martes, 28 de mayo del 2024
 
Por Roberto López Delfín
Columna: Vórtice
La lucha por la libertad de las mujeres y sus enemigos
2016-05-10 | 10:08:50
Hace apenas seis años, fue necesario rechazar que el Congreso del Estado aprobara una iniciativa de reforma al artículo Cuatro de la Constitución de Veracruz con la que se pretendía y se pretende, en los días próximos, “garantizar el derecho a la vida desde el momento de la concepción, hasta la muerte natural”(sic), con el propósito de limitar las libertades humanas esenciales a las mujeres, como lo son: el derecho a disponer de su cuerpo; a vivir libremente su sexualidad sin perjudicar a terceros; y decidir de manera personal, consciente e informada si desean procrear y el momento para hacerlo. Ahora como entonces, es posible evitar la reforma constitucional que penalizaría totalmente la interrupción del embarazo, gracias a la acertada innovación de arquitectura constitucional de la reforma integral a la Constitución de Veracruz realizada en el año 2000: conocida la naturaleza política del derecho y la propensión de los detentadores temporales del poder a realizar reformas legales y constitucionales para dar respuesta a la presión de grupos reales de poder (políticos, empresarios, iglesias, etc.), la Constitución vigente en nuestro Estado estableció preventivamente desde su proyecto inicial un sistema “semirrígido” de reforma, plasmado en el artículo ochenta y cuatro de nuestra Constitución, que dispone que ésta “podrá ser reformada en todo o en parte por el Congreso del Estado. Las reformas deberán ser aprobadas en dos períodos de sesiones ordinarias sucesivas, por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso”. Con tal arquitectura constitucional se privilegia la negociación política, los acuerdos de largo plazo, el consenso social y una escrupulosa ponderación jurídica de cada iniciativa de reforma. Es así como –afortunadamente- la Ley fundamental de Veracruz ha intentado poner alto a reformas constitucionales personalistas, sectarias, coyunturales y evitar albazos a nuestra norma superior, al mandatar un periodo de reflexión para que el gobernador, los legisladores, los partidos políticos y el pueblo consideren con calma la pertinencia y oportunidad de una reforma constitucional específica. El tema de cómo un buen diseño constitucional da resultados concretos no es tema menor pero, estando una vez más en riesgo los derechos humanos de las mujeres, vale la pena analizar el tema material de la propuesta a votación nuevamente a consideración del Congreso: el aborto y la defensa de la vida humana. Si algo nos caracteriza a los veracruzanos –a contracorriente de nuestra liberal forma de vida- es la persistencia de puntos de vista y regulaciones muy conservadoras en relación con la sexualidad. Por lo general, nuestras leyes reflejan las concepciones judeo-cristianas de los usos del cuerpo, que circunscriben la sexualidad a episodios reproductivos y desaprueban el sexo realizado por placer. Paralelamente, priva la idea que el Estado debe tener injerencia sobre el uso que los ciudadanos dan a sus cuerpos y que éstos deben dar cuenta al orden social de los motivos, usos y modalidades de su placer. Tales nociones carecen de sentido jurídico en el mundo moderno. De hecho, países profundamente religiosos como Italia, España y Portugal, que profesan fiel y predominantemente la religión católica cuando menos un milenio antes de que esta llegara a México, han despenalizado el aborto cuando este se realiza antes de las 12 semanas de la concepción y lo practican regular, normal y libremente a condición de que se realice de acuerdo a la normatividad, habiendo razonado los legisladores de estas naciones que tal proceder era perfectamente aceptable y no comprometía las arraigadas creencias de sus pueblos, pues es un hecho científico que se considera “vivo” a un ser humano, al inicio de sus funciones cerebrales, por lo que interrumpir un embarazo antes de las doce semanas no implica de manera alguna el sacrificio de un ser humano. Tal punto de vista ha permeado e impera en los países del “primer mundo católico”, conscientes que despenalizar el aborto no significa promoverlo, sino permitir condiciones seguras e higiénicas a las mujeres que decidan realizarlo.
Es claro que la interrupción del embarazo por cuestiones químicas o mecánicas no es un suceso placentero ni encomiable, por lo que es ridículo hablar de personas a pro-aborto o favor del aborto, pero las naciones civilizadas han comprendido la necesidad de consentirlo como parte de un movimiento en defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres. Por ello es aberrante que por segunda vez en 7 años, los legisladores veracruzanos estén a punto de considerar como un derecho humano proteger la vida desde la concepción, lo que convertirá jurídicamente en delincuentes a todas las mujeres que osaran interrumpir su embarazo, con métodos contraceptivos como “la pastilla del día después”, a las que acudieran a buscar asesoría médica ante un embarazo no deseado, fruto de una violación, o cuando se tenga la certeza de riesgo para la vida de la madre o malformaciones congénitas en el producto. En Veracruz, con las excepciones citadas, hoy es ilegal el aborto. ¿Por qué endurecer la legislación? Es absurdo criminalizar a las mujeres por disponer de su cuerpo y penalizarlas por abortar en los limitados y razonables supuestos vigentes en Veracruz. Hagamos lo que esté a nuestro alcance, para evitar que las mujeres vean reducidos drásticamente sus derechos. Pedimos a los legisladores que nos representan que rechacen –como ya ocurrió en el 2010- la reforma al artículo cuarto de nuestra Constitución, pues el llamado derecho a la vida, no es otra cosa que la prohibición para que las mujeres, tan celebradas de dientes para afuera en este mes de mayo, puedan optar por un método anticonceptivo eficaz (la píldora del día después); y de la interrupción del embarazo por violación o/y cuando por cuestiones terapéuticas, ponga en riesgo su salud o la del ser que está en su interior. Lo notable de la despenalización del aborto dentro de las primeras doce semanas de embarazo es que es un derecho que no le quita nada a nadie pero le otorga potestades a quien quiera utilizarlas, cualesquiera que sean sus razones. Quien no quiera no abortará y; los detractores de las libertades sexuales no deberían pretender imponer sus creencias religiosas, convirtiéndolas en leyes de un Estado laico como el nuestro. La despenalización del aborto, que tan buenos resultados ha dado desde el 2007 en la Ciudad de México, implica enfrentar un problema dramático pues, con prohibición o sin ella, anualmente miles de veracruzanas abortan en forma clandestina, muchas mueren o quedan estériles a causa de legrados ilegales, realizados en condiciones insalubres por médicos u otras personas que actúan sin control ni supervisión. La observación histórica nos permite prever que el progreso de las sociedades llevará implícito el fortalecimiento de los derechos humanos de todos y cada uno de los ciudadanos, lo que implicará una mayor evolución social y el reconocimiento del Estado del derecho de cada ser humano para disponer libremente de su cuerpo, siempre y cuando no afecte a terceros, por lo que en el futuro, cuestiones como las prohibiciones al aborto, quedarán superadas internacionalmente, a lo sumo, en algunas décadas. Mientras tanto, habrá que estar alertas para que los que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio: las iglesias, los moralistas ortodoxos, los hipócritas de siempre -tan abundantes- no limiten legalmente a los ciudadanos desde sus púlpitos reales o virtuales, ni impongan sus sectarias concepciones morales a las mayorías. En todo caso, la dimensión jurídica del aborto es polémica y debe precisarse. Pero si se quiere imponer una visión que limite y elimine derechos a las mujeres, lo correcto, lo democrático, será consultar a la población, convocando a un plebiscito sobre el particular -otro mecanismo jurídico del que carece la Constitución Federal- en los términos de los artículos quince, dieciséis y diecisiete de la Constitución de Veracruz, sin duda una de las obras de arquitectura constitucional más avanzadas del país, de la que los veracruzanos podemos y debemos sentirnos orgullosos, aunque se haya corrompido su aplicación e interpretación.


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