2015-08-27 | 10:00:30

Mala noticia acaban de recibir
funcionarios y exfuncionarios estatales
implicados en desvíos de
fondos federales, algunos de los
cuales están a punto de obtener
fuero legislativo como diputados al
Congreso de la Unión, mientras que
otros han comenzado a promoverse
para intentar llegar en noviembre
de 2016 al Congreso local en busca
de impunidad.
Y es que acaba de darse a conocer
que el pleno de Circuito en Materia
Penal del Distrito Federal resolvió que
la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) sí está facultada para litigar
contra la Procuraduría General de
la República (PGR), para forzarla a
que castigue a servidores públicos
acusados de corrupción.
Por seis votos contra tres, los
magistrados del pleno establecieron
que la ASF tiene la atribución legal
de promover demandas de amparos
contra la PGR, cuando ésta decida
archivar las denuncias del órgano
fiscalizador. El criterio constituye
una jurisprudencia que ahora resulta
obligatoria para todos los jueces que
instruyen procesos penales o juicios
de amparo, y magistrados de los tribunales
federales en la capital del país.
La única forma en que dejaría de
estar vigente sería un fallo de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), aunque para ello antes un
pleno de Circuito en otro estado debe
resolver una contradicción de tesis en
sentido inverso.
El fallo en favor de la ASF fue
emitido el pasado 18 de agosto. El
proyecto de sentencia planteó que
la Auditoría no tenía ningún interés
jurídico para presentar un amparo
contra el no ejercicio de la acción
penal dictado por la PGR, porque
aun siendo denunciante de un hecho
de corrupción, la decisión ministerial
no afectaba su patrimonio. Pero esta
propuesta fue rechazada por seis de
los magistrados del pleno de Circuito,
quienes estimaron que el ente fiscalizador
es un órgano autónomo
constitucional que tiene la obligación
de defender el patrimonio de la
Federación, sin que necesariamente
sea afectado el propio.
La Ley de Fiscalización Superior
de la Federación refiere que la ASF
debe salvaguardar la Hacienda
Pública Federal, le pertenezcan o
no materialmente los recursos y sin
importar si es o no víctima u ofendido.
En mayo pasado, el pleno de Circuito
en Materia Penal del DF pidió a
la SCJN ejercer su facultad de atracción
para resolver esta contradicción
de tesis, pero el máximo tribunal del
país devolvió la petición.
Con este nuevo criterio, ningún
órgano jurisdiccional podrá negar o
desechar los amparos que promueva
la ASF, contra la decisión de la PGR
de archivar en definitiva una averiguación
previa contra un acusado
por corrupción, aduciendo falta de
elementos.
En 2014, un tribunal colegiado
ratificó el cierre de la investigación
contra Raúl Muñoz Leos, exdirector
de Pemex, en un caso donde fue
denunciado del desvío de mil 724 millones
de pesos al sindicato petrolero
a finales del sexenio foxista. Dicho
fallo se fundó precisamente en que la
ASF, a criterio del tribunal, no estaba
facultada para recurrir al amparo.
Ahora los tribunales no podrán usar
ese argumento.
Este caso toma relevancia porque
hace mes y medio trascendió que ocho
gobiernos estatales simularon reintegrar
recursos de fondos federales que
habían desviado a otros rubros. Por
esta razón, la ASF los denunció penalmente
ante la PGR. El monto global
de los recursos desviados sumaba 8
mil millones de pesos. Veracruz encabezaba
la lista con 15 denuncias;
le seguían Michoacán (11); Guerrero
(8); Colima (7); Oaxaca (5); Chiapas
(4); Tabasco (3), y Tlaxcala (2). Los
recursos sobre los cuales se simularon
los reintegros son de los fondos de
Aportaciones para los Servicios de
Salud (FASSA), de Aportaciones para
la Educación Básica y Normal (FAEB)
y de Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP), entre otros.
El mecanismo de simulación utilizado
consistió en que, una vez que el
órgano fiscalizador había realizado
observaciones sobre recursos utilizados
sin la justificación correspondiente,
los gobiernos de los estados
reintegraban a una cuenta la cantidad
señalada por la ASF. Después
mostraban un comprobante de dicho
reintegro, y una vez que la Auditoría
daba por solventada la observación,
los gobiernos estatales sacaban los
recursos de esa cuenta para darles
un uso distinto de aquel para el que
estaban etiquetados. La Auditoría
detectó esta práctica en las revisiones
de las cuentas públicas de 2008 al
2011 y requirió a los estados para que
informaran sobre la utilización de
los recursos que habían reintegrado.
Las entidades denunciadas no
pudieron comprobar el uso de esos
recursos –que ya no estaban en sus
arcas– en los programas para los que
estaban destinados. Las primeras
denuncias fueron presentadas en
agosto de 2013 en contra del gobierno
de Tabasco, y las últimas, en noviembre
de 2014 contra la administración
estatal de Veracruz, que es la entidad
que acumula el mayor número de
irregularidades. Las denuncias de
hechos fueron presentadas con un
dictamen técnico en el que se expone
la irregularidad detectada. Todas
fueron ratificadas ante la PGR, que
con base en su propia investigación
debía determinar qué tipo de delito
se configuraba y quiénes son los responsables
de haberlo cometido.
La diputada Elizabeth Yáñez, del
PAN, apuntó que a lo largo de la LXII
Legislatura que está por concluir, una
de las principales críticas fue hacia la
PGR por ignorar las denuncias del
órgano de fiscalización que cumplió
con su trabajo de revisar los recursos,
detectar las irregularidades y hacer
las denuncias penales en los casos
que ameritaba. Acusó que de 317
denuncias que presentó la ASF, la
PGR solo resolvió 17.
Por su parte, el presidente de la Comisión
de Vigilancia de la ASF, José
Luis Muñoz, también reprochó que la
PGR ni siquiera les ha informado sobre
el curso de sus investigaciones, lo
que facilita que los gobiernos estatales
repitan la fórmula de desviar recursos,
pues saben que no hay sanción.
Sin embargo, el diputado del PRD
apuntó que con las recientes reformas
legislativas, el dinero ya no se tendrá
que reingresar a cuentas estatales
sino a la Federación, lo que ayudará
a prevenir tales desvíos. ¿Será?