2016-02-26 | 08:22:00

AL PIE DE LA LETRA


Raymundo Jiménez


La crisis de la UV


Está programada para la tarde de este viernes una manifestación de la comunidad universitaria para exigirle al gobierno del estado el pago de poco más de dos mil millones de pesos que le adeuda a la Universidad Veracruzana (UV).

Y hacen bien, están en su derecho de recurrir a todo tipo de presiones para obtener lo que reclaman y legalmente les pertenece. Sin embargo, en un obligado ejercicio de autocrítica, las autoridades, académicos, empleados y estudiantes de la UV también deberían analizar cómo, quiénes y por qué no actuaron con esta misma firmeza a tiempo y cómodamente permitieron estos abusos e incumplimientos que ahora tienen a la máxima casa de estudios al borde de la parálisis por el colapso financiero.

Por ejemplo, el exrector Raúl Arias Lovillo le confirmó en agosto de 2014 al periodista Arturo Reyes Isidoro que durante su gestión el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán no pagó a la UV mil 500 millones de pesos transferidos por el gobierno federal, reteniéndoles cinco pagos anuales de 300 millones de pesos sin ninguna explicación.

Esta misma versión la confirmó en un artículo publicado el pasado jueves 18 en el periódico Reforma el académico Alberto J. Olvera, a quien Arias Lovillo promovió durante su rectorado como miembro y presidente de la H Junta de Gobierno de la UV. En su texto, Olvera refiere que “desde hace 10 años el gobierno estatal ha incurrido en la entrega incompleta del subsidio estatal y en la retención ilegal (robo) de una parte del subsidio federal”, pero que “la magnitud del problema ha alcanzado dimensiones intolerables en los dos últimos años”, ya que, “a la fecha, el gobierno del estado debe 450 millones de pesos de subsidios federales retenidos y más de 1,600 millones de subsidios estatales.”

Olvera reseña que la rectora Sara Ladrón de Guevara “buscó durante dos años resolver el tema de los pasivos por la vía del diálogo”, pero que ante el incumplimiento del gobernador Javier Duarte, “con valor civil, la rectora ha decidido pasar al terreno judicial, demandando al gobierno del estado ante la fiscalía estatal y ante el poder judicial federal, sentando un precedente”, pues apunta que “si bien las instituciones locales de justicia carecen de autonomía real, la estrategia plantea un novedoso reto a la impunidad en el plano federal.”

Pero Olvera, como muchos otros funcionarios y académicos de la UV que seguramente encabezarán o participarán en la manifestación de este viernes en defensa de la máxima casa de estudios, no tiene calidad moral para hablar de combate a la impunidad, pues como miembro del Consejo Universitario y luego de la H. Junta de Gobierno no solo encubrió y fue cómplice de escandalosos actos de corrupción sino que tampoco reclamó enérgicamente en su momento los fondos federales que desde entonces empezó a “robarle” el gobierno estatal a la universidad y que actualmente la tienen a punto de la parálisis.

Por ejemplo, en la administración de su amigo Arias Lovillo se maniobró desde la Rectoría para evitar que se les fincara responsabilidad penal a quienes ocasionaron un daño patrimonial de aproximadamente 65 millones de pesos a la UV por la rescisión unilateral del contrato de arrendamiento de un lote de 3 mil computadoras que había sido adjudicado en julio de 1999 a la empresa “Automatización y Modernización Industrial, S.A. de C.V.”, la cual en septiembre de 2006 terminó por celebrar un convenio de Cesión de Derechos Litigiosos al despacho “Rodríguez Pasquel Sucesores, SA de CV”, para que retomara el Juicio Ordinario Mercantil 1013/2003/IV.

Y es que en noviembre de 2006, al verse jurídicamente perdidos, autoridades de la UV –ya encabezadas desde dos años antes por Arias Lovillo– determinaron negociar con la parte acusadora un convenio de transacción judicial. En lugar de los aproximadamente 107 millones de pesos (ya incluido el Impuesto al Valor Agregado) que reclamaba en un principio la empresa arrendadora del equipo de cómputo, la UV convino en pagar solo 57 millones de pesos más IVA pero bajo la condición “de desistirse de inmediato” del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia de fecha 31 de octubre del año 2006, dictada en el juicio de amparo indirecto número 490/2006 que se tramitaba ante el Juez del Juzgado Segundo de Distrito del Séptimo Circuito del Estado, y obligándose a liquidar el total de su adeudo mediante un primer pago parcial de 11.5 millones de pesos el día de la firma del acuerdo, el 23 de noviembre de 2006; entregar otros 25 millones de pesos el 30 de enero de 2007, y los 29 millones 50 mil pesos restantes serían prorrateados en 20 pagos mensuales de un millón 452 mil 500 pesos, que fueron liquidados en septiembre de 2008.

En una denuncia penal presentada a mediados de julio de 2009 en la PGJE con atención a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, dos abogados egresados de la UV, Juan Antonio Mendoza Montes y María Candelaria Lión Reyes, solicitaron practicar una indagatoria ministerial contra quien resultara responsable de estos hechos ya que presumían que hubo “falta de probidad” en los servidores públicos de la UV, “cuyos errores o complacencias han sido sumamente costosas para los veracruzanos.”

¿Qué pasó con la indagatoria? Le dieron carpetazo. Pero sobre este y otros casos de saqueo a la UV –entre ellos la retención de los fondos federales que desde entonces venía haciendo el gobierno del estado–, Olvera hizo mutis por conveniencia personal, pues tanto él como sus familiares más cercanos recibieron sendos privilegios de su amigo el exrector.