2016-06-12 | 12:11:51

La propuesta de campaña que más éxito está teniendo en México estos días, es prometerle a los electores castigo a los gobernantes corruptos y la devolución de lo que supuestamente se han robado.

Esa fue la principal promesa que hiciera ‘El Bronco’ para ganar la gubernatura en el estado de Nuevo León hace un año y lo fue también para Claudia Pavlovich Arellano, ganadora priísta en el estado de Sonora.

En estas elecciones del 2016, que acabamos de presenciar, algunas de las victorias más sorprendentes, como la de Javier Corral en Chihuahua y Miguel Ángel Yunes en Veracruz, se basaron en la misma estrategia.

También se podría decir que la popularidad de Andrés Manuel López Obrador y el crecimiento de MORENA, a nivel nacional se debe a esta misma postura anticorrupción, -aunque su discurso no sea tan beligerante ni agresivo como lo que acabamos de presenciar en Veracruz, de prometer la cárcel para los corruptos.

Es aún muy temprano para conocer que tan dispuestos estarán estos mismo políticos de darle cumplimiento a sus promesas. No hacerlo tiene un claro costo político, como ejemplo tenemos lo que le ha pasado al primer gobernador independiente de Nuevo León, que en tan solo seis meses comenzó a perder el respaldo de sus paisanos, por no actuar en contra del ex gobernador Medina y una serie de errores que ha cometido en su corta administración.

Para los recién electos gobernadores, los tiempos son aun más cortos, dentro de 18 meses estará comenzando la campaña por la presidencia y en Veracruz, también se renovará la gubernatura.

El dilema para la clase política mexicana, especialmente para aquellos grupos que han detentado el poder durante las últimas décadas, es hasta donde llevar este nuevo clamor popular.

El actual presidente Peña Nieto, debe de tener mas o menos claro que dentro de 18 meses, el reclamo de meter a los corruptos a la cárcel, estará enfocado a él y sus colaboradores. Pero que puede hacer el gobierno federal para efectivamente desactivar esta demanda social, que tan rentable electoralmente ha resultado para la oposición.

Ya se actuó al principio del sexenio en contra de Granier, exgobernador de Tabasco, con el apoyo de la federación. Se detuvo y metió a la cárcel a la maestra Elba Esther, acusada de lavado de dinero y enriquecimiento inexplicable.

El gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna, también se encuentra en prisión, por estar coludido con el crimen organizado, pero esto no ha sido suficiente hasta el momento, por el contrario la percepción de la ciudadanía es que en este gobierno se protege y estimula la corrupción. Los casos de la ‘casa blanca’, los contratos con Juan José Hinojosa, ya lo dejaron marcado.

Se ve difícil que desde el gobierno federal se pueda frenar a ‘El Bronco’ o a Corral, para que no actúen en contra de Medina y Duarte. Lo último que desearían, es que estos personajes denuncien protección presidencial, hacia sus antecesores.

Pero si se actúa en contra de ellos, sería inexcusable que no se haga lo mismo contra Javier Duarte en Veracruz o Borge en Quintana Roo, y así como en el antiguo Coliseo Romano, el pueblo cada vez quiera ver más sangre y para el 2018, sea la propia cabeza del ejecutivo federal, el trofeo final.

Por su lado los liderazgos del PAN, también están conscientes que en un escenario de tantas cabezas rodando, el gobierno federal y los priístas no se van a quedar con los brazos cruzados y dejar que solo los suyos sean los sacrificados, tarde que temprano, tendrán que comenzar a desfilar al ruedo el exgobernador Padrés, Moreno Valle y Miguel Ángel Yunes, que por el simple hecho de haber ganado la elección no quiere decir que no se le pueda castigar por actos de corrupción. No fue de a gratis que Javier Duarte le recordara que en Veracruz ya no va a haber fuero para el gobernador.

Dentro de unos meses, podríamos estar presenciando en México, algo similar a lo que esta sucediendo en Brasil, donde son pocos los que se salvan de estar siendo investigados y acusados de corrupción.

Las expectativas que se han creado en los últimos meses, están dejando sin mucho margen de maniobra a la clase política mexicana y la proximidad de la elección presidencial, esta forzando, porque esto no lo están haciendo por voluntad propia o convicción, a que finalmente se pueda avanzar en terminar con este cáncer que tanto daño le ha hecho a nuestro país.

Se seguirán protegiendo entre todos y descafeinando las leyes secundarias del sistema anticorrupción o finalmente se tendrá la voluntad política para que se de en México una transformación.

Si el PRI y PAN/PRD no actúan y pronto, se le estaría dejando libre la presidencia a López Obrador. La tentación de seguir denunciando la corrupción es alta, pero también lo serán los costos para ellos, si se llega al fondo.

Dentro de poco sabremos si el mandato que el pueblo mexicano ha expresado en las últimas elecciones será el comienzo de una verdadera transformación o si como en Brasil, lo único que se pretende hacer son negociaciones entre élites y simulación.

El papel que nos queda a nosotros como sociedad, es seguir exigiendo en todo los foros posibles y sobre todo en cada elección, la rendición de cuentas y el castigo a los servidores que sigan usando los recursos públicos como patrimonio personal.

Que se aprueben las leyes secundarias anticorrupción y que se le otorguen a las instituciones encargadas de la procuración de justicia, las herramientas y recursos suficientes para terminar con la impunidad.