2015-08-11 | 10:03:27

En el centro del gabinete estatal y fuera de éste, politólogos y analistas, coinciden en dos hipótesis. Un fin más de fondo ha movido las múltiples críticas en contra de Javier Duarte, que en los últimos días lo han puesto en el ojo del huracán. Otra, es parte de la sinergia, circunstancias, incluso políticas, y reflectores.

Por un lado, el hecho que la cascada es natural cuando Veracruz ha sido tierra fértil de la muerte de periodistas, al menos más de una docena de ellos entre los dos últimos sexenios, que en total, suman 88 desde el 2000 en México, según consigna la ONU. El que en la entidad se haya dado este fenómeno, con responsabilidad o no de los comunicadores como lo ha dicho el mismo gobernante para involucrarse con actividades ilícitas, lo pone finalmente como el mayor responsable por encontrarse al frente de un gobierno. Y así cualquier gripe o ataque de una vecina a un compañero de los medios se le atribuye al Ejecutivo.

Por el otro, manos ocultas esperan a que cualquier hecho de esta naturaleza se produzca, tenga también el móvil que tenga, se haya dado en las Bahamas o en Irak, pero con un hilo hacia México y Veracruz, el culpable sigue siendo el que manda en la entidad. Esas fuerzas oscuras pueden estar en los adversarios locales de oposición o de su mismo partido, que en el gobierno federal, para quienes Veracruz es una jugosa y apetitosa manzana, a pesar de las condiciones socio económicas en que se encuentra.

Ante esto, tras el multi homicidio de la Narvarte, ocurrido en la ciudad de México, se ha dicho de todo, desde señalamientos directos que lo responsabilizaban del crimen, hasta sanciones públicas por su “ausencia” ante la opinión pública, aún cuando a unas horas de reveladas las identidades de las víctimas, entre ellas el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, se emitió una primer postura del gobernador hablando del caso y condenando los hechos.

Esto no ha sido suficiente. Nada más indigna que cuando los profesionales que son un enlace entre la sociedad y los gobiernos, entre las instituciones públicas y las necesidades y reclamos del pueblo, sean victimados.

Este lunes, y en medio de las críticas, ya avanzadas las investigaciones, a poco más de una semana del crimen, el mandatario salió públicamente ante los medios, para algunos un tanto tarde, para otros justo y necesario.

De lo que ya se sabe no vale la pena ahondar en la situación lamentable y en las condenas, pero si en que por primera vez admitió con números duros la real situación que acontece.

De los once casos registrados en la entidad, los tres que no han sido atraídos por la Procuraduría General de la República, se encuentran esclarecidos, dando los nombres y situaciones en que se dieron los homicidios.

Los otros ocho, atraídos por la autoridad federal, han recibido el apoyo de la administración estatal para su resolución.

Reconoció en este mensaje que Rubén Espinosa, en algún momento si presentó una denuncia por las agresiones sufridas en 2013, durante el desalojo de la Plaza Lerdo un 14 de septiembre, pero ante la Procuraduría General de la República, no ante la ahora Fiscalía general del Estado. Algo que no se había dicho en ninguno de los momentos de los que se ha hablado de este fotoperiodista.

Apenas unas horas después de emitir este mensaje en Sala de Banderas, el Gobernador, por escrito, envió una misiva al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, en donde reiteró su disposición de colaborar con la Procuraduría de Justicia del DF en las investigaciones.

Este martes se tomará la declaración del mandatario veracruzano, como testigo, para seguir ampliando las líneas de investigación, donde se le incluye como parte de la averiguación previa.

De algo hay que estar seguro el gobernante ya no podrá dejar de solayar el seguimiento pues principalmente a éste no le conviene hacer a un lado su comparecencia no solo ante la justicia del DF sino públicamente, para que esa intención demostrada este lunes tenga un eficaz resultado.

Mientras tanto, en el ámbito internacional se maneja que el desdén hacia la prensa y la no tolerancia a la crítica por parte del Estado mexicano ha creado un ambiente que no garantiza la libertad de expresión ni la protección a los periodistas.

A pesar que el gobierno aceptó algunas de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), del relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), y de otros organismos internacionales, como por ejemplo, la implementación del mecanismo de protección a periodistas o la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), no significa que el gremio periodístico trabaje con libertad y garantías, sino que se encuentra solo, en un ambiente de total violencia sin importar la fuente que se cubra, según los mismos representantes de estos entes.

Por ejemplo, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Javier Hernández Valencia, asegura que la ONU determinó que la mayoría de los periodistas mexicanos asesinados desde hace 10 años, eran comunicadores locales y no corresponsales de guerra o comunicadores fuera de su lugar de origen. En 15 años en México han sido ultimados o desaparecidos 88 periodistas.