2015-07-22 | 21:21:38

@magzamu

Ley para castigar a corruptos que solo distrae y que difícilmente se aplica

Los mismos escándalos de siempre, los teatros y la simulación, los dimes y diretes que solo atraen reflectores pero no causan mayor beneficio respecto de la población y ayer ocurrió uno más, pues para el PAN la iniciativa para castigar a funcionarios “corruptos” del gobierno estatal enviada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, llegó tarde, porque algunos ex funcionarios de la actual administración que han cometido estos actos “ahora son diputados federales electos”.

A tan solo un año y medio para que concluya la administración estatal, el gobernador Javier Duarte de Ochoa, envió una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley de responsabilidades de los servidores públicos, de la ley del sistema estatal de seguridad pública, y del código penal, en donde se establece la inhabilitación hasta por 10 años y multas de 100 veces el salario.

Del tema, el coordinador de la fracción legislativa del PAN, Domingo Bahena Corbalá precisó que el gobernador “se demoró mucho en darse cuenta que la corrupción tiene que castigarse y la impunidad tiene que irse de Veracruz” y entonces expreso que ojalá, se hiciera retroactiva para castigar a muchos que han cometido actos de corrupción “y algunos ya se fueron y a otros los han premiado con diputaciones, alcaldías y otros cargos más”.

En dicha iniciativa se establece que cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro indebido o una afectación patrimonial: “Si el monto del lucro indebido o afectación patrimonial, fuere inferior a cien veces el salario mínimo diario general vigente en la zona económica donde preste sus servicios el servidor público, la sanción por inhabilitación será de seis meses a tres año.

“Si el monto del lucro indebido o afectación patrimonial, fuere superior a cien veces el salario mínimo diario general vigente en la zona económica donde preste sus servicios el servidor público, pero inferior a mil veces el salario mínimo diario general vigente; la sanción por inhabilitación será de cuatro años a seis años”.

“Si el monto del lucro indebido o afectación patrimonial, excediere los salarios mínimos referidos en la presente fracción, la sanción será la inhabilitación hasta por diez años en el servicio público”, en caso de aplicación de sanciones económicas por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 46, se aplicarán tres tantos del lucro obtenido, o la afectación patrimonial.

A final de cuentas caemos en el supuesto ya aquí señalado en diferentes ocasiones, se trata de promover más y más normas jurídicas, es decir un exceso de leyes frente a una ausencia de estado de derecho, toda vez que no se trata de nuevas disposiciones, sino de autoridades y ciudadanos, que apliquen y acaten los preceptos ya establecidos.

De nada sirve que se promuevan más ordenamientos, si lo que en ellos se establece no se aplica y es que para nadie es desconocido que casi de por vida, se ha sancionado a funcionarios que incumplan sus funciones, usurpen labores o bien que lucren con los cargos públicos y aquí lo único que ha hecho falta para sancionarlos es querer.

Se trata pues del mismo teatro de siempre, leyes que suenan bonito, que se leen bonito y que a la hora de poner en práctica lo ahí establecido, se habré la pauta de corrupción y se privilegia a los amigos de los amigos y mientras tanto las normas se convierten letra muerta en una tierra sin ley donde lo que se disputa es el poder y no el buen y correcto ejercicio de la función pública del estado.