2015-06-29 | 09:59:51

De manera natural, la aplicación de una
nueva normatividad –leyes y reglamentos,
por ejemplo-, debe enfrentar al menos tres
obstáculos: romper inercias y costumbres que
se han convertido en una distorsión, sortear
los conflictos de interés frente a quienes han
sido beneficiarios del estado de las cosas y se
oponen al cambio, y convencer a la población
de que ese cambio debe resultar en su beneficio.
La solución más adecuada a estos problemas
es efecto de un proceso previo de socialización
de los contenidos de la nueva norma a través
de una difusión profusa. No hay que olvidar
que las normas, al fin y al cabo, no son más
que reglas de juego que los propios jugadores
interpretarán en función de su interés.
Y este ha sido precisamente el escenario en
el que vio la luz pública el nuevo Reglamento de
Tránsito para el Estado de Veracruz. No sólo
ha tenido que enfrentar con rudeza los tres
obstáculos mencionados sino que también,
como lo ha reconocido la propia autoridad,
ha carecido de una efectiva estrategia de difusión,
con lo que bien pudo haber ganado la
legitimidad que hoy tanto necesita.
Frente al mar de dudas que se han generado
a través de las redes sociales, lo cierto es
que la iniciativa del Reglamento surge de un
amplio consenso sobre el estado caótico que
han alcanzado la vialidad y el transporte en
prácticamente todas las ciudades de la entidad.
La fuerza de la costumbre empoderó a
sistemas de transporte y solapó la desidia y
falta de cultura vial tanto de automovilistas,
peatones y hasta el comercio.
Aunque todos hemos contribuido al caos,
lo cierto es que nadie estaba dispuesto a tolerarlo
más. El antiguo reglamento no sólo era
obsoleto sino que no correspondía a la realidad,
no aportaba soluciones y se había convertido
en una ventanilla a la discrecionalidad y la
corrupción. En eso, todos estamos de acuerdo.
¿Dónde se rompió el consenso? Cuando el
cambio llegó, impulsado por la visión interesada
de muchos actores, en forma de conflicto.
Y ante la ausencia de una difusión suficiente
y adecuada, quienes se asumen como
perjudicados del nuevo reglamento hicieron
su parte. En consecuencia, se ha inducido la
idea de que se trata de una norma recaudatoria
–multas excesivamente altas-, violatoria
de los derechos humanos –por la regulación
del tránsito en las calles-, y que vulnera los
derechos de transeúntes y de aquellos que
encuentran en la calle una extensión de una
actividad productiva.
Fue entonces que todos nos olvidamos que
estábamos hartos del estado de las cosas: del
tráfico, las manifestaciones, carros estacionados
en doble fila afuera de las escuelas, gente
que temerariamente va hablando por celular
mientras conduce, la vialidad y de la falta de
normas para hacer de la ciudad, de muchas
ciudades, un espacio más seguro y amigable.
Por supuesto que a la gente le debe preocupar
el monto de las multas y las disposiciones que
puedan ir en contra de su elemental libertad
de tránsito. Pero también, poco se ha dicho, se
deben buscar soluciones que nos garanticen a
los ciudadanos, no sólo al gobierno, que somos
los dueños de la ciudad y que esa propiedad
sólo la podemos ejercer a través precisamente
del libre tránsito.
Se ha dicho, por ejemplo, que el Reglamento
viola los derechos humanos, pues coarta la
libertad de manifestación y de expresión, exigiendo
pedir permiso seis horas antes para
poder manifestarse.
Pero si el artículo al que refieren, reconoce
y garantiza expresamente “la libre opinión de
ideas”, y provee la protección para poder realizar
su paso por vías públicas con integridad, el
gobierno no sólo debe otorgar esas garantías,
al mismo tiempo, estará en condiciones de
realizar operativos que permitan al resto de
los ciudadanos evitar la zona de conflicto antes
de que sea demasiado tarde.
En ese mismo tema, el de las manifestaciones,
se acusa de imponer lugares específicos
para la celebración de manifestaciones. ¿Entonces
cuál es el propósito de la solicitud de
permiso? Esto también es falso. El Reglamento
en ninguno de sus artículos limita el derecho
a la libre protesta, ni limita que éstas se desarrollen
en el espacio público que la haga visible.
Que no se puede ofrecer a los ocupantes de
los vehículos, mercancías o servicios, repartir
propaganda o solicitar ayuda económica, sin
contar con el permiso de la autoridad competente,
se ha dicho.
En realidad, el Reglamento sí permite estas
actividades y es falso que para ello se requiera
permiso de autoridad. Lo que en realidad se
prohibe es el comercio en vías públicas exclusivamente
cuando “se ponga en peligro la vida
o integridad física de las personas”.
Y en este sentido, ha habido resistencias
porque se asegura que las personas no podrán
realizar actos de malabarismo y otras suertes.
Eso también es falso. Las personas sí podrán
realizar actos de malabarismo, artísticos y
otras suertes, ya que lo que en realidad se
prohibe es que pongan en riesgo a quienes
los efectúen o a terceros.
En el exceso, también se ha dicho que se
prohibe invadir la vía pública de manera intempestiva.
De su lectura, se entiende que
jamás limita los derechos de los peatones de
andar libremente por las vialidades, pues al
hacer referencia a tener cuidado del cruce intempestivo,
el reglamento lo que hace es alertar
al peatón de que tenga cuidado de no causar
o ser víctima de un accidente, protegiendo de
esta forma la integridad física del peatón y de
los terceros.
En otros países, a los peatones sólo les está
permitido cruzar por las esquinas, cosa que
cuentan con asombro quienes regresan de un
viaje. ¿Por qué aquí no?
Tampoco se privilegia el tránsito de los automóviles
por encima de las persona porque
eso sería anticonstitucional, fuera de toda
proporción y contra el sentido común; y eso
de que todo peatón que transite en la vía pública
deberá hacerlo por su extrema derecha,
y tendrá además la obligación de portar una
identificación con fotografía, en la cual se señale
la dirección de su domicilio, realmente
es una vacilada que ni siquiera vale la pena
comentar.
Muchas de estas disposiciones, las verdaderas
y que poco se han difundido, ya operan
con éxito en muchas ciudades del mundo. Los
ciudadanos se cuidan de no transgredir el
Reglamento porque entienden de las consecuencias
administrativas y de orden público
que implica; ello los ha convertido en espacios
amigables al turismo y al comercio. Nadie se
queja por ello.
Es necesario recuperar el consenso y decidir
el tipo de ciudades que queremos para nuestro
estado.