2015-11-12 | 21:23:42

ORFIS y SERFIPLAN, entregan notificaciones a los servidores públicos; al exalcalde (suplente) Ignacio Trujillo Cortázar, el Exregidor Primero Marco Antonio Solís Zavala; Álvaro Torres Guerrero, director de Obras Públicas, los tres primeros con una multa de 15 millones de pesos cada uno, en tanto que la extesorera Rocío Ricárdez fue notificada con 170 mil pesos. Durante los días anteriores “notificadores de SEFIPLAN, entregaron a los involucrados “que no lograron aclarar las irregularidades detectadas en el uso de recursos públicos del 2009 que fue dentro el periodo que fungía como alcalde interino Nacho Trujillo y encabezaba dicha administración puesto que la licenciada Guadalupe Porras David estaba como candidata a la diputación”. Al respecto el ahora regidor Trujillo Cortázar, confirmó su notificación y le resulta extraño que 5 años después le llamen a cuentas; consideró que tiene todo el expediente que acredita que el Órgano de Fiscalización Superior validó la cuenta pública del 2009 y que no lograron detectar irregularidades en el uso de recursos públicos. Hay que recordar -dijo-, que el mismo Auditor General, Mauricio Audirac Murillo en ese tiempo, explicó que los Ayuntamientos que tuvieron observaciones contaron con el derecho de réplica y muchos de ellos pueden presentar recursos de revisión, finalizó su comentario...Suena extraño muy extraño que ahora entre ventarrones desempolven expedientes, en muchas ocasiones se ha dicho ya que el Órgano de Fiscalización estatal mejor conocido como ORFIS en realidad es un enorme elefante blanco, que no sirve para lo que supuestamente fue creado que es detectar irregularidades en el manejo de los recursos públicos estatales y municipales, pero en la realidad, únicamente sirve para hacer negocios millonarios. Pero resulta, que casualmente, nunca se detectan irregularidades en los municipios más grandes, los que en consecuencia manejan más recursos millonarios, sino que pareciera que los más pequeños, son los únicos que no saben o no pueden cubrir o justificar lo que se muestra como inconsistencia en el manejo de los recursos…Hay que recordar que diputados del PAN, PRI, PRD y PANAL se lavaron las manos respecto a las irregularidades detectadas en la aprobación de la cuenta pública 2009, donde se advierte que los legisladores exoneraron a 28 exalcaldes mediante arreglos políticos… De acuerdo a información del propio Órgano Superior de Fiscalización, se detectaron irregularidades que constituyen daño patrimonial en 151 municipios (2009), pero los diputados acordaron proceder sólo contra 123 exalcaldes y exonerar a 28, pese a que se les imputan desvíos por 120 millones a municipios del trienio 2008 al 2010, según decían los diputados, el Congreso no obedece lo que dice el Orfis, es al revés, el Orfis obedece al Congreso, y en la fiscalización o comprobación del gasto público, no se perdona ni un peso, y no se disculpa ningún recurso. Todas las irregularidades que se hayan detectado son observables, y ya se fijaron los plazos para su solventación de acuerdo a la ley de fiscalización. Y ellos aprobaron las cuentas públicas incluyendo Minatitlán. AHORA la voz de los expertos dice mi amigo Jorge Yunis: Según la gaceta oficial número 446 del 7 de noviembre del 2014, el 10 de noviembre se establecerán las unidades integrales de procuración de justicia en los distritos judiciales de Coatzacoalcos, Acayucan y San Andrés. No hay plazo que no se venza, hoy quisiera comentar sobre el nuevo sistema de justicia penal para poner en conocimiento a los compañeros de la prensa, pues me han expresado dudas de las condiciones en que se va a llevar a cabo este sistema de justicia y en las que serán parte muy importante como periodistas. Al respecto les comento que el artículo 5º párrafo segundo del código nacional de procedimientos penales establece que:
“Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia en los casos y condiciones que determine el órgano jurisdiccional conforme a lo dispuesto por la Constitución, este código y los acuerdos que emita el Consejo”.
Es decir el hecho de que el derecho a ingresar a las audiencias está garantizado para todos los involucrados, periodistas y público en general, si así lo determina el juez; no significa que todo lo que en las audiencias sea ventilado podrá difundirse en los medios de comunicación, o bien se permita la grabación, la filmación o la toma de fotografías.
Ahora bien el artículo 15 del código nacional de procedimientos penales nos señala el derecho a la intimidad y la privacidad, en el cual establece que el hecho de que los medios de comunicación social en cualquier formato tengan acceso a las audiencias, no implica que están en la libertad de ventilar todo lo que se refiera a la vida privada y datos personales de quienes participan en los procesos penales.
Quisiera manifestarle a mis amigos de los medios de comunicación que deberán de cuidar que las notas informativas que publiquen no causen daño a la moral de los individuos o violenten los principios y derechos de quienes participan en el proceso ya que podrán ser sujetos tanto reporteros, como directivos y propietarios a multas por partes del juez, o bien alguna acusación en materia civil por daño moral.
con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio oral, los medios de información deberán garantizar los derechos de presunción de inocencia y reservar la privacidad de los imputados sometidos a investigación judiciales para evitar ser objetos de acciones procesales.
Es decir para apegarse a las normas que establecen el respeto a la dignidad de los imputados no se deberán revelar datos privados ni los periodistas deberán reproducirlos.
por lo que mientras no se tenga una sentencia de un caso los medios informativos no podrán dar por hecho que los imputados fueron responsables del delito porque se les investiga y las autoridades no podrán presentar a los presuntos para ser exhibidos.
Por lo tanto la policía será más estricta con los medios de comunicación; tendrá que restringir a la prensa el acceso a la escena de un crimen con motivo de la misma protección a los reporteros, que no sean solicitados por contaminar una escena del hecho y que podría ser argumentado por la defensa de algún detenido.
Pese a estas restricciones el nuevo sistema penal acusatorio le otorga el carácter preferencial a los reporteros y medios de comunicación en las audiencias que serán públicas con la posibilidad de tomar audios, fotos y videos en caso de que el juez lo autorice y con las reservas que este señale como no mostrar caras, o la no identificación de nombres si así lo solicitan los inmiscuidos en un juicio.
El nuevo código establece que incluso el material que elaboren los medios de comunicación podrá ser considerado para presentarse en las audiencias a la a solicitud de un juez en caso de que ayuden a esclarecer casos.
El código nacional no establece sanciones para medios y periodistas pero una víctima puede hacer una demanda si considera que se le causó un daño moral: consideremos el caso de que se da por hecho que una persona es homicida y la sentencia lo absuelve. Entonces el podrá argumentar que ha sido desacreditado, que lo han señalado y que le han causado un daño.
Asímismo el artículo 113 del código nacional nos dice en su fracción XIV “el imputado tendrá derecho a no ser expuesto a los medios de comunicación”.
Observación: varios reporteros van acudir como siempre a realizar su trabajo como lo han venido haciendo, a tomar sus fotografías, algunos a filmar, quizás no haya ningún problema porque el código como ya lo manifestamos no establece sanción alguna para los periodistas pero si algún reportero publicara alguna fotografía o video, un abogado defensor podría solicitar al juez requiera al periodista que haya llevado la nota y podrá ser citado a juicio o si algún reportero señalara como responsable a un detenido por x delito y al final es absuelto en sentencia podría ser demandado el medio informativo por daño moral.
Y hasta la próxima si Dios quiere.




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