2015-08-01 | 08:50:21

Hemos comentado anteriormente que
en cualquier país del mundo, los gobiernos
deben gobernar, no hacerle al
empresario, porque esa no es su función.
Si se trata de administrar empresas,
quienes generalmente hacen mejor
papel son los empresarios.
Prueba de lo que afirmo es que la
mayoría de las empresas paraestatales
pierden dinero, no obstante que son
monopolios y tienen clientes o usuarios
cautivos que pagan altas tarifas por
servicios frecuentemente deficientes.
En México sucede lo mismo. Tenemos
gasolina muy cara y aún así Pemex
lleva perdidos este año 185 mil millones
de pesos. La CFE también acumula
pérdidas enormes.
Las razones son muy simples: exceso
de personal, burocratismo para tomar
decisiones, trabajadores sindicalizados
con bajo rendimiento y altas prestaciones,
políticos acomodados en cargos
directivos sin cumplir con el perfil
requerido, aviadores incrustados en
la nómina, así como corrupción, saqueo
e impunidad.
Esa ha sido también la triste historia
del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Veracruz, empresa
que debería ser un modelo de eficacia
y productividad.
Como no lo es, me parece razonable
que una empresa particular la opere y
haga eficiente. Esa eficiencia debería
traducirse en un mejor servicio a la población,
sin necesidad de incrementar
tarifas y aun así obtener utilidades y
generar recursos para invertir en ampliar,
modernizar y mejorar el sistema.
El problema es que para que esto
funcione debería cumplirse con lo siguiente:
el contrato que se haría con la
empresa concesionaria tendría que ser
justo para ambas partes. El aumento
a las tarifas debería estar sujeto a la
inflación, no a criterios distintos y venir
aparejado con una mejoría sustancial en
el servicio. Debería contener el contrato
una cláusula que permita rescindirlo
con facilidad en caso de incumplimiento
por parte del concesionario.
Los recursos que invierta la nueva
empresa para ampliar y mejorar la red,
deberían salir de sus aportaciones de
capital, no del incremento de las tarifas.
Al parecer, ninguna de esas condiciones
se están dando porque: al parecer la
nueva empresa operadora acaba de
constituirse apenas el 9 de Julio de 2015.
Un alto directivo de las empresas que
operarán SAS a través de un consorcio,
está detenido en su país, acusado de
corrupción.
Otra de las empresas que integran
el consorcio, opera el sistema de agua
potable en Saltillo Coahuila y en poco
tiempo incrementó las tarifas hasta en
400%. Las ampliaciones a la red de agua
potable y drenaje, de acuerdo con lo que
algunas cláusulas filtradas a los medios
estipulan, las harán los gobiernos, no
la empresa. Así, ¡¿cual sufrir?!
Además, seguirá funcionando SAS.
Esto implicará duplicidad de personal
y de gastos que terminaremos pagando
nosotros los usuarios.
En caso de que la empresa no cumpla
y se le rescinda el contrato, deberá pagársele
las utilidades que correspondan
a los años que le falten a la concesión,
por lo cual aún perdiendo dicha concesión,
la concesionaria resultaría doblemente
beneficiada, porque en lugar de
sancionarla, ganaría anticipadamente
la nueva empresa y además, sin trabajar,
ni arriesgar.
De aceptarse un contrato tan leonino,
lo más seguro es que los ciudadanos
acabemos cayendo de la sartén al fuego.
En Veracruz, tenemos dos casos de
contratos similares firmados irresponsablemente
por las autoridades
de entonces, quienes hicieron que la
ciudadanía saliera perdiendo: El de los
parquímetros y el del relleno sanitario.
En el primer caso, con una inversión
mínima, la empresa beneficiada
se lleva la tajada del león y le entrega al
municipio una aportación ridícula. En
el segundo, la empresa favorecida con el
contrato tiene un tiradero a cielo abierto
contaminante y nadie le reclama nada.
Ojalá y en esta ocasión, todas las autoridades
involucradas se pongan en su
papel y no permitan más abusos de esta
naturaleza, para que la ciudadanía no
continúe perdiendo por culpa de malas
decisiones o por los intereses creados.
¿No les parece a Ustedes?
Que tengan un buen fin de semana.