2015-09-11 | 09:03:32

A finales de enero de 2012 ocurrió un escandaloso incidente en el aeropuerto de Toluca que cimbró al gobierno de Veracruz.
Como se recordará, Policías Federales aseguraron en esa terminal aérea del Estado de México 25 millones de pesos en efectivo transportados en un avión del gobierno veracruzano, dinero que quedó a disposición del Ministerio Público Federal. En esa acción, fueron detenidas dos personas que transportaban los billetes dentro de una maleta y una mochila. La Procuraduría General de la República pidió información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para verificar el origen de estos recursos que reclamaba el gobierno estatal. Ambos sujetos fueron liberados “con las reservas de ley”, luego de que la PGR no contó con pruebas sobre posibles delitos con recursos de procedencia ilícita. Al que le tocó dar la cara en esa ocasión fue al entonces secretario de Finanzas y Planeación, Tomás Ruiz González –ahora reinstalado en la Secretaría de Infraestructura y Obras Pública (SIOP), donde, por cierto, acaba de operar tremendo regalazo al multimillonario Carlos Slim Helú con la concesión del túnel sumergido de Coatzacoalcos, un cuestionado proyecto que le ha
costado miles de millones de pesos a los veracruzanos y que él aprobó en 2003 cuando aún dirigía Banobras–, quien esa vez argumentó que el dinero confiscado por la PGR era dizque para el pago de “diversos eventos a realizarse en las fiestas de La Candelaria, el Carnaval y la Cumbre Tajín”, que se celebrarían en los meses de febrero y marzo, mes en el que terminó renunciando a la Sefiplan. Esos recursos, alegó Ruiz, servirían para la contratación de artistas, montaje de escenarios y producción de materiales de promoción. “Dos millones para la Candelaria, 15 millones para el Carnaval y ocho millones para la Cumbre Tajín”, que se realizarían en Tlacotalpan, el puerto de Veracruz y en Papantla. Asimismo, el actual titular de la SIOP confirmó que las personas que habían sido arrestadas, Said Zepeda y Miguel Morales Robles, eran “colaboradores del gobierno del estado” y que la cantidad en efectivo que llevaban se debía a la “premura de tiempo” porque los pagos debían hacerse “inmediatamente”. En entrevista con Radio Fórmula, Ruiz pretendió explicar que el proveedor radicaba en el Distrito Federal, pero que el avión del gobierno de Veracruz tuvo que llegar al aeropuerto del Estado de México porque ahí aterrizan los
aviones de “ciertas matrículas”. Este caso fue explotado mediáticamente por la oposición, pues estaba en marcha la sucesión presidencial. La dirigencia nacional del PAN, por ejemplo, pidió al gobierno del presidente Felipe Calderón y al IFE investigar si existía un posible vínculo con las campañas electorales. El secretario de Acción de Gobierno del partido blanquiazul, Juan Molinar Horcasitas, consideró que no era casual que el dinero haya sido llevado a Toluca, al recordar que “justamente ahí” operaba la campaña del presidenciable del PRI, Enrique Peña Nieto. Molinar Horcasitas exigió una explicación coherente, y calificó como “una ofensa a la inteligencia de los mexicanos” que los recursos eran un pago a proveedores de las festividades veracruzanas, al recordar que ese tipo de operaciones se concretan con cheques, transferencias electrónicas y en instancias oficiales. El panista también dudó que uno de los detenidos, Miguel Morales Robles, fuese empleado del gobierno estatal ya que, dijo, “no aparece como servidor público en ninguno de los directorios del estado”. Por su parte, el entonces dirigente del PRD, Jesús Zambrano –actual presidente de la mesa directiva de la Cámara Diputados en la recién instalada LXIII Legisla
tura al Congreso de la Unión–, se atrevió a decir que los 25 millones de pesos retenidos eran para financiar la campaña de Peña Nieto, y expresó sus dudas de que se haya tratado de dinero público legalmente manejado. “Estamos, con toda seguridad, ante un desvío de recursos del gobierno del estado a favor del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, o ¿acaso testificamos el hecho de dinero sucio proveniente del narcotráfico a favor de Peña Nieto?”, cuestionó en un comunicado el líder del partido del sol azteca. Por su parte, el ex candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador –quien en la elección de 2012 sería superado por el priista con 7.5 puntos de ventaja en la votación total–, también pidió que se investigara “el origen y el destino” de esos recursos. “(El gobernador Javier) Duarte, con todo respeto, ante un hecho así debería dar la cara y mínimo ofrecer una disculpa”, opinó el político tabasqueño, quien dijo que pagar servicios de esta manera era ilegal. “Cualquiera que ha estado en la administración pública sabe que no se puede pagar así ningún servicio. Está prohibido por las normas legales. El hecho de que el gobierno de Veracruz diga que es dinero del presupuesto de Veracruz para pagar un servicio,
es una anomalía. No se pueden pagar servicios en efectivo, de ninguna manera”, afirmó en una entrevista realizada durante un foro sobre economía en Boca del Río. Este asunto viene a colación porque este miércoles 9, por instrucciones del presidente Peña, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio posesión al dirigente nacional del PVEM, Arturo Escobar y Vega, como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la SEGOB. Y es que según versiones coincidentes de algunos funcionarios estatales, el ex senador y ex diputado federal del Verde Ecologista habría sido el destinatario o al menos habría sabido para quién y para qué serían los 25 millones de pesos procedentes de la Tesorería del gobierno de Veracruz confiscados en enero de 2012 por la Policía Federal en el aeropuerto de Toluca. La versión suena verosímil dado que tres años atrás Escobar fue detenido en la terminal aérea de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en posesión de un millón 100 mil pesos en efectivo, cuatro días antes de las elecciones federales de julio de 2009. El entonces senador admitió que el bolso marca Louis Vuitton en el que venían los billetes sí era suyo, pero no el dinero.