2015-08-20 | 10:30:10

No es lo mismo tronco que árbol. Ni la parte o partes,
que el todo.
Inútil, ofensivo y hasta delictivo, en asuntos de
política pública y gobierno, ocultar o evadir la o las
preguntas y temas centrales. No es válido ni aceptable
responder, considerando solo uno de los componentes,
por muy importante y significativo que sea. Peor cuando
el gobierno es insolvente.
Innecesario ser experto en finanzas, para saber que
es más, mucho más lo que se adeuda. Informar cuánto y
por qué, es obligación ineludible de quienes gobiernan.
Todos deben entender, que no se trata de que hagan
lo que se les dé la gana, para decidir y difundir una
cantidad a capricho; e incluso, administrar y disponer,
discrecional y arbitrariamente de su administración y
destino. El engaño oculta el tamaño del daño.
Deuda pública total: seguimiento y control
Últimos acontecimientos comprueban, lo absurdo y
costoso, que es seguir negando y ocultando magnitud
y complejidad del problema en estados y municipios.
Las consecuencias, sacrificios y retrocesos son ya de
preocupación nacional e internacional.
Urge saber sobre la crisis de las finanzas gubernamentales
locales y el injustificado crecimiento del
endeudamiento público. Indispensable contar, tanto con
un diagnóstico actualizado, objetivo y confiable, como
detener saqueos, desvíos y pérdidas de los contados y
valiosos recursos públicos.
Precisa instrumentar, cuanto antes: control de daños
efectivo; identificación y combate a ineficiencia y
delincuencia; y supresión de la impunidad.
Para empezar, apegarse a Derecho, para entender
el significado de lo que es deuda; y, para obtener el total,
simple y sencillo, sumar todas y cada una de las partes
que la definen.
No estaría mal, para gobernantes, jefes y subalternos,
una lectura obligada de los preceptos constitucionales
y sus leyes secundarias respecto al endeudamiento
gubernamental.
Aquí en la Aldea. Para empezar, hay que analizar
el Código Financiero para el Estado de Veracruz; y,
próximamente, la llamada Ley federal, que intenta
detener y controlar uso y abuso, de este instrumento
financiero, por parte de gobernadores y alcaldes.
A propósito ¿Y la ley de deuda pública estatal, para
cuándo? ¿Y la clara y precisa responsabilidad hacendaria,
para evitar y castigar ineptos y corruptos?
Recientemente, el presidente Enrique Peña Nieto,
presentó la Iniciativa de Legislación Secundaria en
Materia de Disciplina Financiera de Entidades Federativas
y Municipios.
Según información de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SCHP), la deuda pública estatal casi
se triplicó en ocho años en el país, al pasar de casi 187
mil millones de pesos en 2007, a casi 510 mil millones
en el último trimestre de 2014. Más de medio billón
e innumerables efectos de limitaciones y sacrificios
sociales.
Aunque lo nieguen beneficiados y enriquecidos con
su cuestionado manejo. Razones para establecer límites
y controles sobran, porque los efectos de gobiernos en
quiebra, débiles o estancados, los tienen que padecer sus
empobrecidas, hambrientas e inseguras poblaciones.
“El objetivo es lograr una correcta rendición de cuentas
en el ámbito local a través de cinco componentes,
explicó el mandatario.
1. La deuda deberá ser pagada tres meses antes de que
concluya su gestión para evitar dejar deuda al próximo
gobierno local.
2. No está prohibido que las entidades contraigan
deuda, pero deben pedir créditos para inversión productiva.
3. Registro Público Único y actualizado de deudas:
transparencia de obligaciones financieras de los estados
mediante páginas de internet.
4. Establecimiento del Sistema de Alertas de Deuda
Pública: esquema de indicadores para identificar a los
estados más endeudados.
5. Oportunidad para obtener créditos con el aval
de la federación.”
La ley incluye un marco normativo para que las
entidades aseguren la estabilidad económica”. (Sin
Embargo.170815)
La bursatilización sí es deuda pública
En el caso de la administración y finanzas gubernamentales
de Veracruz, una parte es la deuda bancaria
y de valores, y otra la deuda pública total.
Eso hace recordar, la abusiva actitud, secundada por
una costosa y singular campaña, que hace años sostuvo,
pregono y repitió que: “la bursatilización no es deuda”.
Hoy no solo se ha comprobado el engaño, sino ya se
padece el enorme daño.
Por años se esconden o niegan, cuantiosos pasivos
institucionales. Se hace costumbre y negocio, para
muchos funcionarios e intermediarios, liquidar pasivos
empresariales. Implantándose el sistema de “paguitos”
y su redituable “coyotaje”.
Pero además, aumentan aportaciones estatales
convenidas, pero incumplidas. Se acumulan cuentas
institucionales, hasta que se vuelven impagables; y,
en innumerables casos, como el de derechos del agua,
se desaprovecha la condonación federal de miles de
millones de pesos, porque simple y sencillamente no
se hace nada al respecto.
A propósito. Agua en Veracruz sin previsión, cuestionada
administración y privatización.
Sin mencionar el injusto y escandaloso problema
creciente de los pasivos laborales, en donde por años no
se paga ni restituyen daños, por probado y comprobado
abuso de autoridad, ineptitud o corrupción. Eso sí,
campo de impunidad e injusticia.
Pagos pendientes, liquidaciones aplazadas, obligaciones
diferidas. Temas y temas de nunca acabar, que
fácilmente llevan al total de deuda pública contraída, a
más del doble del monto de la registrada deuda bancaria
y de valores.
Por cierto, ni para contar con la lavandería de la
Contraloría; el Órgano de simulación superior (ORFIS);
y la minusválida Comisión de Vigilancia del Congreso.
¿Finanzas sanas?
Si la deuda es menor, entonces ¿Por qué se debe tanto
y a tantos?
Los cuantiosos y crecientes presupuestos aprobados
cada año. ¿Se administran responsable y eficazmente?
¿Dónde está la lista de obras públicas e inversiones productivas
que respaldan la voluminosa deuda financiera
contraída?
A todos se debe. ¿Qué de la deuda a Pensiones, la UV
y muchas otras dependencias y organismos descentralizados
y autónomos?
Salida fácil despojar, endeudar, privatizar para obtener
y aprovecharse de recursos que son de otros, de
niños y jóvenes, de ancianos y minusválidos, de futuras
generaciones, incluso de los que todavía no nacen y no
pueden defenderse.
A más deuda, menos crecimiento, empleo, competitividad.
Muy pocas obras públicas e inversiones
productivas. Más pobreza, hambre, limitaciones y
sacrificios. En Veracruz, lo prometido es deuda.