que ocurren en el territorio veracruzano –hay un sector de la prensa que siempre se ha dedicado a explotar el morbo o a sacar tajada de ello-, pero que el Poder Ejecutivo local intente justificar su incapacidad, error o disfuncionalidad a la prensa en general, está equivocado. Los números no mienten.

La prensa seria, crítica independiente, la que está fuera de la férula del poder público, de la prensa totémica, de los escribanos oficiales o de los cortesanos del poder público, no puede solazarse o ser cómplice abyecto con las esferas gubernamentales para omitir el escenario del alza del porcentaje de secuestros, donde Veracruz acapara los primeros lugares en el país. No hay asimetrías en las estadísticas.

Los números son fríos, como el número de ejecutados por no pagar el rescate. Los altos círculos del poder público son miopes por obstinación y, en el discurso, imponen verdades de Perogrullo. Son los avatares de la vida que sufren recurrentemente los ciudadanos de a pie y la sociedad civil en un estado de derecho.

Los caminos sinuosos de Veracruz amenazan con erigirse en un michoacanazo o en un infierno. A pesar del estridente blindaje que han publicitado las altas esferas de la clase política en el poder de la entidad, de norte, sur, oeste y este, el secuestro, extorsión, ejecución y desaparición están a la orden del día en cualquier punto geométrico de Veracruz.

Minimizar los delitos de alto impacto social que están golpeando a la sociedad civil y a los ciudadanos de a pie, sería un irresponsabilidad de quienes tienen el báculo para garantizar la seguridad, bienes y la integridad física de los veracruzanos. De ellos depende que Veracruz no se convierta en un infierno o caigamos en el controvertido Estado disfuncional.

Atomizados o no el crimen organizado y los cárteles de la droga en los recientes meses del 2015 han estado calentando la plaza Veracruz; desde el Pánuco hasta el Tonalá, la larga lista de ilícitos es interminable, la PGJ, de Luis Ángel Bravo Contreras, y de la SSP, de Arturo Bermúdez Zurita, de alguna manera se han visto rebasados por la delincuencia organizada. Negarlo, sería una canallada, una bribonería.

La nueva estrategia de la SSP y de las fuerzas castrenses no ha podido descabezar a las pequeñas bandas o grupos de sicarios que se han desligado de los cárteles de la droga, a pesar de que ahora se cuenta con una nueva herramienta de tecnología de punta como es la geolocalización para inhibirlos y llevarlos ante la justicia.

El gobierno duartista está obligado a restablecer el orden y la ley en cualquier punto geográfico de Veracruz que sea socavado, donde los transgresores han estado coartando las libertades productivas de los ciudadanos, imponen tributos con la advertencia de “cooperas o plomo”, secuestran a cualquier hora el día y de la noche, desaparecen a jóvenes para obtener ganancias ilícitas con la “trata” de personas en el mercado de la prostitución.

Por fortuna, en Veracruz el gobernador Javier Duarte no ha desmayado ni ha claudicado para capacitar, depurar y multiplicar la Policía Modelo y extender el Mando Único de las fuerzas de la SSP en la mayoría de los 212 municipios del estado, con cierta reticencia de los alcaldes. No se pueden negar los avances en esta materia, pero hasta ahora han resultado insuficientes y limitados porque los grupos criminales están a la ofensiva. Pero su cometido exitoso podría eclipsarse.

Duarte tiene el tiempo, el reloj encima. Legalmente tiene un año y seis meses para entregar buenas cuentas a los mandantes. Políticamente tiene lo que resta del año 2015 para entregar resultados óptimos en el campo minado de la seguridad pública, al margen de lo que ocurra después del 7 de junio, tanto en lo electoral –puede ser la debacle para el PRI-, como en lo legal por los dineros públicos que reclama la Auditoría Superior de la Federación.

El 2016 será prácticamente un epílogo del juego sucesorio de Veracruz. ¡Lodo en abundancia, guerra de guerras mediáticas y muchas honras caerán en el cochinero que vendrá! Comentarios a gau41@hotmail.com