2015-11-05 | 08:37:06

Qué bueno que se detuvo la llamada Ley Fayad que en realidad se denominaba “Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos”. Según los especialistas, no era una buena iniciativa. Al parecer, la hicieron al vapor y contenía muchas ambigüedades que ponían en peligro la libertad de expresión en el internet. Ahora bien, esto no significa que el país pueda quedarse sin una legislación que efectivamente castigue delitos que se llevan a cabo por medio de computadoras conectadas a la red. Me puse a investigar sobre los cibercrímenes. Es un tema fascinante. Resulta que son de los delitos que más están creciendo en el mundo. Pasamos de un mundo donde un par de nerds realizaban travesuras desde sus casas a esquemas sofisticadísimos controlados por las grandes mafias. Y uno de los problemas que se tienen es quién se encarga de perseguirlos y procesarlos judicialmente. El internet es mundial. Un hacker puede estar cómodamente en un rincón perdido del planeta robándose la información secreta y confidencial de una corporación que está al otro lado del mundo. Véase, por ejemplo, lo que ocurrió en el caso Estados Unidos contra Gorshov. Unos hackers rusos se dedicaban a entrar ilegalmente a los sistemas de cómputo de empresas estadunidenses. El FBI los atrapó tendiéndoles una trampa al llegar a ese país a una supuesta entrevista. Acto seguido, los agentes encontraron en las computadoras de los rusos las pruebas que necesitaban para juzgarlos.
Pero las autoridades no contaban con una orden de cateo de estas máquinas. La defensa de los rusos interpuso una demanda por violación al debido proceso. Un juez federal determinó que el cateo había sido legal porque se trataba de un caso extra territorial de ciudadanos que no eran estadunidenses. Las autoridades rusas, por su parte, procesaron a los agentes del FBI por haber hackeado las computadoras de sus conciudadanos y requirieron su presencia en Rusia para ser juzgados. El gobierno de EU negó el pedido de extradición. El tema de quién ejerce la autoridad es un problemón que no se ha logrado resolver. Cada país tiene sus reglas. Pero, mientras los países desarrollados legislan cada vez más en materia de cibercrímenes, los delincuentes se mueven a países donde no existen leyes algunas. En el Reino Unido, las cortes han determinado que, si el acto delictivo se comete en su territorio, el Poder Judicial de ese país tiene jurisdicción. El Parlamento, además, ha endurecido las penas de cárcel por acceder a una computadora sin permiso: las incrementó de seis meses a dos años. El gobierno además instituyó una Unidad Nacional de Crimen de Alta Tecnología. Lo interesante es que todas las iniciativas para combatir los cibercrímenes se han hecho con la opinión de la policía, el sector privado y académicos expertos para asegurar la participación de todas las partes interesadas. Esto
es lo que no entendió el senador Omar Fayad aquí en México. El tema no es nada sencillo ya que hay diversos derechos que pueden entrar en conflicto: el de la libertad de expresión, privacidad de los individuos, seguridad de las redes de cómputo, propiedad intelectual o patentes secretas. Hay casos muy claros que a todas luces deben castigarse como el de la pornografía infantil, el acoso cibernético (amenazas de violencia o extorsiones por vía electrónica) o el robo de identidad. También es clarísimo que aquí en México no podemos tener una ley como la de Emiratos Árabes Unidos que castiga “el abuso a cualquier ritual o santuario sagrado del Islam”. Pero hay áreas muy grises donde es difícil legislar. Por ejemplo, las relacionadas con los derechos de autor. En Estados Unidos se litigó un largo caso del sindicato de autores en contra de Google. Los escritores alegaban que la compañía estaba infringiendo sus derechos de autor con la base de datos de búsqueda de libros. Los jueces, sin embargo, le dieron la razón a Google argumentando que la compañía estaba usando de manera justa el material en cuestión. México no necesita una ley como la que se sacó de la manga el senador Fayad. Lo que requerimos, como todas las naciones, es una legislación moderna y seria que tome en cuenta los intereses de todos los involucrados respetando, desde luego, derechos humanos fundamentales como el de la libertad de expresión.
Twitter: @leozuckermann