2016-04-03 | 11:12:52

Con la constante de desapariciones forzadas en Tierra Blanca, Coatzacoalcos y Papantla y con la asonada del crimen organizado, arrancaron este domingo las campañas proselitistas para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, ante la falta de un blindaje real del Organismo Público Local Electoral (OPLE) para evitar la contaminación de la delincuencia organizada con las campañas electorales en Veracruz.

Con mecanismos endebles del Consejo General del OPLE que permiten traspasar los ámbitos legales para financiar con recursos ilícitos provenientes de los cárteles de la droga que operan en la geografía veracruzana, queda nuevamente como hace tres años, a criterio de las dirigencias de los partidos políticos la custodia de sus candidatos a gobernador y diputados locales para que no cedan a las tentaciones de los grupos criminales.

El blindaje del Organismo Público Local Electoral que ha sido sujeto de anatemas de las cúpulas de los partidos políticos, de las Ong, iglesias y académicos porque algunos consejeros, como es el caso del presidente Alejandro Bonilla Bonilla, mantiene una estrecha relación con el poder público, se puede decir que es una figura decorativa, porque sus alcances legales son casi nulos o exiguos con los partidos políticos que postulan a seis de los siete candidatos a gobernador del estado.

A pesar de la creciente narcoviolencia que se ha enseñoreado en Veracruz desde el Pánuco hasta el Tonalá, con la constante de secuestros forzados –en Tierra Blanca suman dos casos, los cinco jóvenes, más otros tres que después aparecieron ejecutados en un hotel- y con una policía coludida con el crimen organizado, ha sido débil el pronunciamiento de los partidos de oposición para exigir el cese del titular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita, por su ineficiencia y corrupción para combatir el crimen organizado.

La partidocracia que predomina en Veracruz ha sido rebasada por la propia sociedad civil y ciudadanos de a pie, quienes han salido a las calles para exigir al gobierno duartista que actúe con mayor energía para frenar el disparo oprobioso de los delitos de alto impacto social, como el secuestro, ejecuciones, extorsiones, robo a transeúntes y a casas habitación.

La inseguridad pública y la barbarie que se vive en Veracruz, aunado a la severa crisis financiera que provocó el gobierno duartista en todos los rubros del Programa Estatal de Desarrollo –en su gobierno el programa asistencial a los grupos marginados y oprimidos cayó en retroceso al multiplicarse la pobreza extrema en la entidad-, unió a la sociedad civil, académicos, investigadores, intelectuales, periodistas y Ong para pedir al gobierno federal el reforzamiento de los operativos de seguridad en el estado.

El Consejo General del OPLE, además de actuar como timorato y displicencia con los partidos políticos para ser más rígidos con los candidatos a gobernador y diputados locales para que se blinden de la penetración del crimen organizado con “dinero sucio” a las campañas proselitistas, enfrenta arbitraria e ilegalmente la retención de la Sefiplan con la ministración mensual del presupuesto de más de 956 millones de pesos que fue acordado por el pleno de la LXlll Legislatura local.

El árbitro electoral ha puesto el dedo en la llaga que pondría en riesgo la celebración de las elecciones del próximo 5 de junio. Si la Secretaría de Finanzas y Planeación, de Antonio Gómez Pelegrín, no deposita oportunamente los recursos aprobados para el financiamiento del proceso electoral local, existe el riesgo eminente de que se colapse la jornada electoral de Veracruz.

El banderazo de las campañas electorales para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, por dos años para homologarlos para las elecciones presidenciales de 2018 –una de las más caras que se hayan tenido en Veracruz-, se dan bajo un marco de exacerbación social por los oprobios recurrentes del gobernador JDO y la presencia lacerante del crimen organizado que mantiene de rehén a las instituciones públicas del estado.

¿Valió la pena decretar una minigubernatura de dos años? ¿En qué y cómo se habrán de beneficiar los mandantes? Pronto lo sabremos.


Garantías para candidatos.


El secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, quien ha desempeñado un eficiente papel para apagar los Waterloo que se han presentado en la geografía veracruzana, asegura que todos los partidos políticos y sus candidatos tendrán todas las garantías elementales para que las campañas se realicen en un marco de paz y respeto institucional. Cree que el gobierno duartista ha sido eficiente para imponer el orden y la concordia. Opina que todas las carreteras son seguras y los candidatos y candidatas a un cargo de elección popular pueden transitar libremente por todo el estado.


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